El empresario Eduardo Lora ha afirmado ante la juez del caso ERE, Mercedes Alaya, que el diputado socialista en el Congreso José Antonio Viera prometió una ayuda directa de 600.000 euros a la cooperativa Virgen del Espino que Lora presidía, una subvención que después sería abonada por el importe prometido. La anécdota fue que el empresario confesó que en 1992 su ya exesposa tuvo una aventura con el propio Viera.
El País subraya que la juez preguntó expresamente por Viera a pesar de estar aforado insistiendo en que el caso debe ser remitido al Tribunal Supremo para no ser víctima de alguna nulidad solicitada por los abogados de Viera. De todos modos no se acierta a comprender cómo se puede preguntar por estos 600.000 euros que llegaron a manos del empresario, que no está aforado, sin mencionar a Viera.
Al parecer, Viera, consejero de Empleo entre 2000 y 2004, prometió en 2001 ante 150 socios de la cooperativa esta subvención y la ayuda llegó en 2003. Por tanto, la declaración es muy importante porque revela que Viera tenía una potente capacidad de decisión en la Junta, como el ex director general Francisco Javier Guerrero ya declaró ante la juez diciendo que él cumplía sus órdenes.
Este hecho demuestra además que , a pesar del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, la instrucción no está "agotada" aunque afecte a siete cargos aforados, entre ellos Viera y los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Además de esta ayuda, Viera concedió ayudas públicas por 32 millones al grupo Matadero Sierra Morena, propiedad de unos amigos y correligionarios socialistas, para el que trabajó su hija Sonia Viera. Fue por ello por lo que la Guardia Civil destacó en su último informe que había "relaciones e intereses, de ámbito personal quizás también por afinidades políticas" para Viera hubiera concentrado el 61% de las subvenciones directas a empresas para toda Andalucía en la Sierra Norte de Sevilla, una comarca de apenas 30.000 habitantes.
El empresario de la Sierra Norte, imputado por malversación, prevaricación y tráfico de influencias, se aprovechó, según la Juez, de las relaciones y tratos de favor que mantenía con los políticos implicados.
Correligionarios de Viera se niegan a declarar
Los empresarios y exconcejales del PSOE José Enrique Rosendo y José María Sayago que recibieron 16,9 millones en ayudas para su grupo empresarial Matadero Sierra Morena -y más de 32 millones en total- se negaron a declarar y la Fiscalía Anticorrupción pidió para cada uno de ellos una fianza civil de 25,7 millones y la inhabilitación para administrar sociedades. Súmese la obligación de personarse en el juzgado dos veces al mes, petición a la que se adhirió la acusación que ejerce la Junta de Andalucía en el caso. En cualquier caso, aunque se esperaba un posible ingreso en prisión dados los precedentes, no se produjo.
Recuérdese que la propia Fiscalía había pedido que los empresarios no declararan porque esta parte del sumario debía ser enviada al Tribunal Supremo. El País destaca que pidiendo medidas cautelares para ambos, "a pesar de su enfrentamiento con Alaya, el martes Anticorrupción bendijo la competencia de la juez en esta rama" propiciando que Alaya resuelva al respecto.