La consejera de Enseñanza de la Generalidad, Irene Rigau, ha afirmado este jueves que estudiará el "encaje" y la viabilidad de la aplicación del 25% de castellano dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en cinco centros -cuatro concertados y uno público- sin que afecte a la normalidad de las escuelas.
En rueda de prensa tras reunirse separadamente con los titulares y directores de los centros afectados y con las asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampa) en la Consejería, ha dicho: "Hemos analizado los cursos y las actividades para ver cuál sería el encaje en su caso con el contenido de la interlocutoria", si la petición de suspensión de la ejecución no fuera atendida y el recurso de casación aún no se hubiera resuelto.
Según Rigau, en las reuniones han analizado la interlocutoria, han valorado el calendario que fija, y les han comunicado que han firmado la petición al gabinete jurídico central de la Generalidad para que presente el 13 de mayo -el plazo vence el 15- el anunciado recurso de casación ante el Tribunal Constitucional (TC), lo que también podría modificar la fecha de aplicación del 25%, ha asegurado.
En todo caso, las medidas que finalmente se tomen "no deben alterar el buen funcionamiento del centro ni de la evaluación", si bien no ha especificado en qué línea podría ir el encaje, puesto que están a la espera del calendario del recurso de casación. Ha reiterado la dificultad importante de aplicación, puesto que junio -debe ejecutarse a partir del día 2, previsiblemente- se dedica a la evaluación: "Cambiar de lengua en el último mes no es demasiado normal", dado que lo que se ha enseñando en catalán se tiene que evaluar también en esta lengua, ha agregado.
No obstante, el primer auto del TSJC es del mes de enero. Han sido los recursos presentados por el Gobierno de Artur Mas y los colegios los que hicieron que el tribunal suspendiera temporalmente su aplicación hasta que decidiera en relación a los recursos. Y así fue. El pasado 30 de abril rechazaba los escritos presentados y afirmaba:
(...) Si se analiza la presente litis con la necesaria ecuanimidad, ha de convenirse en que la modificación que introduce el auto recurrido es de escasa entidad y muy fácil de cumplir. Basta con que uno de los profesores del centro educativo -todos ellos con pleno dominio de la lengua castellana- imparta una asignatura principal en esta lengua.
En relación a lo que puede ocurrir en septiembre, la consejera ha dicho que no hablará sobre ello hasta que esté más cerca el inicio de curso, y ha añadido que el Gobierno catalán siempre defenderá la Ley de Educación de Cataluña (LEC) y el Estatuto como ha hecho hasta ahora.
Rigau también se ha hecho eco de una propuesta de resolución que del grupo parlamentario del PP en la Cámara catalana que pide la eliminación de la "atención individualizada" en las primeras enseñanzas en la lengua del niño si los padres lo piden y permitir la escolarización en grupos de clase diferenciados por lengua.
La responsable de la Enseñanza en Cataluña ha utilizado este documento para ejemplificar que "no es una cuestión de porcentajes, sino que se pretende romper definitivamente con el modelo y escolarizar por razón de lengua", una interpretación mucho más beligerante en política escolar en el terreno lingüístico, ha sentenciado.