En la recientemente hecha pública Operación EDU, se investigó un expediente de concesión de subvenciones a la formación de desempleados en el que habitualmente se entregaba sin control previo un 75% de la subvención quedando el 25 por ciento restante en manos del Servicio Andaluz de Empleo. Pero el dinero, que sólo en el caso concreto de este expediente que tiene irregularidades en el 80 por ciento de los casos, asciende a 430.000 euros, ¿dónde está? Es la pregunta que ayer hizo el PP andaluz al consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso y que este no quiso responder. De confirmarse la cifra global que se ha calculado para el conjunto de las subvenciones a la formación, 2.000 millones de euros, estaríamos ante el desconocimiento de dónde han ido a parar los 500 millones que son el 25 por ciento de esta cantidad.
La parlamentaria del PP andaluz, Teresa Ruiz Sillero, pidió ayer al consejero que dijera "dónde están esos 583 millones sin pagar, en qué cuenta. Porque hablamos de un dinero que procede de fondos finalistas europeos y estatales. Y las grandes víctimas de este fraude al final han sido las empresas que sí han realizado los cursos de formación, porque el retraso en los pagos de la Junta han causado 20.000 trabajadores despedidos en el sector".
Además, Ruiz Sillero recordó, expone El Mundo, que la Junta recibió otros 500 millones Bruselas y del Gobierno central para formación aunque luego no convocara cursos ni en 2012 ni en 2013. Insistió en que el consejero asegurara que el dinero está en manos de la Consejería de Educación, o si está en Hacienda o si se ha gastado en otras cosas.
El consejero no respondió a la pregunta. Tampoco respondió a formulada asimismo por dicha diputada que le pidió dijera si existían más entidades a las que se hubiera eximido desde la Junta a presentar justificación del dinero de las ayudas, como era el caso de los sindicatos y empresarios.
También barajó la hipótesis de que el sindicato ugetista se hubiera beneficiado por el hecho de que "en esos cursos trabajaba el esposo de alguien muy importante en el PSOE", en clara alusión al marido de la presidenta de la Junta, Susana Díaz.
Luciano Alonso se dedicó a explicar técnicamente por qué no cabe la revisión administrativa de los actos firmados en 2010 y 2011 por los exconsejeros socialistas Manuel Recio y Antonio Ávila. Pero aprovechó su tiempo para informar de que eran 265 los ayuntamientos del PP que tienen pendiente en estos momentos de justificar hasta 275,3 millones en ayudas de formación aún en tramitación.