El Gobierno está estudiando cerrar la "inmatriculación" de bienes por parte de la Iglesia Católica. Se trata del reglamento de la Ley hipotecaria que, desde 1998, permite a la Iglesia Católica inscribir los templos destinados al culto en el Registro de la Propiedad siguiendo la legislación especial sobre patrimonio del Estado y de las entidades locales.
Con esta modificación de las leyes hipotecaria y del catastro, el Gobierno pretende, por un lado, evitar la información contradictoria sobre algunos inmuebles y, por otro, homogeneizar los métodos de inmatriculaciones de la Iglesia Católica con los del proceso generalizado.
En virtud de una reforma del reglamento hipotecario de 1998, la Iglesia Católica comenzó a poder inmatricular (inscribir en el registro templos dedicados al culto, que estaban ya en sus manos antes de la creación del registro) los templos con arreglo a la normativa que se emplea para lugares públicos por parte de las administraciones locales, regionales y central. Un procedimiento que permite la inmatriculación mediante la certificación del funcionario público pertinente -en el caso de la Iglesia, un obispo-, sin estar obligada a guardar un periodo de publicidad o pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
Los distintos procedimientos inmatriculadores requieren una tramitación más compleja y lenta que la especial que puede establecerse en favor de la iglesia y otras entidades públicas cuando carezcan de título escrito. Suele ser necesario el uso de testigos, varias certificaciones, pago de impuestos e incluso la publicación del acto jurídico con el fin de dar la oportunidad a cualquier otro sujeto, que se crea con derecho, a reclamar la propiedad del bien.
Este anteproyecto se presenta en plena polémica por el intento de asalto a la Catedral de Córdoba. En la página de recogida de firmas Change.org, aquellos que quieren expropiar la Mezquita-catedral de Córdoba, siguen recogiendo apoyos y suman ya más de 200.000 firmas.
Encabezados por la "Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba, patrimonio de tod@s", su principal argumento es precisamente la reforma de la ley hipotecaria de 1998. Consideran que las condiciones establecidas por el Gobierno Aznar a las inmatriculaciones de la Iglesia son un privilegio intolerable sobre propiedades que deberían ser "de todos".
En cualquier caso, lo que se hizo en el 98 fue corregir un error inconstitucional y permitir la inclusión en el registro de bienes públicos -como lo son los lugares de culto- a través del mismo procedimiento que emplean las propias administraciones públicas. Su exposición de motivos en 1998 decía lo siguiente:
"Suprimir por inconstitucional la prohibición de inscripción de los templos destinados al culto católico, y se admite, siguiendo las legislaciones especiales sobre Patrimonio del Estado y de las entidades locales, la posibilidad de inscripción de los bienes públicos con arreglo a su legislación especial".
Ahora, lo que hace el Ejecutivo es modificar aquella modificación en la línea que piden aquellos que defienden la expropiación de la Catedral de Córdoba. En el informe sobre el anteproyecto, el Ejecutivo dice que :
"Al integrar y coordinar todos los datos y sistemas de inmatriculación de bienes, se actualiza también la especial situación de la Iglesia Católica en este punto. Se homogeneizan los requisitos, de forma que esta institución pasará a equipararse al resto de la sociedad y las inscripciones de su propiedad se trasladan al procedimiento normal de inmatriculación.
Por diversas razones históricas los templos dedicados al culto católico no se consideraron susceptibles de inscripción hasta 1998. El tiempo transcurrido desde entonces y la normalidad con la que esta práctica se ha extendido a toda la sociedad, junto con la existencia de una conciencia del valor de los inmuebles y de la necesidad de inscribirlos, justifican la aplicación general de este procedimiento."
En cualquier caso, tal y como adelantó Libertad Digital, la legislación -tanto la actual como la pasada-, así como las referencias históricas y la normativa autonómica quitan la razón a quienes pretenden mantener su intento de asalto a la Catedral. Se trata de un edificio que acumula más de mil años en manos de la Iglesia Católica y desde el 550 después de Cristo dedicada de forma ininterrumpida al culto religioso.
Además, la Junta de Andalucía aprobó en 2007 una ley de patrimonio histórico de Andalucía que negaba en una disposición adicional el derecho de tanteo y retracto de los bienes inmatriculados en favor de la Iglesia, caso de la Catedral de Córdoba.
Por último y pese al anteproyecto que pretende aprobar el Ejecutivo central, las inmatriculaciones que realizó al Iglesia Católica se llevaron a efecto ajustándose meticulosamente a lo que marca la ley. Tanto es así que en 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tres años después de estar ya la Mezquita registrada a nombre de la Iglesia, Ángeles González-Sinde, concedió el Premio Ciudades Patrimonio de la Humanidad a los conservadores de la Mezquita-Catedral, Gabriel Ruiz Cabrero y Gabriel Rebollo Puig. Es más, el fallo del jurado se deshizo en elogios hacia el trabajo de los responsables técnicos de cada piedra que se mueve en el monumento.