Miguel Novoa, ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cartaya por el PSOE y ex director general de la empresa pública Gestión Integral Aguas Costa de Huelva -Giahsa-, fue el cerebro de la operación por la que en otoño de 2012 la compañía valenciana Aguas de Valencia se adjudicó la gestión privada de 19 depuradoras de la provincia de Huelva por 32,7 millones de euros durante un período de cuatro años, ampliable a otros dos.
Ahora, Novoa ha sido contratado por Aguas de Valencia en calidad de delegado en Huelva de la compañía y, de hecho, la representa en la licitación que el Ayuntamiento de San Juan del Puerto ha puesto en marcha este mes para la privatización del servicio domiciliario de aguas.
Según Huelva Información, Novoa aduce que su actividad actual corresponde "al ámbito privado", argumento tras el que se escudó para no hacer más declaraciones. "Ahora no tengo nada que ver con lo público -aseguró Novoa- y, como cualquier ciudadano, no tengo que dar explicaciones sobre asuntos que afectan estrictamente a mi vida privada".
Lo cierto es que un responsable público socialista, Novoa, pasa a desempeñar funciones en una empresa con la que ha cerrado acuerdos previos. La operación se consumó, de hecho, hace poco más de un año cuando Novoa hacía labores gerenciales en la empresa pública bajo el paraguas del PSOE, un puesto que abandonó en diciembre pasado tras el cambio llevado a cabo en la cúpula de Giahsa.
El 25 de octubre de 2012, los presidentes del Grupo Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig -vinculado al caso Nóos y denunciado por fraude por el Banco de España- y de la empresa pública onubense Giahsa, Gonzalo Rodríguez Nevado, firmaron en Aljaraque, sede de esta última, el contrato por el cual la empresa valenciana gestionaría un total de 19 estaciones depuradoras y 120 estaciones de bombeo distribuidas en 22 municipios de las comarcas de la Costa, Condado y Andévalo.
La Sociedad Española de Abastecimientos SA -perteneciente al Grupo Aguas de Valencia- recibirá de Giahsa por sus servicios 32,7 millones de euros por los cuatro años que dura el contrato, una cantidad que sería bastante superior en caso de aplicarse la prórroga de dos años estipulada en el contrato. A su vez, Aguas de Valencia adelantó el pago de 15 millones de euros a Giahsa en concepto de canon por la utilización de sus instalaciones, cantidad que se mantendría inalterable aun cuando se aplique la citada prórroga.
Aguas de Valencia está participada en un 60% aproximado por Inversiones Financieras Agval, sociedad cuya propiedad corresponde a partes iguales al Banco de Valencia y a Eugenio Calabuig, si bien éste posee la mitad más una de las acciones, lo que le da el control de la sociedad por él presidida. El restante 40% del accionariado se divide entre pequeños accionistas -con casi un 7%- y la firma Suez Environnement, con un 33%, aunque esta última está ausente del consejo de administración de Agva por el veto del resto de accionistas y ajena, por tanto, a la toma de decisiones.
La oferta económica de Aguas de Valencia por la gestión de las depuradoras onubenses ascendió a 32,7 millones de euros, aunque el tipo establecido en el pliego era de 33,7 millones. Compitiendo con otras ocho empresas, la propuesta de Aguas de Valencia obtuvo una puntuación de 96,51 puntos sobre cien, sumadas la oferta técnica, la oferta económica y el canon, que ascendía al máximo contemplado en el pliego: 15 millones de euros. Ahora, el artífice de aquello, el socialista Miguel Novoa, trabaja para Aguas de Valencia. Otra coincidencia.
El contrato establecía que el personal de Giahsa que pasase a Aguas de Valencia conservaría las condiciones sociolaborales de la empresa pública, de manera que "estarían unidos a las condiciones Giahsa", y regresarán a ésta una vez que haya finalizado el contrato. iones de bombeo distribuidas en 22 municipios onubenses.