Chaves, señalado en otra trama de ayudas irregulares

Manuel Chaves se perfila como el responsable directo de algunas de las ayudas irregulares concedidas a la trama socialista de la Sierra Norte sevillana investigada en los ERE según los documentos en poder de la UCO. Demuestra el atestado de la Guardia Civil sobre el caso que las subvenciones se daban por intereses y afinidades políticas y personales. Señala en sus páginas a 20 personas como mínimo y destaca la participación de la presidencia de la Junta, entonces en manos de Manuel Chaves.

Esta participación se demuestra en un correo electrónico de junio de 2008 entre Manuel Valdecantos, representante de la empresa gaditana Barbadillo, y el ex director general de Trabajo Juan Márquez en el que el primero reconoce que "el pago de una ayuda de más de un millón de euros se debió a gestiones realizadas con la Presidencia de la Junta de Andalucía". Sólo Manuel Chaves podría haber autorizado tal ayuda.

Una de las secretarias de Empleo, María José Rofa, aseguró que no sabía quien dio esa orden de pago, pero que "solo pudo provenir de alguien con mucha capacidad para poder saltarse a dos consejeros". Por encima de los consejeros, sólo estaba Presidencia y, tal vez, la consejería de Presidencia que entonces estaba en manos de Gaspar Zarrías.

Por si fuera poco, es evidente la vinculación del grupo Barbadillo, beneficiado con ayudas, con el consejero Antonio Fernández. "Las ayudas a empresas vienen directamente desde la Consejería o Presidencia a la Dirección General de Trabajo de la mano de los representantes de la patronal andaluza", cuya cúpula también aparece implicada en este tráfico de ayudas de los ERE.

El exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, el de Innovación, Francisco Vallejo, y el entonces portavoz del grupo parlamentario socialista, José Caballos, son situados por la Benemérita en el grupo de responsables públicos que conocieron esas ayudas supuestamente fraudulentas.

Gracias a este grupo, el entramado empresarial montado por los concejales socialistas de El Pedroso, de José Enrique Rosendo y José María Sayago, recibió 32,6 millones de euros de la Junta de Andalucía. Las ayudas, subraya ABC, eran discrecionales y no tenían publicidad, dado que se otorgaban "a personas del entorno de la Junta de Andalucía y de las organizaciones sindicales".

La Guardia Civil insiste en que el hoy diputado nacional José Antonio Viera pudo tener"una participación esencial" en la consecución de las subvenciones, ya que "facilitó" la concentración de ayudas en la Sierra Norte y fue "el máximo responsable" de las mismas. En este sentido, se asegura que Viera dijo que había que ayudar a Matadero de Sierra Moreno y a todas las empresas que "colgaban de la misma".

Tambièn destaca el atestado que José Enrique Rosendo fue concejal del PSOE en El Pedroso entre 1995 y 1999 y que estuvo trabajando en la Consejería de Presidencia y en la Diputación de Sevilla. Su padre, Rafael Rosendo, fue alcaldel de El Pedroso justo después que el propio imputado y ex director general Francisco Javier Guerrero. Respecto al otro empresario de la trama, José María Sayago, recuerda que también fue concejal del PSOE en el mismo pueblo y que acompañaba a Rosendo a los actos del PSOE.

Guerrero fue "responsable de la concentración de ayudas", y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández tuvo que conocer que durante su mandato "se daban de forma discrecional" las ayudas y que debió conocer que se estaba favoreciendo a empresarios que "mantenían vínculos con determinados responsables de la Consejería de Empleo".

Al grupo de responsables políticos se unen los viceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas, por lo mismo que los anteriores, el exdirector general de Trabajo Juan Márquez, al que se considera responsable de las ayudas dadas a la empresa Virgen del Espino, y a su sucesor, Daniel Aberto Rivera, que también era "plenamente consciente de las importantes irregularidades existentes". También eran conocedores de la trama los exdirectores del IFA, Francisco Mencía y Miguel Angel Serrano y el exgerente provincial del IFA Manuel Enrique Rodríguez Contreras.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) hasta el pasado mes de enero, Santiago Herrero, intercedió en junio de 2009 ante el entonces consejero de Empleo Antonio Fernández, para "agilizar" el pago de una ayuda de 550.000 euros concedida con el fondo de los ERE a Al Ballut Dehesas de Calidad SL.

Sorprendentemente, una empresa propiedad de Al Ballut, tenía la sede en la misma dirección que el PP de Sevilla, la calle Rioja. MSM Montanera de Jabugo, cuya administradora única es Al Ballut, tenía su domicilio social en Sevilla, en Calle Rioja 25, 1ª planta, la misma dirección en que se encuentra, desde 1996, la sede provincial del PP sevillano. Según las fuentes consultadas, el PP de Andalucía desconocía que alguien hubiera utilizado su dirección desde 1996 para inscribir la empresa de Jabugo en el Registro Mercantil. De hecho, el PP pidió información sobre las ayudas a esta empresa tal y como hizo con las demás de la trama en 2011.

En su declaración como testigo ante la Guardia Civil el pasado 20 de noviembre, subraya ABC, Herrero reconoció que remitió una carta a Fernández para que desbloqueara el pago de esta subvención con cargo a la partida 31L, también bautizada como "fondo de reptiles". Lo hizo a instancias de Pascual Caputto, el presidente de Bodegas Barbadillo, grupo al que pertenecía Al Ballut, con quien mantenía una relación de amistad "especialmente cercana".