Este martes mismo, la actual consejera de Economía y Hacienda dijo que no tenía propuestas encima de la mesa para alterar el funcionamiento de la actual administración "paralela" y sus empresas, fundaciones, consorcios y unidades territoriales. Con este nombre, administración paralela, se conoce a la estructura de alrededor de 27.000 personas que estaba en empresas públicas, fundaciones y otros entes de la Junta y han sido agrupados ahora en Agencias u otros organismos en un intento de reconvertir a su personal en empleados públicos sin haber pasado por las pruebas preceptivas de acceso a la administración. El PP se opone frontalmente mientras IU, con una mano lo denuncia y con la otra, contribuye a ralentizar su reforma.
Esta "administración paralela" contratada casi siempre a dedo fue caballo de batalla de los funcionarios y empleados públicos de la Junta que se manifestaron clamorosamente en varias ocasiones de manera mayoritaria contra el "decretazo", luego Ley en febrero de 2011, del gobierno Griñán que consumó la operación.
Posteriormente, a partir de 1 de enero de 2013, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, dejó claro a la Junta que debía reducir los 369 entes adscritos a la administración paralela hasta llegar a los 259. Según los datos datos recogidos en el informe de reordenación del sector público autonómico publicados el pasado julio por el Ministerio, sólo se habían reducido 19,7 en 2012 y el resto en 2013.
Tras la aprobación de la ley de reordenación de la administración andaluza de 2011, se crearon la Agencia del Conocimiento, que absorbía a tres entidades; la de Servicios Sociales y Dependencia, que se zampaba dos fundaciones; Amaya, que fusionaba Egmasa y la Agencia del Agua; la Agencia de Obra Pública, que asumía el hueco de Ferrocarriles de la Junta y Gestión de Infraestructuras de Andalucía. Extinciones puras y duras, sin recolocaciones o digestiones, había las justas: apenas tres sociedades mercantiles.
Subraya ABC que esta megaestructura paralela cuesta 2.916,78 millones de euros a las arcas autonómicas, dispone de 27.000 empleados y su financiación representa casi el 90 por ciento de las inversiones reales previstas (3.284,7 millones) para todo el año en obras y proyectos, el capítulo que más repercusión tiene en el ciudadano y que ha retrocedido a niveles de 2002.
IU y su paripé
El pasado mes de octubre de 2013, la consejera Montero afirmó que el sector público no tiene "grasa" para seguir "adelgazando", lo que valió las críticas de su socio de gobierno, IU, que consideró que podía seguir adelgazándose la administración paralela si bien no desea su reforma radical por la implicación de CCOO y UGT en el fraguado de la misma.
Con motivo de la elaboración de las cuentas de 2014, el portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento, José Antonio Castro, pidió una "auditoría activa" del sector público para reducir el gasto y contradijo a Montero al asegurar que había "grasa" sobrante. Por si fuera poco, afirmó que sus entidades debían realizar ajustes tanto en directivos, retribuciones, horarios y contratación de servicios externos.
Pero el diario El País la hace cómplice de la ralentización de la reducción y la reforma de esta administración. Uno de los interlocutores es el exdiputado de IU, Pedro Vaquero que afirma que la reforma "va" aunque se esté retrasando. "No queremos echar a nadie, pero sí mayor eficacia. En otras empresas puede sobrar personal. Hay una agencia con seis personas y tres de ellas son jefes y eso es una barbaridad", dijo.
Vaquero ha sostenido que en las agencias públicas que dependan de Izquierda Unida se hará lo mismo que se hizo en la antigua empresa pública del Suelo, donde se prescindió de trabajadores externos y de 42 directivos. En el PSOE admiten que cualquier decisión se tomará una vez pasadas las elecciones europeas del 25 de mayo.
El PP reclama reformas
El PP andaluz está frontalmente opuesto a la pasividad de Susana Díaz en esta materia. Según los informes del Banco de España que aportó, la deuda de los entes instrumentales se ha cuadruplicado desde 2008, desde 195 a 715 millones de euros. Carlos Rojas, portavoz parlamentario del PP andaluz, ha reprochado al bipartito andaluz que "no está tomando medidas" y que sólo haya recortado 22 millones de euros.
Ahora, el Grupo Parlamentario Popular va a solicitar al Gobierno andaluz los planes de ajuste presentados por los distintos organismos como muestra de la "vocación" de "transparencia" que pregona el Ejecutivo.