Desde el año 2007 -con la ruptura de la tregua que ETA firmó con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- la banda terrorista fue consciente de que tenía que reorganizar la estructura, funcionamiento e instrumentos de control del conjunto de sus terroristas huidos en el extranjero de cara a solucionar "lo que denominan las consecuencias del conflicto". Uno de las exigencias de los dirigentes de la banda es que se deje volver a España a los terroristas que se encuentran fuera del país sin que sean aquí perseguidos por sus causas judiciales.
Con esta finalidad, y con el objetivo también de que "un frente tan destacado como el de los refugiados no escape de su disciplina", ETA ha empleado una gestión novedosa de sus criminales en el extranjero en los últimos meses.
Así lo refleja un auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, donde explica que la banda ha introducido principalmente dos nuevas técnicas para reforzar la acción de sus militantes fuera de nuestras fronteras.
Por un lado, la banda "deslocaliza ciertas estructuras clandestinas trasladándolas desde el territorio francés al de otros países europeos donde instala no sólo algunas actividades de tipo logísitico o militar sino también del aparato político, entre ellas los refugiados".
Por otro lado, ETA también decide delegar el desarrollo de dicha estrategia en un nuevo órgano al que denominó Ihesko -Colectivo de huidos-. Su núcleo directivo está ubicado en el sur de Francia pero tiene ramificaciones en cada uno de los países donde hay presencia etarra. El exdirigente de la banda, Francisco Javier López Peña alías Thierry, fue uno de los diseñadores de la nueva forma de organizar y dotar de metodología a Ihesko.
El juez Velasco explica que aunque las gestiones para los etarras huidos las realice este aparato -les proporciona ayuda jurídica, social, médica, casas en sus países de destino- la decisión de qué terroristas deben o no marcharse a un tercer país, así como la continuidad o expulsión de la organización, la adopta Zuba, el máximo órgano de decisión etarra.
Zuba es quien le comunica a cada etarra en una "carta personal" que debe mantener la disciplina de la organización criminal aunque esté a miles de kilómetros de distancia del País Vasco. "La decisión de quién se tiene que ir al extranjero es una decisión personalizada, fundamentada y largamente meditada por Zuba", explica el magistrado.
Según el instructor de la Audiencia Nacional la detenciones policiales de etarras en diversos países europeos con posterioridad a 2008 han confirmado el pleno funcionamiento de este sistema. Por último, Velasco explica que los numerosos documentos incautados a ETA "dejan meridianamente claro que todos los terroristas que huyen de sus domicilios y se sustraen de la acción de la justicia por su pertenencia o relación con ETA quedan sujetos automáticamente a la disciplina y control de la banda".