El fiscal ve trabas de la Junta en el expediente donde aparece el marido de Díaz

No puede ser casualidad que la Junta alegara la "inexistencia" del expediente 98/2009/J217, que incluía una subvención de ocho millones que UGT presuntamente trufó con facturas falsas y en el que aparece también José María Moriche, el marido de la presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, como en su día publicó en exclusiva Libertad Digital.

Ahora lo subrayan así la Fiscalía Superior de Andalucía y la Policía Judicial. Aunque la Cámara se equivocó al escribir los dígitos del expediente, cualquier funcionario hubiera comprendido el error. La Cámara corrigió el error y el expediente apareció.

En el expediente mencionado, cuya existencia dijo desconocer la Junta e identificado con la clave 98/2009/J/217, UGT recibió 8.021.823 euros en subvenciones de la Junta de Andalucía para la formación de desempleados y está plagado de irregularidades presuntamente delictivas, como ha alertado la Fiscalía Superior de Andalucía y subraya El Mundo hoy.

En el escrito del Fiscal Superior, Jesús García Calderón, se dice textualmente: "Especialmente llamativa es la alegación de inexistencia del expediente que realiza el Servicio Andaluz de Empleo -SAE- y que es objeto de distintas consideraciones por la Policía Judicial".

Puede comprobarse la clave del expediente en la imagen.

El fiscal da cuenta de las dificultades encontradas por los auditores de la Cámara de Cuentas para que la Junta "encontrara" el expediente y diera la información solicitada.

Obtenida la documentación, la Cámara de Cuentas encontró numerosas irregularidades relativas a la etapa de los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio, ambos imputados por la juez Alaya en el caso de los ERE. Dado el traspaso de las competencias de la formación profesional a la Consejería de Educación resultan implicados además son Antonio Ávila -en el cargo entre marzo de 2010 a septiembre de 2013-; Mar Moreno -de mayo de 2012 a septiembre de 2013- y Luciano Alonso -a partir de septiembre de 2013-, que tuvo que dar explicaciones en el Parlamento andaluz sobre el presunto fraude masivo con los cursos de formación que se está investigando en el marco de la operación EDU hace unos días.

Precisamente fue la Consejería de Educación la que dijo que el Expediente no existía. Sus palabras fueron: "No existe expediente con dicha nomenclatura, por lo que no pueden realizarse alegaciones a las observaciones señaladas".

Según aclaran los auditores, "se produjo un error mecanográfico al transcribir los dos primeros dígitos del expediente", por lo que se remitió "nuevamente la petición corregida a fin de garantizar el derecho que le asiste" a la Junta para alegar. "En cualquier caso, llama la atención que la entidad justifique no poder alegar por el error en el número de expediente, ya que en distintas ocasiones ha sido advertida de los hechos descritos en el informe", subrayan los auditores.

El toreo de la Junta a la Cámara de Cuentas

El 3 de junio de 2013 se remitió un escrito a la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la Junta, "solicitando aclaración de varias cuestiones, entre ellas, las relativas a este expediente" clave sobre UGT y "no se recibió respuesta sobre el mismo".

El 13 de septiembre de 2013 se remitió un correo electrónico desde la Cámara de Cuentas, "preguntando nuevamente" por el expediente de las facturas falsas de UGT, "el cual fue contestado ese mismo día".

El 25 de septiembre de 2013 se envió una nueva solicitud de información sobre el citado expediente y "se recibió respuesta el 3 de octubre".

El 3 de diciembre de 2013 la Cámara corrige el error mecanográfico sobre el número del expediente y ya la Junta acepta su existencia.

La Fiscalía Superior y la Cámara de Cuentas creen que la explicación de este comportamiento de la Junta es que podría estar dejando prescribir un expediente de reintegro -por un importe casi un cuarto de millón de euros- dentro de una subvención de ocho millones que inició administrativamente en mayo de 2012 que anunció pero que no tramitó.

Ese dinero corresponde a un abono hecho por UGT a su "auditora amiga" Gabinete Interaudit SL, que no encontró irregularidad alguna en los gastos endosados por el sindicato al expediente 98/2009/J/217, incluidas las nóminas del marido de Susana Díaz, Interaudit, SL debió cobrar 50.000 euros pero consignó 240.654 euros.