Ya son cuatro las empresas o grupos de empresas de peluquería que han aparecido en la trama urdida en torno a la formación profesional para desempleados y/o ocupados en Andalucía. Ayer mismo, Isabel R., una ama de casa que se inscribió en 2001 en un curso de peluquería para desempleados sufragado por el Gobierno andaluz, denunció que su curso comenzó sin material, ni rulos, ni cepillos, ni pinzas. La empresa que aparecía tras el curso era Capricho Look Fashion.
Capricho Look Fashion
Es un grupo de peluquerías y centros de moda compuesto por FREEHAIR S.L., con domicilio en la calle Guzmán el Bueno de Madrid; CAPRICHO LOOK FASHION S.L, con domicilio en Málaga; FASHION GROUP SPAIN SL, con dimicilio en Málaga y Sevilla; EUROMECHAS S.L., también en Málaga y FORMACION CONTINUA EUROPEA.
Los administradores que aparecen en el Registro Mercantil son Francisco Javier Aguilar Domínguez, Lourdes María Aguilar Domínguez y María Dolores Domínguez Fernández, la fundadora de la cadena. Otro socio es Juan María Rodríguez Filpo.
A pesar de que la normativa vigente prohíbe la adjudicación de subvenciones a empresas que tengan deudas con la Seguridad Social, según fuentes de la competencia, el grupo se caracterizaba por tener impagos frecuentes con la Tesorería, a pesar de lo cual recibió subvenciones por importe de 2.141.000 euros entre 2007 y 2009.
En 2008, la cadena de peluquerías Capricho Look Fashion preveía alcanzar los 18 establecimientos con aperturas en ciudades como Córdoba, Granada o Valencia, y entrar en el mercado brasileño mediante un máster franquiciado. Según informó la propia empresa, su red comercial de 12 establecimientos en España logró una facturación de 12 millones de euros en 2007.
Según el relato de Isabel, la empresa organizadora del curso, Capricho Look Fashion, tenía que contratar de forma obligatoria al 60% de los alumnos según lo acordado con la Junta andaluza para la concesión de las ayudas "Entonces la directora empezó a presionar a las alumnas para que renunciaran al puesto de trabajo. A algunas les dijo que las iba a poner sólo a lavar cabezas, tantas que se les iban a pudrir las manos", recuerda. Finalmente, Isabel cuenta que desde que la prensa desveló la trama supo "que era lo mismo que me sucedió a mí", y se sorprende de que no haya habido "más gente que haya denunciado".
Ahora apenas funcionan salvo, según fuentes de Alhaurín de la Torre, tras el parapeto de otras peluquerías.
Un alto cargo socialista en Jerez
Fue Mercedes Romero Ariza, ex propietaria de la peluquería Alexandre, quien denunció al Grupo Gálvez Peluqueros, del que eran socios Antonio Gálvez Barba y el secretario general de la Delegación Provincial de Salud de la Junta de Andalucía, Antonio Sánchez Megías. Se fue al Juzgado de o de Primera Instancia e Instrucción de Jerez número 2 el día 5 de mayo de 2001 y los denunció por cobrar las subvenciones de unos cursos de formación del Plemca (Plan de Empleo de Cádiz) que, según ella, no se estaban impartiendo o se estaban desarrollando de forma supuestamente fraudulenta.
Por sus acusaciones fue denunciada a su vez por el grupo Gálvez e incluso llegó a ser condenada a pagar una multa de diez mil pesetas por la querella que le interpuso un profesional de la banca que relacionó en sus denuncias. Pero Mercedes Romero, entonces de 63 años de edad y aquejada de una enfermedad cardíaca, investigó incluso las propiedades del alto cargo socialista Antonio Sánchez Megías que demostraban, según ella, un patrimonio excesivo.
Según las diligencias previas del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en la etapa de Consejero del jerezano Antonio Fernández, la empresa Gálvez Peluqueros recibió 1.150.000 euros, pero las ayudas a este grupo "amigo" fueron más cuantiosas según la investigación judicial.
En realidad, el grupo Gálvez recibió más de cinco millones de euros desde el año 2000: 1,15 en concepto de ayudas sociolaborales del "fondo de reptiles" y otros 3,94 destinados a cursos de formación (partida 32D), fomento del empleo (32B) y talleres de oficio y escuelas de empleo.
La ayuda del "fondo de reptiles" que aparecía en la relación de expedientes en poder de la titular del juzgado número 6 de Sevilla fue otorgada a principios de 2010, como contó La Razón. En ese mismo año, la Junta le ingresó 862.500 euros y mantenía un importe pendiente de pago de 287.500 euros.
La empresa Antonio Gálvez Peluqueros llegó a contar con 25 centros y más de 200 trabajadores. Las primeras denuncias de 2001 llegaron a la Unidad Contra el Crimen Organizado (Udyco), que remitió a principios de 2004, a petición de la Fiscalía, un informe al juzgado de Instrucción número 2 de Jerez en el que cuestionaba la ascensión meteórica del grupo Gálvez, así como la concesión mayoritaria de cursos de formación del Plemca a esta empresa. El ex alto cargo de la Junta reconoció entonces que había recibido 2,7 millones de euros de este plan de empleo gaditano entre 1998 y 2004, aunque en todo momento sostuvo que nada tuvo que ver su vinculación al Partido Socialista.
