En 1912 el arquitecto Joaquín Saldaña levantó en la madrileña calle de Monte Esquinza un palacete para el Duque de Plasencia. El vetusto edificio, de 1.704 metros cuadrados repartidos en tres plantas y sótano, obraba en manos de Bankia hasta el pasado mes de julio, cuando lo vendió a Norman Foster por 9 millones de euros. Considerado el arquitecto más importante del siglo XX Foster pensaba traer a la capital de España su "Fundación Norman Foster" para albergar actividades relacionadas con la arquitectura, el urbanismo, el diseño y el arte. Una inversión que fue considerada estratégica por parte del Ayuntmaiento de Madrid y, como tal, no perdió un minuto en dar su visto bueno al proyecto de reforma que presentó el gurú del diseño en el consistorio.
Que el palacete de la calle Monte Esquinza estuviera protegido con nivel 1 grado Integral -por considerarse patrimonio histórico- obligaba al proyecto a pasar también por la Comisión Local de Patrimonio Histórico. En noviembre de 2013 el proyecto recibió el informe favorable, pero quedaba un paso, el informe definitivo de aprobación. Cuando Foster presentó su proyecto de reforma del edificio -que tenía como fin recuperar los elementos protegidos y devolver al palacete su esplendor original con la prestigiosa firma de Foster en su diseño y realización- llegaron los problemas. El afamado arquitecto decidió introducir unas pocas modificaciones sobre el proyecto inicialmente aprobado por el Ayuntamiento, según ha contado el diario El País.
Así, cuando finalmente un arquitecto de su despacho llevó el proyecto hasta la Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural (CIPHAN), también en las dependencias del Ayuntamiento de Madrid, comenzaron los problemas. Tal y como recoge Voz Populi, a partir de fuentes del propio Ayuntamiento presentes en el pleno, el director de control de edificación del consistorio al ver el proyecto y las modificaciones que, de su puño y letra, había realizado Norman Foster, decidió introducir a lápiz correcciones sobre los planos. Lápiz en mano -siempre según la versión de Voz Populi- y ante la atónita mirada del empleado de Foster, el cargo público -de libre designación, no funcionario- garabateó el diseño con las indicaciones de cómo debía ser el proyecto
Cuando el hombre de Foster mostró a su jefe las indicaciones a lápiz del director de control de edificación éste no tardó en desistir de continuar con su aventura madrileña y decidió trasladar su fundación a otro enclave, muy probablemente Nueva York. Las fuentes de Voz Populi confesaron que se trataba de "una cagada de estado" e insistían incrédulos: "Que un funcionario enmiende la plana con displicencia a una eminencia mundial de la arquitectura que viene a instalar su fundación en Madrid y no en otro lugar del mundo ¡y que ha comprado él mismo no tiene nombre!".
El hombre del lápiz
Según aseguran fuentes del propio ayuntamiento a Libertad Digital, aquel director que introdujo tachones y marcas en el proyecto de Foster, no era un funcionario del ayuntamiento, sino un cargo público de libre designación nombrado por la Junta de Gobierno, tal y como establecen las leyes municipales.
Éste directivo, que responde al nombre de Norberto Rodríguez Pérez y fue nombrado director general de ejecución y control de edificación en junio de 2011. Desde Urbanismo, además de tomar las decisiones pertinentes sobre la planificación de reformas y edificaciones protegidas en Madrid, ha tenido que hacer frente a diferentes procedimientos judiciales. Por ejemplo, en 2010, Ecologistas en Acción cursó una querella contra varios miembros del Ayuntamiento de Madrid, entre ellos Norberto Rodríguez, por permitir actividades ilegales "con la excusa de que se trataban de prácticas formativas para personas con discapacidad", dijeron.
Curiosamente, este mismo directivo también cursó actuaciones durante el desmantelamiento clandestino del almacén de Tafesa que albergó el foco de explosión del 11-M descubierto por Libertad Digital. Un desmantelamiento que también LD contó casi en directo hasta su total demolición.
Preguntado por el proceso de desmantelamiento. Norberto Rodríguez dice que no es problema del departamento de Urbanismo, y aclara lo siguiente:
"… Hay un informe de la Junta Municipal de Villaverde de que se está procediendo al desmantelado de las naves, a la rapiña, dicho de alguna forma, y, según llega ese informe, nosotros giramos visita, y en el mismo día se hace una resolución en el que se da un plazo de 48 horas para vallar la finca y 5 horas para demoler. Eso desde el punto de vista...
Se ha comprobado en la última visita del día de ayer que han obtenido el permiso para la retirada del amianto el día 18, es decir, hace dos días. Ayer se estaban implantando las casetas y hoy se está empezando la demolición. Por nuestra parte también se les ha exigido un certificado cada quince días sobre el seguimiento de las obras.
¿Respecto al futuro de la nave? Bueno, pues en principio esto es un suelo privado; tendrá usted que preguntarle las intenciones a ADIF, porque es una propiedad y él sabrá lo que van a hacer".
Desde el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, y a preguntas de Libertad Digital, han eludido hacer ningún tipo de declaración o aclaración al respecto, dando la callada por respuesta.
Por su parte, desde la Fundación Norman Foster, se han limitado a comunicar que
"La Fundación Norman Foster decidido no ubicar su base principal en Madrid, España. Las razones detrás de esta decisión son privadas. La Fundación Norman Foster no tiene más comentarios sobre el tema".
"Una mala noticia"
En contacto con Libertad Digital, el portavoz de UPyD en el ayuntamiento de Madrid, David Ortega confesó que el incidente con Foster y su decisión de no instalar su fundación en la capital "es una mala noticia para Madrid". En este sentido, pide al Ayuntamiento que siempre "dentro de la ley" trate de revertir esta situación.
En su opinión, "en política urbanística un ayuntamiento puede ser muy laxo o muy riguroso pero ¿qué está pasando en Madrid? Que hay casos en los que se es muy laxo, como el proyecto de Canalejas con la voz cantante de OHL" y en otros casos se es "demasiado riguroso" cuando "las leyes urbanísticas tienen que ser iguales para todos".