El consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, ha exigido este miércoles una "rectificación inmediata" al Ministerio del Interior en sus informaciones sobre un posible fraude en ayudas para cursos de formación con las que, a su juicio, se persigue presentar una "causa general contra Andalucía".
Alonso se ha pronunciado de este modo en rueda de prensa en Sevilla en relación con la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre supuestas irregularidades detectadas en cursos de formación que habrían percibido de forma irregular dinero de la Junta.
El consejero ha exigido explicaciones al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que "dé la cara y datos y apellidos de las instituciones o empresas" implicadas en este supuesto fraude o, en caso contrario, que "pida disculpas y retire la acusación".
Respecto al hecho de que la Comisión Europea haya anunciado que pedirá explicaciones al Gobierno andaluz por el posible fraude, Alonso ha remitido a Bruselas a pedir las explicaciones al Ministerio del Interior y ha lamentado no haber podido contactar por teléfono con sus responsables a lo largo de la jornada."El ministro ha desaparecido, hemos intentado ponernos en contacto con él y no se pone al teléfono", ha añadido, sin referirse a Susana Díaz, que no ha dado aún explicaciones sobre el escándalo.
"Colaboraremos con la Justicia y con la UE y con todo aquello que signifique transparencia y legalidad; no tendremos problemas en asumir lo que tengamos que asumir", ha aseverado el consejero, quien agrega que la Junta "sólo sabe lo que dice la prensa, no tenemos notificación de nada; eso es una vergüenza y un atropello a los andaluces, una falta de respeto que no es tolerable en un Estado de derecho".
Alonso ha explicado que la única petición es la realizada por la sección de investigación de la Seguridad Social en base a las diligencias de investigación seguidas por la Fiscalía de Málaga, que en enero de 2014 solicitó a la Delegación Territorial de Educación de Málaga, petición que "fue contestada en todos sus extremos, por lo que se entregó la documentación requerida el 7 de febrero".
El consejero ha agregado que el mandamiento judicial versa sobre la petición del programa de compromiso de contratación que subvenciona acciones formativas de la convocatoria 2010 en la provincia malagueña, un programa con un presupuesto de 5,9 millones de euros.
Alonso ha agregado que en los juzgados "solo se solicitó información sobre 17 expedientes de dicha convocatoria, cuyo presupuesto es de 1,5 millones de euros". De esos 17 expedientes solicitados, 11 son empresas sociedad limitada, dos sociedades civiles, dos empresarios individuales y dos asociaciones empresariales.
El consejero ha considerado que el ministro "deberá especificar y explicar los datos y decir de dónde los ha recabado para decir que existe fraude masivo en la formación profesional de Andalucía; deberá decir si los datos están contrastados, si se lo ha dicho a los organizaciones judiciales competentes, que diga qué empresas, entidades e instituciones y ayuntamientos están incluidos en dicho 'fraude', si se les ha notificado, y qué procedimiento se ha creado para emitir posibles alegaciones".
Exige disculpas a Interior
Alonso ha lamentado que el Ministerio "sea juez, ejecutor y parte" y también ha acusado al Gobierno de aliarse "con el PP-A en la causa general frente a la formación profesional de Andalucía, y le da igual el coste que puedan tener sus acciones para cientos de entidades honradas y eficientes; no sé si ha medido lo que supone acusar a todo el tejido asociativo e institucional de participar en un entramado de corrupción".
Así, ha indicado que entre los entes que concurren a esas subvenciones se encuentran asociaciones, pymes, instituciones públicas y privadas y universidades". "Al declarar el Gobierno causa general, está diciendo que sindicatos, CEA, autónomos, Cruz Roja, ONCE, Universidad de Sevilla, ayuntamientos de Almería, Granada, Málaga, Jaén, Cádiz y Sevilla, diputaciones, mancomunidades o FAMP durante todos estos años han sido cómplices de corrupción con el Gobierno andaluz", ha advertido.
Asimismo, muestra sus "serias dudas" sobre "por qué el Gobierno lo ha hecho, ahora en Semana Santa, con el juez Ruz..., es sorprendente esa filtración, por lo que exigimos una explicación por parte del Ministerio, que dé la cara, y le exigimos una rectificación, que pida disculpas y retire sus acusaciones".
La respuesta de Interior
Tras estas acusaciones, el Ministerio del Interior ha desmentido "categóricamente" que desde este departamento se haya filtrado "ninguna información" sobre el nuevo fraude en Andalucía.
Interior ha informado a Europa Press que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), del Cuerpo Nacional de Policía, viene trabajando "desde hace unos meses" con "absoluta discreción y la máxima reserva" en una investigación abierta "a raíz de datos detectados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social".