La Policía y la Seguridad Social descubren otra trama corrupta en la formación profesional en Málaga

Libertad Digital ha logrado saber que en esta semana se ha tomado declaración a más de 200 personas en diversas localidades de la provincia de Málaga relacionadas con un nuevo pufo detectado en el Servicio Andaluz de Empleo, más en concreto en los cursos de Formación Profesional Ocupacional.

Ha sido la Seguridad Social la que ha descubierto el escándalo, que se intuye gigantesco, cruzando los datos de trabajadores de alta, tanto de la estructura de los profesores como los periodos de actividad, datos que la Junta de Andalucía no podía ocultar ni alterar.

La Junta de Andalucía habría pagado el 75 por ciento de la subvención concedida a las empresas beneficiarias. Dinero que se abona sin comprobar los requisito legales exigidos, esto permite a la Junta mantener el restante 25% ( de cada anualidad) en sus arcas . Más extrañamente aún, no se conoce protesta o reclamación por parte de las empresas subvencionadas, por lo que está por ver el destino del 25 por ciento restante.

Los cursos investigados pertenecen al ejercicio 2010 y están calificados como cursos con compromiso de contratación de los alumnos, al menos un contrato de 6 meses, pero en la inmensa mayoría de los casos, los contratos no se efectuaron. Es más, hay veces en que se ha obligado a los alumnos a firmar la renuncia a los puestos de trabajo que se le debería haber ofrecido.

En el caso de Málaga dicha concesión de subvenciones investigadas, como se publica en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucia, están firmadas por quien ha sido el factótum de la formación profesional desde su nombramiento como delegado de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, Juan Carlos Lomeña Villalobos, que fue destituido de sus funciones en 2011 tras casi siete años de ejercicio (mayo de 2004).

Según las declaraciones de los "alumnos" en mas del 80 % de los casos hay presencia de fraude y de graves irregularidades.

Parece que un grupo especializado de la Policía Nacional de Madrid fue a principios de esta semana a Málaga para coordinar las declaraciones que debían tomarse en diversas localidades malagueñas como Antequera, Vélez-Málaga, Estepona, Ronda, Fuengirola y Málaga capital.

Según algunos de los alumnos afectados , se habían incumplido deliberada y sistemáticamente todos los requisitos legales exigidos y los servicios competentes del Servicio Andaluz de Empleo nunca realizaron labores de control alguno sobre los cursos, sus requisitos y sus resultados. Nadie aparecía por los "centros" pese a las millonarias entregas de dinero.

El sistema de formación con contratación debiera utilizar el dinero en formar a desempleados, pero se utiliza todo tipo de trampas para sangrar al sistema, ya que se utiliza a desempleados de larga duración jugando con la falsa promesa de la obtención de un puesto de trabajo, requisito legalmente establecido para obtener la subvención y que, al parecer, se incumple sistemáticamente, burlando la Ley .

Nueva trama de fraude en la formación

Este nuevo escándalo dónde sólo se han investigado dos millones de euros viene a añadirse al escándalo de UGT Andalucía, que desviaba subvenciones de estos cursos para gastos sindicales varios y que está siendo judicialmente investigado. Igualmente, se une al escándalo de otra trama, en este caso no sindical, de mal uso del dinero de la formación entregado por la Junta al ex consejero Ángel Ojeda, cuyo montante ascendía a más de 50 millones de euros.

Muchos de los alumnos, en su gran mayoría víctimas de este fraude, han sufrido engaños y apaños hasta el punto de que en algunos casos se habría suplantado su personalidad para la confección de los listados y las fichas correspondientes a los cursos que las empresas presentaban ante las autoridades...

Libertad Digital ha obtenido del entorno de los declarantes, una información alarmante. Por ejemplo, se sabe que alguno de estos cursos han sido dados en trastiendas por carecer sus organizadores de instalaciones adecuadas.

Aunque al final de cada curso los receptores de subvenciones deben adjuntar los resultados económicos y de inserción y acreditar la contratación de los alumnos al menos por seis meses, no contrataban a nadie o a muy pocos en relación con la subvención recibidas y obligaban a los alumnos a firmar que no querían trabajar mediante acta notarial o implemente no los han contratado.

El 80% de los casos no cumple los requisitos

Ni se han cumplido ni han sido investigados por ello, ni siquiera visitados. Las entidades solicitantes deberían cumplir los requisitos establecidos en el artículo 105 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 29 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias Administrativas y Financieras.

Es de suponer que en las próximas horas o días, la Seguridad Social y/o la Policía den datos relevantes y concretos sobre este caso que se perfila como el complemento del caso de UGT Andalucía y el de los altos cargos vinculados a los negocios de formación del SAE.