La Fiscalía Anticorrupción de Sevilla se siente marginada por la juez Alaya en el caso de los ERE y considera que por ello no puede situarse con claridad respecto al mismo. Según El País, "la juez Mercedes Alaya ha marginado desde el principio de la instrucción a los dos fiscales de la causa, que cada cierto tiempo presentan escritos de queja por esta manera de instruir tan personalista de la magistrada".
El último, este miércoles. En él, pide a la juez que la Guardia Civil, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Seguros fijen el mapa del caso a través de las tres investigaciones que en paralelo desarrollan estos organismos en auxilio del juzgado y como expertos.
La fiscalía quiere además que la Guardia Civil le remita un informe con las entradas y registros practicados desde el inicio de la causa, y la "documentación pendiente de analizar". Para situarse, los fiscales reclaman un listado de las declaraciones tomadas a testigos e imputados pendientes de incorporar a los informes de seguimiento, además de un calendario con las fechas de ejecución y entrega de los informes de seguimiento relativos a las ayudas sociolaborales -para los ERE subvencionados por la Junta- y ayudas directas a empresas. Es decir, saber en qué punto se encuentra la causa, qué subvenciones se han revisado, cuáles se van a acometer en breve y cuáles se pospondrán para futuras fechas.
Según el diario de Prisa, los agentes de la Unidad Central Operativa ni siquiera han analizado el 10% del total de los expedientes pendientes de revisar. Los investigadores deben revisar uno a uno todos los expedientes subvencionados por la Junta entre 2000 y 2010. Y entre ayudas directas y ERE, la Consejería de Empleo subvencionó 290 expedientes. Por ello, los fiscales piden que los informes del seguimiento de las empresas, que se aclaren cuando recibieron las ayudas, y si "procedieron a realizar negocios de transmisión de acciones/participaciones o de bienes de propiedad" de estas firmas.
Pero al tiempo que exige celeridad y diligencia, la fiscalía incrementa el trabajo de la juez Alaya al pedirle que impute a otras dos personas en la instrucción, que ya eleva los acusados a 144 personas. Una de ellas es Francisco Jardón, presidente de la patronal Aselip, que aglutina a las empresas de la limpieza pública que participó en la negociación que afectó a la empresa Cespa, y que derivó en la subvención de unas pólizas para solucionar el conflicto de la limpieza en Granada. Tanto Cespa como FCC Medio Ambiente recibieron 452.000 euros de la Junta para que dicha huelga de limpieza concluyera. Según determinó Alaya, ambas firmas "serían indiciariamente conocedoras de su ilegalidad y no objetaron nada a la irregular forma en que fueron receptoras de las cantidades -del erario público-".
La otra es Juana Mancilla, "persona que participó activamente en facilitar los pagos realizados por la Junta a las sociedades del sector de limpieza de Granada Cespa y FCC". Asimismo, el fiscal exige que el imputado Álvaro Mollinedo, de FCC, sea declarado responsable civil por esta parte de la causa.
Además, Anticorrupción ha pedido a Alaya que reclame las diligencias sobre el uso de las transferencias de financiación, herramienta de pago para los ERE, que posee el juez del caso Invercaria, Juan Gutiérrez, que estudia las inversiones de Invercaria y otras nueve empresas públicas relevantes como RTVA o Egmasa mediante este mecanismo. También quieren conocer la documentación remitida por la Cámara de Cuentas al Juzgado de Instrucción 16.