Tal y como anticipó Libertad Digital a partir de una entrevista con Juan Francisco Algarín, uno de los encarcelados en el caso ERE y considerado un mensajero y testaferro de la trama, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha informado a la juez Alaya de la existencia de una trama de facturas falsas paralela a la trama de los ERE y relacionada con ella.
En el nuevo atestado informa a la juez de nuevos datos que indican que Juan Lanzas, uno de los conseguidores de los ERE y su cuñado Ismael Sierra, obtuvieron la "presunta colaboración" de "personas vinculadas a una gestoría" para obtener los datos fiscales y la documentación de empresas para hacer facturas falsas.
Desde dicha gestoría, afirma El Mundo, la facilitaron a a Lanzas y a su cuñado los datos de esas empresas para confeccionar, "sin el conocimiento de éstos [los empresarios y clientes de la gestoría- la facturación ficticia".
De ese modo, como recoge la juez un reciente auto, se pudo blanquear el dinero las comisiones cobradas en el circuito financiero legal. La juez pone de ejemplo dos cheques bancarios, en un archivo adjunto a un correo electrónico enviado por el cuñado de Lanzas a un correo electrónico de un posible empleado de La Caixa y "descubierto con motivo de la entrada y registro" al domicilio del cuñado de Lanzas. Tales cheques fueron emitidos por la empresa pública Mercasevilla a nombre de un trabajador autónomo llamado Francisco José L.G. por importe de 57.091,95 euros, y de la sociedad Promociones y Construcciones Castellsur 2015, SL por 40.830,98 euros.
Según la juez, la trama presuntamente liderada por Lanzas habría usado los datos fiscales del trabajador autónomo y de la empresa, sin su conocimiento, para emitir facturas falsas a Mercasevilla y que esta sociedad, participada por el Ayuntamiento de Sevilla y el Estado, dio via libre al pago mediante talones por trabajos supuestamente ficticios.
Alaya investiga ahora si ambos cheques, fechados el 17 de diciembre de 2008 y que juntos suman 97.922,93 euros, fueron cobrados y por quiénes. También pide la identificación de los empleados que participaron en estas operaciones, si los talones fueron cobrados en efectivo o se ingresaron en cuentas, y en tal caso, en cuáles.
Lo que dijo Algarín a Libertad Digital
En la entrevista mantenida con Libertad Digital, Juan Francisco Algarín, uno de los correos y testaferros que entregaban sobres con dinero en el caso de los ERE, sostuvo que en realidad el dinero que él llevaba a Juan Lanzas y, a veces, a personalidades del PSOE, procedía del importe de facturas falsas que se elaboraban en la oficina de Eduardo Leal del Real, imputado en el caso, a petición de una gran cantidad de empresas, más de cien, aseguró.
Según su testimonio, no todas ellas estaban inmersas en Expedientes de Regulación de Empleo ni todas ellas están radicadas en Andalucía aludiendo a que la red, tejida por Antonio Albarracín, cerebro del operativo junto con Juan Lanzas, tenía oficinas en Madrid, Barcelona y Bilbao llegaba, al menos, hasta Asturias y País Vasco.
En la entrevista detalló el mecanismo concertado para la que podría ser otra trama del caso de los ERE. Algunas de las empresas que deseaban ser afectadas por Expedientes de Regulación de Empleo para eludir costes de despidos y otros gastos, necesitaban facturas falsas para situarse en "números rojos", única situación en que podían acogerse legalmente a un ERE.
El entramado Albarracín-Lanzas-Leal les procuraba facturas falsas que compraban enviando el dinero a las cuentas que el entramado tenía en Sevilla. Posteriormente, cuando recibían la aprobación de la Junta a su ERE y esta se hacía cargo de las prejubilaciones, compensaban el coste de las facturas falsas con el ahorro en el procedimiento de reajuste de la empresa. Este era el modo de acceder al procedimientos de regulación de empleo intermediado por Juan Lanzas, consensuados con CCOO y UGT y sus despachos satélites. Este fue el caso de algunas empresas como Surcolor, Primayor, Dhul y Mercasevilla entre otros.
