La manera elegida para presionarla ha sido pedir que se suspendan las declaraciones de cinco imputados en el caso de los ERE, relacionados con las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla. La Fiscalía aduce dice que tomar declaración a los cinco imputados citados para los días 29 de abril y 5 de mayo "no es procedente y causa un efecto dilatorio" porque podrían tener que volver a declarar ante el Tribunal Supremo cuando el caso pase a su jurisdicción.
Entre las declaraciones previstas están las de ex concejales socialistas y ahora empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago que recibieron 34 millones de euros de las ayudas investigadas, el 61 por ciento del total concedido a la Sierra Norte sevillana. Ambos están, según la juez, vinculados a José Antonio Viera, ahora diputado nacional y aforado.
El momento elegido por la Fiscalía es capital porque la Audiencia está deliberando sobre el recurso interpuesto por la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exministra Magdalena Álvarez y, según El País, sobre si existen razones de peso para que Alaya mantenga la competencia del caso en la rama político-financiera que afecta a la anterior cúpula del Gobierno andaluz y sus cargos aforados.
Por ello, pide la suspensión de tales declaraciones hasta que la Audiencia provincial resuelva su recurso contra la decisión de la juez de los ERE, Mercedes Alaya, de no dividir por piezas la causa y no elevar la referida a la Sierra Norte al Tribunal Supremo, dada la presunta implicación en ella de José Antonio Viera, diputado socialista en el Congreso y exconsejero andaluz de Empleo.
La Fiscalía Anticorrupción quiere que Mercedes Alaya envíe al Tribunal Supremo la parte del sumario que afecta a los siete cargos aforados, los dos expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y cinco exconsejeros. En menos de quince días, subraya El País, es la segunda vez que hace.
"Esta fiscalía entendía y entiende ya agotada la investigación en esta sede judicial en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra alguna de las personas que gozan de fuero", resalta Anticorrupción. Expresamente piden a Alaya que "a la mayor brevedad” se desprenda de esta investigación, ya que no es competente.
La tensión, ya alta tensión entre los fiscales y la juez, comenzó a incrementarse el pasado mes de octubre cuando la juez insistió en retener la causa después de que la Audiencia dictaminara que había alcanzado "el limite máximo" en su instrucción. La magistrada consideró que la mayor parte del caso era “inescindible” y confirmó la preimputación de los siete aforados tras los reparos de la Audiencia.
Hace tres semanas la instrucción señaló a dos históricos diputados más del PSOE andaluz en su atestado sobre la Sierra Norte sevillana. Junto a Viera, aparecen ya los diputados autonómicos José Caballos y Francisco Vallejo, cuya hipotética imputación debería ser remitida al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Recuérdese que la fiscalía admitía que la división de la causa podría dar origen a más de 200 piezas separadas y tres bloques, uno para los ERE, otro para las sobrecomisiones y un tercero para analizar el procedimiento utilizado en el fondo de los ERE, aunque no parece que tenga en cuenta los efectos dilatorios de tal situación en la resolución del caso.