Tras el duro encontronazo entre PSOE e IU y el sorprendente desenlace que ha deteriorado la imagen de Susana Díaz, ahora se sabe que el gobierno andaluz acordó que fuese el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PP, el que analizara la situación de los receptores de pisos. Se trata de acreditar que tienen derecho a seguir en esas viviendas.
Por ello, el Gobierno andaluz enviará hoy mismo una petición al Ayuntamiento de Sevilla para que estudie la situación de esas ocho familias. De este modo, la patata caliente se intenta pasar al PP. Hasta esta mañana, el Ayuntamiento sevillano decía desconocer la identidad de los realojados y no había recibido ninguna comunicación oficial de la Junta.
Susana Díaz, recuérdese, decretó la retirada de unas competencias en materia de adjudicación de viviendas a la Consejería de Fomento y Vivienda, en manos de IU, en la creencia de que se había producido una conducta rayana en la prevaricación en el caso del realojo de 17 familias de la Corrala La Utopía, delito al que se refirió la propia presidenta Susana Díaz.
El presunto delito de prevaricación se habría podido cometer ya que, subraya El País, no se había respetado supuestamente la concurrencia competitiva de otras personas que estaban en lista de espera para acceder a una casa. IU, sin embargo, esgrimió que los desalojados estaban en riesgo de exclusión social. Además, esta formación resaltó que en el auto judicial en el que se ordenó el desalojo de la Corrala La Utopía se instaba a la Administraciones a que dieran una solución para las familias con menores y en riesgo.
Durante las largas reuniones para dar salida a la crisis de gobierno, se evidenció que la presidenta de la Junta y su partido no habían dispuesto de toda la información sobre los ocupantes de las viviendas, cuyos expedientes no fueron dados a conocer totalmente por la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés.
Finalmente, de las 22 familias desalojadas el domingo 6 de abril, que permanecieron acampadas frente al Ayuntamiento hasta que el miércoles se dictaron las resoluciones de realojo provisional, la Consejería de Fomento y Vivienda emitió órdenes favorables para 17 tras el acuerdo que cerraron PSOE e IU. De ellas, ocho podían permanecer provisionalmente en los inmuebles en los que habían sido realojados de forma transitoria".
Pero se añadió que, "con carácter urgente", los servicios sociales comunitarios, esto es, del Ayuntamiento de Sevilla, deberían ratificar su situación y acreditar "fehacientemente el riesgo de exclusión social". En caso afirmativo, según acordaron PSOE e IU, "podrán continuar disponiendo de esos alojamientos mientras que la Consejería de Fomento y Vivienda pueda ofrecer otras soluciones de carácter estable a las unidades familiares".
Además, el Ayuntamiento deberá estudiar la situación de las nueve familias restantes, cuyo realojo se suspendió "hasta quedar acreditadas las circunstancias necesarias" para que pudieran entrar en los pisos.