De los dos millones del presupuesto de Giahsa, la empresa pública del agua de la Mancomunidad de Servicios(MAS) de Huelva que dirige el PSOE, 655.000 euros se destinaron a los grupos políticos, casi la tercera parte. Este lunes El Mundo publica que, además de los partidos, los sindicatos UGT y CCOO y la patronal de Huelva, cobraban también de su presupuesto. Quizás por ello y por fin, la Fiscalía de Huelva se ha decidido a investigar las cuentas de la entidad.
Por fin, las cuentas de la empresa pública Giahsa, brazo de la Mancomunidad de Servicios de Huelva (MAS) para la gestión del agua en la mayoría de los municipios de la provincia (65 de 79 pueblos), han llegado a manos de la Fiscalía de Huelva, que ha abierto diligencias informativas para conocer el reparto de fondos entre los partidos políticos.
ABC cuenta que se está en una fase de compilación y análisis de los datos económicos de la MAS para determinar si existe algún tipo de irregularidad por una supuesta financiación de los grupos políticos con presencia en la mancomunidad (PSOE, PP e IU) y, en consecuencia, decidir sobre la apertura de una causa judicial.
Como ya hemos contado en Libertad Digital, se conoció el caso por el escrito presentado ante la Fiscalía de Huelva por un particular que exigía al Ministerio Público que interviniese o, al menos, le explicase cabalmente "la legalidad que sustenta esta desviación económica con cargo a los consumidores para la financiación de grupos políticos". El denunciante tuvo información por una respuesta del Ayuntamiento de Cartaya que, durante el año 2012, las asignaciones de Giahsa a los distintos partidos políticos supusieron un gasto total de 654.000 euros, una cantidad que sale íntegra e inopinadamente del bolsillo de los ciudadanos que tienen que pagar sin rechistar sus facturas del agua y de recogida de basuras.
Se daba la circunstancia además de que para garantizar su supervivencia, Giahsa había tenido que suscribir un crédito leonino de 85 millones de euros que también van a tener que pagar los usuarios. En el presupuesto de 2014, la dirección de Giahsa afirma que se ha eliminado una de las cuatro vicepresidencias y se han suprimido todos los puestos del personal de apoyo y asesores. En estos momentos, la estructura de personal quedaría con el presidente, el alcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado (PSOE) los 3 vicepresidentes –Ezequiel Ruiz (PSOE), David Toscano (PP) y Juan Palma (IU), y la figura el secretario/interventor de la Mancomunidad.
Según dichas fuentes, el dinero que Giahsa aporta a MAS (administración pública) para su funcionamiento ha pasado de 1,2 millones de euros en 2012 a 460.000 euros en 2014, una reducción de más del 60%. Pero según sus responsables, Giahsa ni destina dinero a los grupos políticos ni paga la nómina del personal de la Mancomunidad sino que es ésta, de su presupuesto, la que cubre los gastos que el Pleno de los 65 ayuntamientos considera necesarios para el funcionamiento de la entidad, entre ellos la retribución de sus cargos y la asignación a los cuatro grupos políticos representados en el Pleno de la Mancomunidad (PSOE, PP, IU y PA).
Y los sindicatos y empresarios
Tanto CCOO y UGT como la Federación Onubense de Empresarios (FOE) cobran también de la empresa pública que gestiona el agua en la provincia de Huelva, Giahsa, en su calidad de "consejeros". El pasado mes de diciembre el número de consejeros de su Consejo de Administración aumentó todavía más hasta el número máximo permitido, que es quince. Sólo hay dos puestos para asesores expertos realmente e independientes.
Todos ellos cobran por asistir a las reuniones del Consejo de Administración pero no se sabe cuánto. Es la Junta General de Accionistas la que fija estos emolumentos. Extrañamente, cuanta El Mundo, que ni los representantes de UGT-CCOO ni los de la patronal "recuerdan" lo que cobran o lo desconocen. Incluso afirman que dichas retribuciones no son atribuibles al sindicato o a la FOE, puesto que las cobra, a título personal, cada consejero, "siempre y cuando asista a la reunión".
Tras ser nombrado el socialista Manuel Domínguez Limón, alcalde de San Bartolomé de la Torre, como "director ejecutivo" de la empresa, nuevo cargo que le confiere casi plenos poderes, decidió ampliar el número de consejeros para dar cabida a UGT, CCOO y la patronal.