La juez Alaya investigará las ayudas a la formación y acumula ya ocho macrocausas

La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha emitido un decreto en el que adjudica a la juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, la investigación por las ayudas de 49,5 millones de euros a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), que se convierte así en su octava macrocausa.

Segarra ha distribuido entre los juzgados de instrucción 6 y 9 de Sevilla las investigaciones que abrió la Fiscalía Superior andaluza por distintas ayudas a la formación para el empleo.

Dado que la juez Alaya ya investiga los ERE financiados por la Junta y los cursos de formación organizados por el imputado Juan Lanzas, la Fiscalía entiende que también debe investigar los 49,5 millones de euros que recibió la FAFFE en los años 2009 y 2010.

La FAFFE se convierte así en la octava macrocausa que instruye la juez Alaya, que ha investigado cinco ramas relacionadas con Mercasevilla -de las cuales la referida al delito societario y la venta de los terrenos pueden considerarse macrocausas por su volumen- y la rama central del caso de los ERE, que ya acumula 166 imputados.

Además, la juez de instrucción 6 mantiene abiertas diligencias sobre los cursos de formación organizados por el "conseguidor" Juan Lanzas, el presunto delito societario de Manuel Ruiz de Lopera en el Betis, la Operación Madeja por pagos ilegales en el Ayuntamiento de Sevilla y la abierta en torno a las ayudas concedidas por la agencia andaluza IDEA.

Todas las causas sobre los fondos de formación están bajo secreto sumarial, tanto la que mantiene abierta el juzgado de instrucción 9 sobre el desvío de fondos por parte de UGT a pagos diversos como su caseta en la Feria de Abril como las tres que instruye la titular del juzgado número 6: una causa inicial que se derivó de los ERE, otra sobre los cursos organizados por Juan Lanzas y empresas de su entorno y una tercera que investiga el destino de ese dinero.

En su decreto, Segarra entiende que al existir estos procedimientos abiertos en Sevilla sobre los fondos destinados a la formación, "no es procedente que se aperturen nuevas diligencias de investigación, por entender que los hechos expuestos en el decreto del fiscal superior se encuentran incluidos dentro del ámbito de sus respectivas investigaciones".

El pasado 30 de abril, la Fiscalía Superior de Andalucía apreció indicios de delito en el uso de las subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para el empleo, en las que se detectaron irregularidades "numerosas, persistentes y graves".

"Las irregularidades apreciadas son tan numerosas, persistentes y graves, especialmente aquellas que se estima que podrían dar lugar a una responsabilidad contable, que también podrían operar como indicios de la comisión de hechos delictivos", según el fiscal superior, Jesús García Calderón.

Respecto a los expedientes analizados sobre las subvenciones concedidas a la FAFFE, la Fiscalía dijo que "requieren numerosas aclaraciones que debieran tener lugar en sede judicial", porque ascendieron a casi 50 millones de euros, con un abono del 72%, y "sencillamente no existe documentación justificativa".

Esta Fundación se extinguió el 3 de mayo de 2011, a pesar de lo cual el 8 de abril recibió el último pago, y el SAE se subrogó en todos sus derechos y obligaciones, lo que produjo la "situación paradójica de que el órgano gestor de las ayudas se convierte en el receptor de las mismas", señala la Fiscalía.

Fuentes del caso han informado a Efe de que entre las ayudas que Segarra cree que debe investigar la juez Alaya se encuentra el Plan Formativo de los extrabajadores de Delphi, al que se destinaron 52 millones de euros y en el que se detectaron "numerosas irregularidades que entrañarían responsabilidad administrativa y contable".