Las operaciones de falsificación de facturas se hacían todas las semanas y según sus cálculos, el importe ascendía desde el año 2000 al año 2008 a unos 600.000 euros semanales. Esto es, mensualmente el importe falsificado ascendía a casi 2,5 millones de euros. Anualmente, se falsificaban 30 millones de euros por lo que en ese período de ocho años, la falsificación podría haber afectado a 240 millones de euros, importe que supera con mucho al montante calculado del dinero desviado en comisiones de los ERE, que no llega siquiera a los 160 millones de euros.
UGT, CC.OO y la trama de facturas falsas
Trabajos de asesoramiento ficticios, facturas que no guardaban relación alguna con el objeto de las subvenciones y sustanciosos "pagos sistemáticos", mediante transferencias bancarias, a federaciones y agencias de corredurías de seguros vinculadas a UGT y CCOO por servicios que ni siquiera prestaban, aparecieron ya en potro atestado del Grupo de Delincuencia Económica de la UCO.
En él, se dibujaba con precisión el modus operandi de la supuesta "financiación irregular" de las organizaciones sindicales con cargo a los fondos de la Junta de Andalucía para pagar prejubilaciones.
Según los investigadores de la UCO, que dedicaron 66 páginas a desmenuzar el "papel fundamental" que desempeñaron los actores sindicales en la trama, bajo la fórmula de las facturas falsas se desviaron gran parte de los millones de euros de la Administración autonómica hacia las cuentas corrientes de CCOO y UGT. Alaya investigaba entonces también la contabilidad de la federación ugetista de Andalucía por la supuesta apropiación, mediante facturas falsas, de ayudas de formación y empleo concedidas por la Junta, caso que ha debido ceder a otro juzgado por orden de la Audiencia Provincial de Sevilla.
Alaya investiga una sede del PSOE
La juez que instruye el caso ERE investiga demás si la trama de comisionistas que supuestamente lideraba el conseguidor Juan Lanzas pagó una sede al PSOE mediante una transferencia de 42.000 euros cuyo ordenante no se identificó. Por ello quiere conocer el origen del dinero que el 25 de julio de 2008 se ingresó en una cuenta corriente del Ayuntamiento de Albanchez de Mágina (Jaén), municipio natal de Juan Lanzas, con el concepto "pago piso PSOE". Previamente, el Partido Socialista había resultado adjudicatario de la vivienda en una subasta convocada por el Ayuntamiento.
La portavoz del PSOE de Albanchez de Mágina, Francisca Pérez Marín, que representó al partido en la subasta, aseguró ayer que Lanzas "no tuvo nada que ver" con el pago de la sede local de la formación, pero, informe El Mundo, que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha advertido a la juez Mercedes Alaya de "nuevas informaciones que desvelarían la presunta participación de Juan Lanzas en la operación de compra de un inmueble sito en la calle Federico García Lorca número 7 de Albanchez de Mágina".
De los tres inmuebles que hay en dicha dirección, la UCO se refiere a un piso adquirido por el PSOE. Alaya quiere que la caja de ahorros de Granada –ahora integrada en Banco Mare Nostrum– aporte "la identidad de la persona (aportando filiación completa y fotocopia del documento nacional de identidad en su caso) que efectuó el día 25/07/2008 a las 13:37:56 horas en la oficina 0226 sita en la localidad de Albanchez de Mágina, la operación de abono (…) por importe de 42.000 euros que corresponde al pago de la sede del PSOE.
Cómo hacerse con un piso oficial
El Ayuntamiento de Albanchez de Mágina era el propietario del inmueble situado al principio de la calle Federico García Lorca, en un tramo de escalones. El edificio, situado a pocos metros de la plaza del Ayuntamiento, albergaba el mercado de abastos en la planta baja, un consultorio en la primera y la casa del médico en la segunda planta. En el mandato 2003-2007, el Consistorio aprobó la enajenación de parte del inmueble como "bien patrimonial" y en 2008 se convocó una subasta pública: la planta baja, la del mercado, seguiría siendo municipal mientras que la primera y segunda salían a la venta.
La fortuna del PSOE fue que en esa subasta parte del inmueble fue a parar a sus manos. El PSOE local dice que el piso se pagó mediante un préstamo solicitado por ella y por el entonces secretario de administración del PSOE local, Antonio Martínez López, y que en 2010 se hipotecó la sede para cancelar el préstamo anterior y "regularizar la situación", ya que ella y su compañero figuraban como avalistas.