Los desencuentros de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de capital con la Delegación del Gobierno a cuenta de las manifestaciones crecen por momentos.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, no quiere que la capital se convierta en la diana de todas las protestas y por eso ha pedido a la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que se regulen las manifestaciones, como ocurre en París, de forma que perjudique lo menos posible.
Este miércoles durante la Junta del Gobierno del Ayuntamiento ha anunciado que va "a solicitar a la Delegación del Gobierno formalmente una reunión para acordar una serie de espacios que deberían ser especialmente protegidos a la hora de autorizar manifestaciones, como por ejemplo los entornos históricos, bienes especialmente protegidos, las zonas de históricas, las zonas de gran afluencia turística y los ejes específicos de transporte".
La alcaldesa ha añadido que habrá que estudiar caso por caso y que no sería necesario modificar la ley. Botella, en referencia a los disturbios vividos durante las llamadas Marchas de la Dignidad, ha considerado que es "inadmisible que al amparo de un derecho fundamental se pretenda romper la convivencia y vulnerar el régimen de sistema de libertades". La regidora ha revelado que el 22M ha supuesto más de 600.000 euros en pérdidas: 166.000 euros en daños y destrozos, 405. 592 euros derivados del dispositivo de emergencias y seguridad, a lo que hay que sumar los 89. 655 euros correspondientes al servicio de limpieza.
La sugerencia de la Comunidad
La Comunidad de Madrid comparte las quejas de la alcaldesa. El consejero Portavoz, Salvador Victoria, ha vuelto a advertir de que la reiteración de las manifestaciones en Madrid está dañando la imagen de la capital, el comercio, el turismo y el empleo. Por ello, Victoria ha insistido en reclamar a la Delegación del Gobierno que "tome cartas en el asunto y que proceda a una ordenación de las manifestaciones que se producen en el centro de Madrid".
"Madrid es muy grande y que empieza a ser sospechoso que todas las manifestaciones se congreguen en la Puerta del Sol, que parece el manifestodromo de España", ha dicho el consejero madrileño este miércoles al término de un acto en la Puerta del Sol.
Por último, Victoria ha defendido que la ley permite alterar los itinerarios de las manifestaciones. "Hoy hemos visto cómo la propia Delegación del Gobierno obligó a celebrar en la Puerta del Sol una manifestación", ha dicho el consejero. El portavoz de la Consejería y Justicia madrileña se refería a una información publicada por el diario El País que señala que el departamento que dirige Cristina Cifuentes sí cambió en una ocasión el lugar de una protesta. En concreto, en diciembre de 2012 la delegación derivó a la Puerta del Sol una manifestación solicitada ante el Congreso de los Diputados o en su defecto a la Plaza de Neptuno.
Cifuentes responde
Tras estas declaraciones, la delegada del Gobierno en Madrid ha reprochado a ambos que no le apoyaron cuando hace año y medio habló de "modular" el derecho de manifestación.
"A poco de llegar a la Delegación del Gobierno planteé la necesidad de modular el derecho de manifestación, que no quería decir que se restringiera porque era complicado de poder compatibilizar los derechos de todos. En ese momento eché en falta el apoyo y solidaridad de estas personas ahora preocupadas por el derecho de manifestación", ha dicho.
A pesar de ello, se ha mostrado abierta a escuchar dichas propuestas siempre y cuando lleguen "por su cauce". "Tengo el teléfono abierto y en cualquier momento estoy a disposición telefónicamente y me desplazo donde haga falta por la urgencia que se ha pedido", ha señalado.
La delegada del Gobierno en Madrid ha pedido a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que "sus propuestas mediáticas", como la instalación de más cámaras de videovigilancia en el centro de Madrid o la propuesta de limitación de manifestaciones en algunos puntos de la capital, le lleguen "por los cauces legales y no a través de los medios de comunicación". "No tiene mucho sentido que tengamos que estar comunicándonos a través de los medios", ha apostillado.
La delegada ha recordado que las manifestaciones "no se llevan a cabo donde la Delegación del Gobierno decida, sino donde las organizaciones quieran realizarlas y sólo se pueden modificar en contadísimas ocasiones, cuando según expone la Ley de forma taxativa existan razones fundadas de alteración del orden público para bienes y personas".
Cifuentes ha explicado que ella no puede cambiar la Ley de manera "aleatoria" porque estaría "prevaricando" y además podría ser recurrida esta decisión a los tribunales. De hecho, ha recordado que el 90 por ciento de este tipo de recursos judiciales los ha perdido la Delegación de Gobierno.