El marroquí Rafa Zouhier fue condenado a diez años de prisión en el macrojuicio por el atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 en Madrid. El próximo 16 de marzo abandonará el centro penitenciario en el que ha estado cumpliendo su condena, convirtiéndose en el primer condenado en salir de prisión. Lo que le esperaba a continuación era la expulsión inmediata del país, que fue dictada en julio de 2009.
Su boda con una ciudadana española, celebrada el 8 de septiembre de 2013 en un juzgado de la localidad gaditana del Puerto de Santa María, podría ahora evitar esta expulsión, según informa este domingo el suplemento Crónica de el diario El Mundo. El derecho comunitario le daría ahora la posibilidad de seguir residiendo legalmente en España.
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha reaccionado ya antes estos hechos y ha solicitado que si no se puede expulsar a Zouhier por el artículo 57.2 de la ley de extranjería, que recoge como causa de expulsión del país que "el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año", se le expulse por la aplicación del artículo 15.1.c del Real Decreto 240/07.
En este caso, el articulado que un ciudadano de la Unión Europea y los miembros de su familia con derecho de residencia permanente en España sólo pueden ser expulsados, independientemente de su nacionalidad, "si existen motivos graves de orden público o seguridad pública", lo que según el escrito de la asociación de víctimas, recogido por el diario El Mundo, sí sucedería. "Puede suponer una grave situación de escándalo en la sociedad española pudiendo llegar a generar graves alteraciones del orden público", dicen textualmente.
Además, la Brigada de Extranjería de la Comisaría de la Policía Nacional en el Puerto de Santa María, localidad a la que pertenece la prisión en la que cumple condena Rafa Zouhier, está elaborando un informe sobre la posible expulsión del condenado marroquí que, de ser favorable a la misma, trasladaría la responsabilidad de dar la orden definitiva a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.
