La Junta mandó a la juez Alaya un expediente "cocinado" sobre Mercasevilla

La juez no recibió "ni mucho menos" toda la documentación que sobre el ERE de la lonja sevillana constaba en la Consejería de Empleo. Según la Guardia Civil "se montó un expediente ex profeso" para enviarlo a la instructora tras ser supervisado por el entonces consejero de Empleo Manuel Recio, ya imputado, y otros altos cargos de la consejería.

Tras detectarse el primer intruso en el expediente de la lonja, cuenta la Benemérita en su atestado que "se celebró una reunión en el despacho del entonces director general de Trabajo Daniel Rivera" a la que asistieron él mismo, el exconsejero de Empleo Manuel Recio, el exviceconsejero Justo Mañas, así como otros cargos y funcionarios. En esa reunión "el consejero dio instrucciones de revisar todos los expedientes pendientes de pago". La revisión de dichos documentos se realizó "entre los días 19 y 21 de noviembre de 2010" y Rivera ordenó que se analizase el de Mercasevilla "para mandarlo al juzgado".

La exasesora de Empleo María José Rofa, imputada asimismo en el caso, se encargó de numerar los folios y la viceconsejería de Empleo se encargó de "revisarla antes de su envío al juzgado". Pero lejos de colaborar con la juez Alaya como afirmó en repetidas ocasiones la Junta de Andalucía, según la Guardia Civil "no se envió ni mucho menos toda la documentación obrante en el expediente de Mercasevilla si no que se montó un expediente ex profeso".

Escondía las comisiones ilegales

Tal proceder fue ratificado por la mencionada María José Rofa ante la Guardia Civil. La exasesora de Empleo desveló asimismo que "ante la negativa del ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas, ya condenado por un caso e imputado en otro, a aportar documentación sobre el expediente, el exasesor de Empleo Ramón Díaz se desplazó hasta la Delegación Provincial para coger el listado de trabajadores a mano".

En este expediente "cocinado" faltarían datos esenciales porque ya se había hecho público el caso de las comisiones ilegales para la escuela de hostelería reclamadas por Fernando Mellet y Daniel Ponce, exdirector de la lonja y adjunto del mismo. El ERE de 2007, que no se pagó por la Junta, incluía como intruso a Antonio Garrido Santoyo, vinculado al PSOE de Jaén, para lo que Mellet contactó con la aseguradora Vitalia porque era un "compromiso ineludible" y era una "proposición avalada por Guerrero".

Lanzas no podía faltar

En este expediente el conseguidor de los ERE y exsindicalista Juan Lanzas aparece como intruso "para pagar parte de la comisión de éste por su mediación con la Junta de Andalucía para financiar las prejubilaciones de Mercasevilla". El exsindicalista cobró 635.573 y 76.791 euros en concepto de comisiones y percibió de Mercasevilla 116.048 euros a través de la empresa Hermes Consulting "en concepto de actuaciones/trabajos contratados para la mejora de la plantilla y asesoramiento para la mejora de las relaciones laborales". Con unas facturas que "finalmente se habrían utilizado para articular el pago de otros conceptos muy distintos a los expresados en las mismas", como "la escuela taller 2007, aceite y gastos derivados de la contratación de personal por parte de empresas del entramado societario de Lanzas", se cubrieron sus gastos, después de que la Junta no abonara el ERE de 2007.

Por ejemplo, una de las tareas de Lanzas fue la de nombrar presidente de la lonja a José Antonio García, exconcejal socialista que dimitió por el escándalo de las facturas falsas de Macarena con retribuciones en 2007 y 2008 de un importe total de 9.321,65 euros como trabajador hasta cuenta ajena. Un día después de desvincularse de esta empresa, "pasó a ocupar el cargo de director de Consumo en el Ayuntamiento de Sevilla a petición del propio alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín".

Además, el informe destaca que Lanzas "ordenó" al presunto testaferro Juan Francisco Algarín "llevar sobres cerrados a Mercasevilla que podrían contener facturación falsa y recoger dinero en efectivo de Mercasevilla".