El exinterventor de la Junta dice que Chaves pudo frenar la ilegalidad de los ERE

El ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez, ha echado un capote al Gobierno andaluz en el debate jurídico sobre el procedimiento utilizado para pagar los ERE. Ahora defiende la tesis de la legalidad del mecanismo de las transferencias de financiación y la partida 31-L o fondo de reptiles, a pesar de que él mismo emitió 15 advertencias sobre su falta de idoneidad.

Por otro lado, acusa al gobierno de Manuel Chaves de impedir que se acabara con la discrecionalidad. Además, critica la "benevolencia" de la Intervención del Estado con la Cámara de Cuentas de Andalucía, que tampoco puso reparos al procedimiento.

La responsabilidad de Chaves y Zarrías

Según El País, "Gómez ha sembrado una duda fundamental que puede dañar la imagen del Ejecutivo autónomo que en 2000 lideraba Manuel Chaves: justo antes de iniciarse el fondo, la Consejería de Empleo presentó un decreto para regular las ayudas y acabar con la discrecionalidad, y sin embargo esta iniciativa fue frenada antes de llegar al consejillo, la sesión preparatoria del Consejo de Gobierno en la que participan todos los viceconsejeros y que presidía el exconsejero de Presidencia y secretario federal de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías".

Dicho de otro modo, Manuel Chaves tuvo en sus manos el poder y el método para impedir la arbitrariedad y la irregularidad de las ayudas a empresas y a trabajadores del caso de los ERE pero no lo ejerció. Es más, alguien frenó la inciativa en un consejillo de gobierno previo que presidió Gaspar Zarrías, consejero de Presidencia. Por tanto, el acta de aquel "consejillo" se antoja fundamental.

El exinterventor se refiere a dos intentos que la Consejería de Empleo acometió en 2000 y 2004 para regular el sistema de ayudas y acabar con la discrecionalidad y opacidad en las ayudas. "Resulta inexplicable que los órganos competentes no llegaran a poner en marcha sendos proyectos que (...) a todas luces habrían, si no impedido, al menos, dificultado extraordinariamente los fraudes", resalta el escrito. El proyecto de decreto de 2000 se elevó para el consejillo, pero se frenó antes.

Zarrías dijo el lunes que "no recuerdo por qué se pararía. No tendría los informes correspondientes de gabinete jurídico o Presupuestos. Ningún papel entraba si no contaba con todos los documentos".

Hace dos años, el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, declaró ante la Guardia Civil: "Intentamos regular la forma de concesión de las ayudas a través de órdenes y borradores que nunca prosperaron". Guerrero puntualizó que estos borradores de órdenes se llevaron al consejillo, pero "nunca se trataron".

El exinterventor no hizo lo que debía

Es sabido que la Junta acusa al exinterventor de emitir un informe de actuación y que la juez Alaya, que lo ha imputado, considera su responsabilidad en el escándalo. Pero ahora, en escrito presentado ante la juez, Gómez dice que los peritos de la Intervención General del Estado y la juez incurren en un "inmenso error" al calificar de "ilegales" las transferencias de financiación El escrito es un contrapeso a las graves acusaciones de la Intervención del Estado, que en un voluminoso informe censuró el pasado diciembre la gestión del fondo de reptiles.

En el sumario puede comprobarse que la Intervención del Estado señala al exinterventor de la Junta como responsable de una negligencia caapital por no haber emitido el informe de actuación que correspondía. Y lo dice de este modo:

"La Intervención General de la Junta de Andalucia (IGJA, tal como la misma ha manifestado, no apreció indicios de menoscabo de fondos públicos en el entorno de los gastos de la entidad auditada, y consideró que las irregularidades cometidas las generaba la Consejería de Empleo y no IFA-IDEA. Por ello entendió que no procedía la emisión del informe de actuación. Sin embargo, aquellos informes de Control Financiero Permanente (fiscalización de la Agencia IFA-IDEA, a posteriori de sus actuaciones) pusieron de manifiesto:

1. Que en el proceso de concesión de subvenciones por parte de la CEM se estaban produciendo graves irregularidades, las cuales se recogen en los informes como hechos relevantes.

2. Que entre dichas irregularidades, la IGJA había destacado el hecho de haberse prescindido absolutamente del procedimiento legal establecido para la concesión de ayudas sociolaborales.

3. Que IFA-IDEA actuaba, aunque fuera de manera irregular, como entidad colaboradora de la CEM, efectuando el pago material de dichas ayudas.

De todo ello se deduce que la IGJA puso de manifiesto que IFA-IDEA participaba, como entidad colaboradora, en un sistema irregular de gestión de subvenciones, mediante el pago de las ayudas.

Por ello, en nuestra opinión, era de aplicación la obligatoriedad legal de la IGJA de emitir el informe de actuación a que se refiere el artículo 12.5 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, dado que las actuaciones de IFA-IDEA como pagador, "pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos", al materializar el proceso de gestión de las ayudas que, de forma irregular, comenzaba la Consejería de Empleo".

El exinterventor y la Cámara de Cuentas

¿Ignoraba la Cámara de Cuentas que las transferencias de financiación que nutría el fondo de los ERE se usaban de manera ilegal para amparar subvenciones finalistas a empresas y colectivos laborales? El exinterventor Gómez trata de demostrar en su escrito a la juez que los diputados del parlamento andaluz conocían que el uso de esa partida era para conceder ayudas a las empresas.

Por ello, el exinterventor, acusado directamente por la Intervención del estado, clama contra su "inexplicable benevolencia" hacia la Cámara de Cuentas: "El comportamiento de la Cámara, en relación con el Programa 31L, se ha caracterizado por la absoluta pasividad que no podemos por menos que calificar como de auténtica desidia, al dejar de realizar durante 10 años las actuaciones que estaban dentro de su ámbito de competencias respecto al citado programa".

No cabe duda de que los estados de gastos del Presupuesto y la Cuenta General aclaraban que la función del fondo de los ERE era otorgar subvenciones sociolaborales, y no cubrir las pérdidas de la agencia Idea (pagadora de las ayudas): "No cabe negar la contundente evidencia de que los Presupuestos de la Junta del periodo 2002-2010 establecían un destino determinado de dichas transferencias".