La Junta consintió el descontrol de la formación pese a las advertencias

Una de las advertencias la emitió la Cámara de Cuentas y estaba relacionada con los cursos impartidos por UGT, CCOO y la CEA durante el año 1997, hace ya 15 años. La otra advertencia procedió de la Policía Nacional , que ya en el año 2000, elaboró un informe la investigación desarrollada por la Udyco Costa del Sol en torno a 128 cursos de formación impartidos durante 1997,998 y 1999 en 15 municipios malagueños. Los agentes constataron serias irregularidades en la gestión de los fondos del Programa Nacional de Formación Profesional (Forcem), gestionados por las comunidades autónomas, y mostraron su sorpresa por la falta de mecanismos de control del dinero público.

La Cámara de Cuentas advirtió a la Junta en 2001

En su fiscalización sobre el ejercicio de 1997, relacionada con la formación profesional ocupacional impartida por los agentes sociales beneficiados durante décadas, la Cámara de Cuentas dijo, resumidamente, lo siguiente:

- Los Convenios de Colaboración, suscritos entre la Consejería de Trabajo e Industria y cada uno de los tres beneficiarios fiscalizados(CEA, CCOO y UGT), permiten el incumplimiento, por parte de los perceptores de las subvenciones, de algunos preceptos y procedimientos que garanticen la ejecución eficaz y eficiente de los recursos públicos empleados.
- La no observancia de los módulos de cálculo de las subvenciones exigidos en el artículo 14 de la Orden de la Consejería de Trabajo e Industria, de convocatoria y desarrollo de los programas de FPO.
- No se cumplía la inclusión de los centros permanentes de formación en el Censo de Centros Colaboradores y la homologación de las especialidades impartidas.
-Se denunció que se empleaban las subvenciones para la inversión de bienes de equipo o material no fungible por parte de los adjudicatarios.
- Tampoco las facturas estaban claras. De hecho dice el texto de l Cámara haber "señalado la falta de concreción y justificación de determinadas partidas de costes indirectos, que ni han tenido un detalle en el desglose de gastos ni en la Memoria de Costes Indirectos.
- Se denunciaba que el profesorado no era la parte importante en que se gastaban las subvenciones, sino otros menesteres.
- En el caso de la CEA, la Cámara observó que el precio medio de la hora de curso (19.410 pesetas/hora) suponía prácticamente el doble que el de los otros beneficiarios, UGT y CC.OO. Por lo que se refería al coste medio por alumno, el indicador de la CEA (600.257 pesetas) casi triplicaba a los restantes.
- No era posible realizar verificaciones y/o actuaciones fiscalizadoras relativas en las empresas con las que los agentes externos, a su vez, puedan subcontratar.
- El 28% de los cursos se impartía por menos horas de las que establecían los estándares del INEM, resultando de especial importancia el caso de UGT-A, donde representaban el 41% de los cursos concedidos.

Y así sucesivamente.

La policía ya lo detectó en el año 2000

La policía ya dijo en un informe que hoy extracta ABC que "el sistema legal de control no ofrece muchas garantías", tras investigar a 3.800 alumnos y encontrar numerosas irregularidades supuestamente relacionadas con delitos continuados de fraude, falsedad documental, apropiación indebida, malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública.

Años después, sigue sin realizarse la comprobación física del a totalidad de los cursos de formación. Y a esto se añade que el 75 por ciento del importe de los mismos se abonaba por anticipado sin comprobación alguna y que las verificaciones de su cumplimiento son demasiado lentas. La Junta dice estar fiscalizando ahora los cursos que investiga la UDEF, que supuestamente se impartieron en 2010.

Hace ya 15 años, la Udyco descubrió otro método para desviar los fondos públicos: El "sobrecoste de los temarios". Consistía en que las administraciones desembolsaban importantes partidas económicas para la adquisición del material de los cursos, pero el número de alumnos era bastante inferior y el dinero sobrante no se devolvía. "Algunos de los temarios tienen un precio sensiblemente superior a los elaborados en años inmediatamente anteriores y para los mismos temas, puesto que de un coste de 2.000 pesetas por temario, se pasa en ocasiones a 4.350", recoge el informe policial

Tras las investigaciones, los agentes solicitaron a la autoridad judicial que se realizara una auditoría a UGT, que se investigaran las cuentas de los implicados en el caso y la realización de exámenes grafológicos de las firmas de los alumnos. Estas diligencias nunca se realizaron. El juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, que instruía el caso, decidía su archivo con informe favorable de la Fiscalía en 2005.