Un auto de la Audiencia Provincial de Sevilla libera a la juez Alaya de investigar las irregularidades descubiertas en la contabilidad de UGT-A, con el presunto desvío de subvenciones públicas para gastos ajenos al objeto de dichas ayudas y el falseamiento de facturas para justificar el gasto de tales subvenciones, ya que entiende que esta investigación no guarda relación alguna con el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
Realmente, aunque ambos son sistemas de financiación del sindicato socialista, el caso de los ERE está muy acotado judicialmente por su relación con procedimientos administrativos y el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía así como dos consejerías decisivas, la de Empleo e Innovación (como se llamaban en su día). Sin embargo, el caso de las facturas falsas de UGT Andalucía tiene más que ver con procedimientos contables fraudulentos, falsificación de documentos mercantiles y fraude fiscal, entre otras cosas.
De haberse puesto el acento no en los ERE como tales, sino en el uso de subvenciones, tal vez la juez Alaya podría haberse quedado con el caso. Tanto en el caso de los ERE como en el caso de UGT-A, lo que hay en juego son los dineros de unas ayudas y subvenciones que no se han aplicado adecuadamente a los fines que se debía sino que se han desviado de sus objetivos legales.
La Audiencia estima de este modo el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción y acuerda que la magistrada abandone esta investigación en torno únicamente a las facturas de UGT y que las distintas denuncias que le fueron llegando de Manos Limpias sobre este asunto vuelvan al Decanato para su reparto entre otros juzgados. Pero fue la misma fiscalía la que sostuvo que la Audiencia Nacional se inhibiera en favor de la juez Alaya.
Retrasos, repartos rechazados y otras anomalías
Finalmente, el juez García Vélez devolvió al Decano de los Jueces de Sevilla las ampliaciones de la denuncia de Manos Limpias. Estas ampliaciones hacían referencia a la denuncia contra los dos últimos máximos dirigentes de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, por cargar a la Junta y a fondos para mujeres discriminadas los gastos de una asamblea de delegados y la recepción en su caseta de la Feria.
La Fiscalía embrolla el caso
Aunque la Fiscalía de Sevilla amagó con hacerse cargo del caso y luego subió hasta el juez Pedraz, lo cierto es que el juez decano de Sevilla tuvo que decidir qué hacía con este asunto. Y finalmente, decidió que lo llevara la juez Alaya por razones de economía y conectividad en vez de trocear el caso en juzgados diferentes, lo que hubiera sido algo insólito. Ahora, le vuelve la patata caliente tras la decisión de la Audiencia Provincial.
El Ministerio Público advertía en su recurso, parcialmente estimado ahora, de que, a fin de evitar posibles nulidades, la competencia para investigar las facturas de UGT no era de la juez Alaya, sino del juez "predeterminado por Ley", esto es, el juez que primero recibió la denuncia. el ya mencionado Juan Jesús Vélez que ya en su día planteó una cuestión de competencia al juez decano, quien tras estudiar la situación decidió dar traslado de la denuncia a la juez Mercedes Alaya, quien "conoce de los mismos hechos por razones de investigación judicial con anterioridad" a Instrucción 9.
El juez decano de Sevilla, al asignarle el caso a Mercedes Alaya, valoró que "el conocimiento previo de los hechos prima" sobre la fecha de incoación de las diligencias por parte de Instrucción 9, que es anterior a la fecha en que Alaya abrió las citadas diligencias declaradas secretas en septiembre.
Es decir, y según el criterio adoptado en su día, se entendía que la denuncia de Manos Limpias guardaba relación con las diligencias incoadas en septiembre por Alaya acerca de sobrecomisiones cobradas por UGT y CC.OO en el caso de los ERE, por lo que la misma y las sucesivas denuncias fueron incorporadas a las diligencias secretas abiertas por la magistrada y que derivaban de la operación 'Heracles'.
Pedraz se inhibió por petición de la Fiscalía
Resulta curioso que la Audiencia sevillana haya decidido retirar a la juez Mercedes Alaya únicamente la investigación sobre las facturas falsas de UGT denunciadas por Manos Limpias mientras que, recuérdese, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidió remitir el pasado mes de diciembre a Alaya la investigación sobre la participación del secretario general de UGT Cándido Méndez y el tesorero Antonio Retamino en la presunta financiación del sindicato a través de fondos destinados a la formación, caso similar al de Sevilla.
Pero es más. El magistrado Pedraz siguió así el criterio del Ministerio Público, que le solicitó en un escrito que se inhibiera a favor de la magistrada, que el pasado mes de diciembre ordenó incluso registrar la sede central del sindicato UGT Andalucía y las sedes de varias empresas relacionadas con los cursos de formación de UGT.
Ahora tendrá que ser de nuevo el Juzgado de Instrucción número 9, el primero en incoar diligencias tras la primera denuncia por las facturas de UGT interpuesta por Manos Limpias, el que se quede con el grueso de la investigación.