La primera denunciante, la ex directora de Alexandre citó, entre las propiedades del secretario general del SAS en Cádiz, un piso en el Parque de La Serrana de 109 metros cuadrados que compró por cinco millones de pesetas en 1994; una vivienda unifamiliar en la urbanización Los Álamos de Monte Alto, de 338 metros cuadrados, que le costó 35 millones; varios garajes en la urbanización Nuevo Oasis del Sur de Costa Ballena (Rota), por valor de 1.360.000 pesetas; una parcela en Dos Hermanas; una vivienda en la urbanización Huerta de la Haza, en Sevilla, y un dúplex en la urbanización Nuevo Oasis II, de Costa Ballena, de 136 metros cuadrados. Además, había un local comercial en la urbanización El Bosque, de 355 metros cuadrados, que adquirió por 18 millones de pesetas, o los bienes inmuebles con los que cuenta el Grupo Gálvez Peluqueros, entre los que citaba el local de la calle Larga 26, que costó 44 millones; otro local en la urbanización El Bosque por importe de 40 millones; tres plazas de garaje en la misma urbanización, que rondaron los 4,5 millones de pesetas; un tercer local en el conjunto cooperativo «Puerta de Sevilla», por 12 millones, y una tienda en la avenida Alcalde Álvaro Domecq, de 73 metros cuadrados, cuyo valor alcanzó los 14,5 millones.
La peluquería de Lara y Nieto
El Partido Andalucista de la localidad jiennense de Martos distribuyó por el pueblo una hoja informativa en 2010 detallando la subvenciones otorgadas por el Gobierno andaluz en los tres últimos años a la empresa del marido de la alcaldesa, la socialista Sofía Nieto. El negocio conyugal también empezó a sumar subvenciones de la Junta coincidiendo con el ascenso de Nieto a la Alcaldía, en 2008. En concreto, y según denunciaron los andalucistas y se pudo verificar a través del BOJA, el centro de peluquería y estética Lara y Nieto Sociedad Limitada había recibido más de medio millón de euros destinados cursos de Formación Profesional Ocupacional.
En las cinco resoluciones publicadas se relacionan las cuantías aprobadas por la Consejería de Empleo. En 2008, le fue concedida a Lara y Nieto SL una primera partida de 167.832 euros. Al año siguiente, la empresa del marido de la alcaldesa de Martos se veía beneficiada con tres subvenciones -publicadas todas en el mismo Boletín Oficial- por valor de 83.916, 43.291 y 40.656 euros respectivamente. La última subvención data de mayo de este año y asciende a 214.020 euros.
Pero existían más ayudas publicadas en el BOJA del Gobierno andaluz a Lara y Nieto SL, aunque de menor cuantía que las reveladas por los andalucistas Por ejemplo, el 30 de enero de 2008 la Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) acordó la concesión de una subvención de 167.832 a favor de Lara y Nieto SL para cursos de Formación Profesional Ocupacional.
En la Operación EDU, más peluquerías
En la Operación EDU ha salido otro nombre, el de la cadena de peluquerías Yomaluig, que han recibido numerosas subvenciones de la Junta de Andalucía.
En el expediente investigado, Yomaluig, SL con CIF B92204023, recibió 105.750,00 euros de la Junta de Andalucía para cursos de formación. Pero según la investigación de Libertad Digital, al menos, ha recibido desde hace unos años estas otras.
B92204023 YOMALUIG S.L. 183.420,00 €
B92204023 YOMALUIG S.L. 112.500,00 €
B92204023 YOMALUIG S.L. 167.832,00 €
B92204023 YOMALUIG S.L. 27.079,80 €
B92204023 YOMALUIG, S.L. 45.360,00 €
B92204023 YOMALUIG, S.L. 208.488,00 €
Coincidencias socialistas en el negocio de la formación
Sin afán de exhaustividad, con la información publicada hasta la fecha en ABC, El Mundo y Libertad Digital, puede hacerse el siguiente cuadro:
Rafael Velasco, vicesecretario general del PSOE-A hasta 2010, dimitió tras conocerse que la academia de su mujer, recibió 730.000 euros en ayudas.
El exdelegado de Empleo en Córdoba, Antonio Fernández, dio a su antigua autoescuela Virgen de Luna SL, 843.759 euros para dar clases.
La peluquería de Lara y Nieto, propiedad del marido de la entonces alcaldesa de Martos ( Jáen), Sofía Nieto (PSOE) recibió 549.000 euros, según el PA.
El exedil socialista de Peñarroya (Córdoba) Mauricio Antonio Montiglia cobró 832.000 euros en subvenciones para reciclar a parados.
La Junta concedió 700.000 euros en ayudas para formación a un empresa del regidor de este municipio onubense, Felipe Rodríguez Nevado (PSOE).
Un juzgado de Algeciras indaga en el destino de 1,5 millones de euros que recibió Natura, una empresa ligada al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda.
Forja XXI, fundación dedicada a formar a extrabajadores de Delphi, está regida por Juan José Ruiz, cuñado del exconsejero Luis Pizarro.
Félix Martín, el presidente de la patronal de formación, fue en una lista del PSOE en Castilleja de Guzmán. Recibió 1,4 millones para cursos.
La firma jerezana Antonio Gálvez Peluqueros, de un ex alto cargo de la Delegación de Salud en Cádiz, recibió 5 millones: cobró de los ERE y de la formación.
La empresa de José Sivianes, que recibió más de 5 millones, incluía entre sus administradores a un concejal socialista de Moguer(Huelva), Juan Luis Ferrer Rodríguez.
Ormar Informatic SLY otros en el seno de un grupo), de Roquetas de Mar era de Juan Fernando Ortega, ex candidato socialista a la alcaldía, y María Isabel Martínez. Recibió 500.000 euros de subvención a la formación entre 2010 y 2012.
El caso de los Consorcios de Formación, 14 en el conjunto de Andalucía y cuya gravedad aún no ha tenido excesiva repercusión pública, está directamente relacionado con el PSOE y la Junta de Andalucía. En el caso de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga pidió saber dónde habían ido a parar los fondos tras la denuncia de la desaparición de 5 millones de euros.
