El exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, objetó a la subvención de más de ocho millones de euros que concedió a UGT el Servicio Andaluz de Empleo -SAE- y gracias al cual fue contratado el marido de Susana Díaz, José María Moriche.
La presencia de Moriche en el expediente cuestionado fue puesto de manifiesto por Libertad Digital en septiembre de 2013. Moriche fue contratado por el Instituto de Formación y Estudios Sociales vinculado a la UGT en calidad de administrativo de algunos cursos establecidos en el expediente Administrativo N°: 98/2DD9/J/217 que está siendo investigado, junto con otros, por la Junta de Andalucía. La Fiscalía ya puso reparos a este expediente y ahora se sabe que el ex Interventor también lo hizo.
A pesar de que su formación esencial era y es predominantemente sanitaria u ortopédica, es de difícil explicación su presencia, incluso en calidad de auxiliar, en el curso Creación y gestión de empresas y Autoempleo. Tampoco parece muy adecuada su presencia en el curso Empleado administrativo de entidades financieras. Tampoco sabemos si lo era en dos Cursos de Inglés, Atención al Público, en el de Informática de Usuario y en el de Formador Ocupacional, en los que participó según la documentación que obra en poder de Libertad Digital.
Sobre este expediente, el ex interventor Gómez remitió una carta al Servicio Andaluz de Empleo el 15 de diciembre de 2009, que este lunes da a conocer ABC. En ella advierte que de no subsanar una serie de carencias no se fiscalizaría el expediente. En concreto, Gómez manifiesta que "en tanto no se reciba la documentación requerida, el plazo para la fiscalización del expediente queda suspendido".
El expediente en cuestión ya ha sido cuestionado por cuatro instancias claves. La Intervención, la Cámara de Cuentas, la propia Junta y la Fiscalía Superior de Andalucía que encontró, incluso, indicios de delito.
En ellas se pone de manifiesto que la Junta daba sin control estas ayudas y que no vigilaba ni las condiciones requeridas para recibir la subvención ni su cumplimiento. la Fiscalía Superior de Andalucía detectó indicios de delito y la propia Junta, a través de la Consejería de Educación, lo revisa actualmente.
La subvención concreta que se vincula al expediente fue de 8.021.823 euros conllevaba la realización de 221 cursos con 3.315 alumnos.