Caso Lanzas: incremento patrimonial y control de un canal de TDT

Se ha confirmado lo que anticipó La Razón en 2013 y recogió Libertad Digital: Que la familia de Juan Lanzas fue agraciada con un canal de la nueva Televisión Digital Terrestre que concedía la consejería de Presidencia, cuyo titular era Gaspar Zarrías, a quien se vincula cada vez más a Juan Lanzas en calidad de "súperjefe". Cada vez extraña, pues, menos, el crecimiento del patrimonio de la familia Lanzas, hecho subrayado en el último informe de la Guardia Civil.

Canal TDT para el cuñado

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contenía la afirmación de que la empresa Canal Baeza y La Loma "mantuvo operaciones comerciales (ingresos y pagos) con dos sociedades vinculadas directamente a Juan Lanzas, y cuyo administrador único era su cuñado Ismael Sierra", imputado en la causa y utilizado, a juicio de la Guardia Civil, como testaferro del ex sindicalista para el manejo de los fondos obtenidos por las comisiones de los ERE.

Según La Razón, "el administrador único de Canal Baeza fue hasta el 25 de noviembre de 2002 Antonio Garrido Santoyo, que, curiosamente, es el primer 'intruso' que detectó el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en la "trama de los ERE" –concretamente en Mercasevilla– y que ocupó el cargo de secretario de Política Municipal del PSOE de Baeza.

Según la UCO, Maginae Solutions, la empresa de Sierra, cuñado de Juan Lanzas, declaró en 2007 haber mantenido operaciones comerciales por importe de 32.280 euros con Canal Baeza y La Loma. En 2008 y 2009, las relaciones comerciales las estableció Al Andalus Mass Media Channel por importes de 21.372 y 7.105 euros respectivamente. Ambas sociedades, según la instrucción, estaban controlados por Lanzas ya que "se podría inferir en base a los indicios objetivos" que era él el que controlaba las cuentas bancarias.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía resolvió el 29 de julio de 2008 el concurso por el que se otorgaban distintas licencias de televisión digital terrestre a particulares en las ocho provincias andaluzas. El departamento de Gaspar Zarrías, entonces consejero de la Presidencia, era el responsable de esta materia. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó la resolución de esta concesión el 21 de octubre de 2008 firmada por el propio Zarrías. Había otros candidatos, pero la empresa elegida fue "la LomaTV", que mantenía contactos con Lanzas.

Zarrías, rey de Andalucía

Durante 16 años (1994-2010), Zarrías ha sido secretario provincial del PSOE de Jaén. Por su parte, Lanzas también ha tenido su base de operaciones en la provincia, lugar desde el que acumuló un patrimonio "desproporcionado con los ingresos legalmente obtenidos", entre los que se incluyen 16 inmuebles. Pero la Guardia Civil no ha desvelado aún las relaciones entre ambos que consideran de difícil definición.

El vínculo entre Lanzas y Garrido Santoyo sí está constatado. Además de en la televisión local, La Razón desveló que ambos aparecían como ejecutivos de la fábrica de piensos "Agropecuaria Loma de los Donceles", en la localidad jienense de Arquillos y que recibió una ayuda de 148.259 euros pese a que no tenía los permisos necesarios para la actividad subvencionada.

La existencia de esta televisión local no pasó desapercibida para el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero. En su segunda declaración ante la juez Alaya, la magistrada le inquirió sobre una estancia en el Hotel Palacio de los Salcedo de Baeza pagada por Lanzas para celebrar la Nochevieja de 2007. La versión del ex alto cargo es que fue invitado "por la Radio Local de Baeza, viendo con ellos una serie de proyectos que le presentaron, y quien le acompañó fue el Sr. Lanzas, por su conocimiento en el tema".

El Mundo recuerda este martes la noticia de La Razón reiterando que la Junta de Andalucía adjudicó en 2008 una licencia de canal de televisión digital terrestre (TDT) a una empresa controlada por el conseguidor de los ERE Juan Lanzas y añade "así se desprende del último atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre el caso ERE."

