El PSOE ha tardado pocos minutos en contestar a la juez Alaya por la millonaria fianza impuesta a Magdalena Álvarez en el caso de los ERE. Desde el partido, que se ha mostrado en los últimos meses muy crítico con Alaya, han insinuado desde motivos políticos hasta problemas mentales de la juez que está instruyendo el escándalo.
A la cabeza se ha puesto el expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, que compartió tareas de gobierno con la exministra de Fomento.
"No me sorprenden este tipo de autos de la jueza Alaya, y en este caso particularmente próximo a las elecciones europeas. Nos vamos a encontrar con más autos de este tipo", ha afirmado Chaves antes de asistir a una reunión de la Comisión de Defensa del Congreso.
Chaves también ha censurado el "afán justiciero" de la jueza del caso de los ERE en Andalucía que, a su juicio, toma decisiones en contra del "honor de personas inocentes", a pocas semanas de las elecciones europeas.
Presiones de la Junta
A él se ha unido el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, que ha calificado como "excesiva la cantidad" de 29,5 millones de fianza civil para Álvarez. Tras un acto con los sindicatos, Vázquez se ha pronunciado sobre el auto: "La tónica habitual de este Gobierno es no valorar los autos, pero es verdad que la cantidad parece excesiva", ha señalado Vázquez, que no obstante ha optado por "mantener la prudencia y cautela" del Gobierno andaluz en este asunto y ha insistido en la necesidad de "dejar trabajar a la justicia y que lo haga con celeridad".
Por su parte, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, afirmó esta mañana que "a cualquier andaluz que se le pregunte le puede parece exagerada" la fianza civil.
Además, el portavoz del PSOE en Andalucía, Mario Jiménez, ha insistido en estas críticas. En su opinión, autos como el de este miércoles parecen obedecer a una "orientación casi exclusiva a intentar a cualquier precio encontrar delito en actuaciones administrativas".
Alaya "desbarra", dice el PSOE-A
Por su parte, el diputado socialista en el Congreso y exconsejero de la Junta, Manuell Pezzi, ha llegado a insinuar que la juez no está bien de la cabeza. Según ha dicho, pensar que el Gobierno andaluz tomaba decisiones "para enriquecer a Guerrero" es algo que "sólo se le puede ocurrir a una persona enferma".
Pezzi dijo asimismo a Europa Press: "Estoy muy consternado por el hecho de Magdalena Álvarez pero también por cómo se está llevando el caso, está desbarrando (la juez) y la prueba del algodón es que no se ha atrevido a elevar al Tribunal Supremo o al TSJA las causas que afectaban a aforados y que no tienen más privilegio que ser juzgados por el juzgado que les toca".
Pezzi, que fue compañero de Álvarez en el Gobierno andaluz, confía en la inocencia de la actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, "por supuesto", y ha añadido que "pensar que nos reuníamos en un Gobierno para proponer proyectos de ley falsos o para tomar decisiones para enriquecer a Guerrero, a su suegra o a su primo hermano es de una capacidad cerebral pasmosa".
"Solo se le puede ocurrir a gente enferma", insistió el diputado socialista, que ha subrayado que durante los seis años que fue miembro del Gobierno andaluz "siempre" se ha encontrado con "buen hacer y buen trabajo". Hay que recordar que cuando fue consejero de Medio Ambiente entre 1994 y 1996, saltó el escándalo de la Caja de Ahorros de Jerez, que hizo desaparecer de su circuito informático un préstamo que hizo años antes a 32 dirigentes socialistas de Cádiz, incluido Manuel Chaves, y que nunca fue pagado. Posteriormente, fue consejero de Educación cuando ya Andalucía sufría un fracaso escolar insoportable.
A estas declaraciones hay que unir que el PSOE de Andalucía ha expresado este mismo miércoles su preocupación por que la instrucción del caso de las irregularidades en expedientes de regulación de empleo no esté respondiendo "al sentido común".
La supuesta enfermedad o falta de sentido común de la juez Alaya se fundamenta, según el PSOE andaluz, en que está suponiendo que quienes han cometido irregularidades no lo van a pagar o supone que el dinero público defraudado no se va a recuperar. Recuérdese que del total del dinero usado irregularmente, 850 millones de euros según la Intervención General del Estado hasta 2011, poco podrá recuperarse. Y de los casi 150 millones defraudados, a finales de 2013, se estaba en fase de apremio para recuperar 6.