El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado a tres antiguos empleados de la empresa de construcción Unifica Servicios Integrales, que llevó a cabo las obras de reforma de la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid, tras constatar que, según un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, la formación pagó una parte de los trabajos con dinero negro.
Ruz ha acordado estas citaciones tras recibir un informe de la UDEF que acredita que parte de las obras y los honorarios del arquitecto Gonzalo Urquijo, que dirigió la remodelación de Génova entre los años 2005 y 2011, fueron sufragadas "con fondos ajenos al circuito económico financiero", correspondientes a la contabilidad paralela que llevaba el extesorero del PP Luis Bárcenas. En esta constaban salidas correspondientes a 2008 identificadas con Urquijo por valor de 888.000 euros.
El juez destaca que a partir de este informe se puede deducir "a nivel indiciario" y "con mayor fundamento" que en noviembre de 2013, cuando ya avanzó esta conclusión, que "en el seno del PP" existía "una corriente de cobros y pagos continua en el tiempo, ajena al circuito económico financiero y al margen de la contabilidad remitida por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas".
Ruz, que investiga en una pieza separada del caso Gürtel la supuesta contabilidad B del PP, interrogará como imputados el próximo 7 de mayo a Laura Montero, que fue directora de Proyectos de Unifica; María Rey, jefa de la obra; y Claudio Montero, jefe de Proyectos en 2008. También tomará declaración ese mismo día como testigos al exjefe de Seguridad del PP y cuñado de Bárcenas, Antonio de la Fuente; al cajero de la formación Luis Molero; y las también empleadas de la constructora Ester D'Opazo y Noelia Fernández.
La UDEF, que ha analizado la documentación electrónica y en papel que se llevó de la sede del PP en diciembre pasado y la que obtuvo en septiembre en la sede de Unifica, concluye que "la duplicidad de certificaciones finales halladas en relación a la ejecución de las obras de las plantas baja, tercera, cuarta y quinta (de Génova) pone de manifiesto la dualidad en la forma de pago de los trabajos".
De esta forma, la empresa que remodeló la sede del PP generó dos tipos de certificaciones. Las primeras, correspondientes a las operaciones "de menor importe", fueron "creadas 'ad hoc' con el fin de adecuar lo pagado por la formación política a través de la cuenta bancaria de la que es titular a la documentación que se genera en la obra (presupuestos, certificaciones y facturas)".
Las segundas, "las de mayor importe" y las que resultaron ser "las verdaderas certificaciones", según la UDEF, recogían "los trabajos efectivamente ejecutados". La diferencia entre ambas se abonó, al menos en parte, con dinero negro.
En relación con la planta segunda de Génova, el juez destaca que no se encontraron dos certificaciones finales aunque sí una factura de ejecución por valor de 195.000 euros que coincide con una anotación manuscrita de la supuesta contabilidad B de Bárcenas vinculada a Gonzalo Urquijo.
En la misma, según el auto, "se observan errores en cuanto a su contenido, cuya fecha de creación es muy posterior a la fecha que figura como de emisión del documento". Además, Ruz destaca que, según la UDEF, en el momento en el que se emitió la factura "la cuenta bancaria del PP no poseía efectivo para afrontar el pago de esa cantidad", por lo que concluye que se abonó con dinero B.
En su auto el juez también pide a la Agencia Tributaria las declaraciones fiscales que presentaron en 2012 Gonzalo Urquijo; su socia, Belén García; Unifica como persona jurídica y las sociedades vinculadas a estos. Pide esta información después de que el informe de la UDEF revele que ambos tenían cuentas bancarias en el extranjero y que se acogieron a la denominada amnistía fiscal, liquidando, respectivamente, sendas cuotas de 109.445 euros (un 10 por ciento del capital total).
Además, acuerda remitir el informe de policial a los funcionarios de la Agencia Tributaria para que determinen si procede presentar un informe ampliatorio sobre las obras de Génova, al tiempo que solicita las declaraciones originales y los pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades que Unifica presentó en el ejercicio de 2008.
Finalmente, el responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 pide a La Caixa y Banca March que faciliten información sobre los contratos que tengan los investigados en estas entidades y comuniquen si son titulares de cajas de seguridad.