El último atestado del Grupo de Delincuencia Económica de la UCO advierte de la existencia de "numerosa documentación" que apunta a que Ismael Sierra, cuñado y presunto testaferro del conseguidor Juan Lanzas, era el "administador de hecho" de Canal Baeza y La Loma SL, que explota una licencia de TDT en el municipio jiennense en Úbeda bajo el nombre comercial "9 La Loma".

En el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 6 de septiembre de 2006 ser decía que "la tramitación del concurso corresponderá a la Consejería de la Presidencia", ostentada en aquel momento por Gaspar Zarrías. De hecho, los agentes de la UCO señalan en su atestado que "cabe destacar" que la orden por la que se dio publicidad a la adjudicación del concurso de los canales privados de TDT "fue firmada por el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías".

El PSOE y el control de las teles andaluzas

Además del control absoluto de Canal Sur TV 1 y 2 y su control indirecto de las principales productoras andaluzas, casi todas ellas en manos de "amigos", el PSOE andaluz ha cuidado mucho el patio televisivo andaluz de modo que su influencia fuese siempre mayoritaria.

Por ejemplo, en el concurso mencionado más arriba que dio una televisión al amigo de Juan Lanzas, COPE, que tenía entonces a Federico Jiménez Losantos y a César Vidal como cabezas de cartel, y El Mundo, optaban a varias licencias. La COPE no consiguió ninguna. Sin embargo, tres grupos de comunicación sin implantación en Andalucía se llevaron el 70 por ciento de las licencias. Green Publicidad y Medios, penetrada por el clan de empresarios prosocialistas de Castilla la Mancha. algunos de ellos relacionados con el escándalo de los números rojos de la misma, obtuvo nada menos que 42 licencias de las 163 ofertadas, un 25 por ciento.

Para Antonio Sanz, entonces secretario general del PP, y así lo denunció en dos ocasiones en el Parlamento de Andalucía, "el problema" era que el Gobierno andaluz concedió las televisiones digitales "a grupos que, ni estaban preparados, ni querían tirar adelante con esas concesiones. Ese es el problema, no la crisis internacional". Sanz recordó que la Asociación de Televisiones Locales de Andalucía (Acutel), la más importante en esta comunidad, "casi un 70 por ciento de los otorgamientos de licencias han quedado fuera del alcance de las televisiones locales históricas", algunas de las cuales ahora, según Sanz, estarían recibiendo las propuestas de reventa o alquiler de las concesiones. Sanz afirma que "solo se han preocupado de montar un chiringuito mediático, construido vía TDT, a la medida del PSOE y del Gobierno andaluz" y que al menos un 65% de las televisiones se han concentrado en "grupos afines al Gobierno".

La operación de las concesiones de TDT

En julio de 2008, la Junta otorgaba las dos primeras concesiones de TDT de gestión municipal a agrupaciones de ayuntamientos. Las dos iban a parar a la zona de influencia del denominado "Clan de Alcalá" socialista de la provincia de Cádiz que comandaba el entonces consejero de Gobernación y vicesecretario andaluz del PSOE, Luis Pizarro.

El Consejo de Gobierno otorgó el día 22 de julio a las agrupaciones de ayuntamientos integrados en las empresas Medina Sidonia, SL, y Arcos de la Frontera, SL, las concesiones de explotación de dos canales de Televisión Digital Terrestre (TDT) de ámbito local en la provincia de Cádiz, por un plazo de diez años. La sociedad Medina Sidonia gestionará el canal público reservado para la demarcación del mismo nombre, que está integrada por Alcalá de los Gazules, Benalup-Casa Viejas, Medina Sidonia y Paterna de Rivera. Por su parte, la de Arcos de la Frontera englobará a este municipio y los de Algar, Bornos, Espera, San José del Valle y Villamartín.

Las corporaciones locales tenían reservados programas en las 60 demarcaciones que componen el mapa andaluz de la televisión digital. Trece de ellas contaban con un canal propio sin necesidad de compartirlo con otros municipios. Se trataba de los ayuntamientos de las ocho capitales de provincia y de Algeciras, Dos Hermanas, El Ejido, Fuengirola y Jerez de la Frontera, que obtuvieron sus concesiones de explotación en diciembre de 2007. En las demarcaciones de más de 150.000 habitantes, de donde estos municipios son cabecera, se reservaba además un segundo programa de gestión pública local compartida para el resto de las localidades incluidas.

