A finales de esta semana vence el plazo de un mes que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dio a cinco colegios para que aplicaran los autos que establecían que el castellano debía estar en al menos un 25% del horario lectivo; esto es, en una de cada cuatro asignaturas. El TSJC estableció medidas cautelares para que esto se llevara a cabo; por tanto, estas resoluciones judiciales son de ejecución inmediata, no hay que esperar a que haya sentencia firme.
Sin embargo, Fundació Escola Cristiana -cuyo patronato preside el cardenal Lluís María Sistach- afirmó este lunes, después de que uno de los centros afectados (Escola Pia de Sarrià en Barcelona) se personara en el proceso, que "al haber un nuevo actor se podrían paralizar las medidas cautelares hasta que se resuelvan los recursos". Este martes cuatro de los cinco centros, que pertenecen a esta fundación, anunciaron que mantendrán la inmersión.
En un comunicado, Fundació Escola Cristiana recordó que el tribunal catalán ha admitido la personación a la causa de uno de los centros, y ha dado un plazo para presentar un recurso, después de que solicitaran ser parte del proceso y la suspensión de la interlocutoria. La patronal espera la respuesta de los otros tres centros y, en el caso de que se agote el plazo sin que el tribunal se haya pronunciado, se le informará de "las dificultades de ejecutar la interlocutoria y de otras circunstancias", a la vez que reiterarán la voluntad de las titularidades y de las asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampa) de presentar recurso.
"No se prevé, por ahora, cambiar el normal desarrollo de la actividad académica de los centros ni de sus usos lingüísticos", argumentó Escola Cristiana, que agregó que este planteamiento es unánime en las cuatro titularidades de los centros afectados y se hace de acuerdo con la fundación y la Consejería de Enseñanza de la Generalidad. La fundación confió en que, mediante los recursos y otras actuaciones jurídicas, podrán mantener el modelo lingüístico en los centros, lo que se ajusta plenamente a la legislación educativa catalana que defienden, porque es un modelo que garantiza la cohesión social, defendieron.
El lunes por la tarde los directores de los centros afectados se reunieron de forma extraordinaria en la Consejería, en un encuentro al que asistió la consejera Irene Rigau y en el que analizaron el impacto que las respuestas del TSJC pueden tener en el calendario la aplicación o suspensión de las interlocutorias. Estas cuatro escuelas presentaron un escrito el 17 de febrero ante el TSJC al considerar que los propietarios de los centros son las titularidades y no los directores, a quienes se dirigía el tribunal catalán para que ejecutaran los autos, motivo por el que solicitaron ser parte del proceso para poder defenderse.
"Anuncio público de la comisión de un delito"
El presidente de Convivencia Cívica Catalana, entidad a través de la cual estas familias recurrieron a la justicia, recuerda que este comunicado supone "un anuncio público de la comisión de un delito de desobediencia a los tribunales". Francisco Caja, a modo de advertencia, indicó que "si se dejan aconsejar por la señora consellera, no sólo ella comete un delito de desobediencia sino que les embarca a estos directores en la comisión de un delito". Manifestó que éste lleva acarreadas penas de inhabilitación para el desempeño de cargo público. Los directores de los centros, al no ser estos privados, podrían verse afectados.
Caja adelantó que su entidad ha solicitado ya que el tribunal "requiera a los directores" para que ejecuten sus autos.