Poco después, a finales de julio de 2008, el Grupo COPE denunció la decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que otorgaba 163 concesiones de Televisión Digital Terrestre (TDT) de ámbito local y gestión privada que "supone una discriminación al Grupo COPE que ha desarrollado desde el año 2001 una de las redes de televisión local de referencia. Las concesiones favorecen a los grupos mediáticos más afines al Gobierno de Manuel Chaves e impulsan una concentración contraria al pluralismo informativo".

Popular TV, que concurría en las demarcaciones de Málaga, Sevilla y Córdoba, a través de iniciativas en las que participaban las tres diócesis, no había resultado adjudicataria de ninguna licencia. Las emisoras de televisión del Grupo COPE tenian una gran implantación en las ciudades de Sevilla y Málaga, emitían desde hacía seis años una amplia programación de proximidad y habían creado numerosos puestos de trabajo que fueron puestos en peligro por esta decisión. En las tres capitales andaluzas el respaldo que había dado la audiencia a Popular TV fue masivo.

El PP anunció la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la concesión por parte de la Junta de licencias de emisión de la Televisión Digital Terrestre (TDT) de ámbito local de gestión privada, ya que consideraba que iba contra el pluralismo informativo y estaba llena de "favoritismo político". El recurso se presentaría contra el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno después de analizar los informes jurídicos solicitados, según ha anunciado hoy en rueda de prensa por el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, quien añadió que fue un acuerdo "que no respeta la ley".

Según el dirigente popular, la decisión del Consejo de Gobierno de la Junta ni respetaba la ley de televisiones privadas ni garantizaba un procedimiento que cumpla con las normas en esta materia, sobre todo en lo referente al "incumplimiento de la prevención de la concentración de concesiones sobre una misma empresa".

El "llamativo" patrimonio de Juan Lanzas

Un auto de la Audiencia Provincial de Sevilla considera "más que llamativo" el incremento patrimonial del "conseguidor" de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas y de su esposa, Patrocinio Sierra, ambos imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial en un auto dictado el pasado 3 de marzo confirma las medidas de carácter personal adoptadas por la juez Mercedes Alaya contra Patrocinio Sierra, entre ellas la prohibición de salir de España, con retirada de pasaporte y DNI.

La Audiencia recuerda que, en el auto recurrido, la juez Alaya imputó a Sierra el posible beneficio del pago de tres millones de euros que la familia Ruiz-Mateos habría realizado a su marido por haber conseguido la aprobación y financiación pública de cinco ERE de empresas del Grupo Nueva Rumasa, beneficio que habría conseguido "a través de pagos mensuales de sumas que oscilaban entre los 20.000 y los 25.000 euros y que en alguna ocasión ella misma llegaría a recoger de la casa" de José María Ruiz-Mateos.

En segundo lugar, rememora la Audiencia, la instructora le imputó el posible beneficio obtenido por su indebida inclusión en el ERE de Hitemasa, empresa "para la que nunca trabajó", y por la cual recibiría, "al igual que su esposo, que tampoco fue empleado de ella, una cantidad superior incluso a la que fijaba el certificado individual, ascendente a 227.509 euros". La Audiencia rechaza el recurso de Sierra porque, "de forma provisoria, existen datos que apuntan a la existencia de hechos que pudieran tener relevancia penal y que merecen ser objeto de la necesaria investigación".

En relación al blanqueo de capitales y el alegato de que se haya "criminalizado lo que es la mera ganancialidad de un matrimonio", la Sala afirma que "los datos proporcionados" por la Guardia Civil en uno de sus atestados "analizando el más que llamativo incremento patrimonial de dicho matrimonio, teniendo en cuenta las otras imputaciones concretas que se han efectuado contra Patrocinio Sierra, no precisa de mayor fundamento para justificar que la instrucción debe continuar".

A juicio de la Audiencia, "alegar en este momento el desconocimiento de Patrocinio acerca de las presuntas actividades de su marido, alegación que se hace por su defensa, no propiamente por la imputada que se acogió a su derecho a no declarar, no puede impedir que el curso de la instrucción contra la misma deba proseguirse", por todo lo cual considera las medidas de naturaleza personal adoptadas "sobradamente" justificadas.