Carmelo Gómez: el último socialista próximo a Díaz implicado en los ERE

El parlamentario andaluz Carmelo Gómez, miembro de la Ejecutiva del PSOE-A que dirige Susana Díaz en la secretaría de Formación y nuevos afiliados, recibió una beca fantasma pagada con dinero de los ERE.

Susana Díaz va acumulando a su alrededor militantes con problemas judiciales o sospechas de irregularidades. Junto al imputado Antonio Maestre, ex alcalde de Los Palacios, al que mantiene en la Ejecutiva de Sevilla, se encuentran José Caballos, principal factótum político de todo lo ocurrido en la Sierra Norte de Sevilla, investigada en los ERE. Además, hace unos días saltaba el caso de Fernando Rodríguez Villalobos, uno de sus principales valedores y actualmente presidente de la Diputación de Sevilla, señalado por el ex director general Francisco Javier Guerrero como conocedor de la "cocina" de los ERE. Tampoco se libra de sospecha el actual consejero de presidencia, Manuel Jiménez Barrios, que, cuando fue alcalde de Chiclana, se benefició de las ayudas irregulares comprendidas en el caso de los ERE. Esto sin mencionar a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán y a los 20 altos cargos de la Junta. Ahora, salta el nombre del parlamentario Carmelo Gómez.

Gómez figura como alumno fantasma en un curso de experto universitario que se sufragó con cargo al fondo de reptiles y que la Junta ya ha declarado nulo. ABC subraya que el diputado socialista asegura que él no ha realizado el curso, pero en el registro oficial de la Universidad de Sevilla consta que una persona llamada exactamente igual que él y con su mismo NIF no sólo se matriculó, sino que retiró el título a la conclusión. Así ha justificado la Hispalense la ayuda ante la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

30.000 euros para una beca fantasma

El 20 de septiembre de 2007, el director general de Trabajo y Seguridad Social, Javier Guerrero, concedió una subvención de 30.000 euros a la Universidad de Sevilla para el desarrollo de la segunda edición del Máster Universitario en Gestión Integrada de Asociaciones sin Ánimo de Lucro: Fundaciones y ONG, que se impartió durante el curso 2007/2008. Los fondos públicos se destinaron a becar las matrículas de 23 de los 24 alumnos inscritos. O sea, sólo pagó uno.

Carmelo Gómez aparece entre los cinco alumnos de la modalidad de experto, y su matrícula -con un coste de 1.425 euros- consta como becada al "100%". Pero Gómez niega haber estado en ese curso, lo que implica que la documentación oficial está equivocada o es falsa.

Gómez dijo que de haber tenido esa titulación de rango universitario, lo habría hecho constar en su currículum profesional. "No vas a encontrarte ese curso nunca en mi currículum", subrayó. Pero la Universidad de Sevilla ha confirmado que Carmelo Gómez Domínguez -que entonces trabajaba en la Sociedad de Informática Provincial (Inpro), dependiente de la Diputación sevillana- consta como "matriculado" en dicho curso. Si él no fue, ¿quién incluyó su nombre en el curso y dónde fue el dinero tomado del fondo de reptiles?

La documentación de la Universidad demuestra que el título de Gómez se expidió el 10 de noviembre de 2008 y que fue recogido el 3 de diciembre de aquel año. "Alguien lo habrá retirado en mi nombre, porque yo no he autorizado a nadie", sostiene Gómez. En la documentación oficial, junto al nombre del alumno aparece el NIF, coincidente con el del parlamentario socialista y miembro de la Ejecutiva que lidera Susana Díaz.

La concesión de la ayuda por parte de la Consejería de Empleo fue solicitada por el profesor Francisco José González Domínguez, -del departamento de marketing y director del propio curso-, quien solicitó el dinero "para emplearlo de forma preferente en ayudas a la matriculación de alumnos".Pero ahora González dice que no sabe si Carmelo Gómez fue o no su alumno.

Además de este, hubo al menos otro profesor en el curso, Carlos Sanz Domínguez, Doctor en Derecho y Profesor Contratado para el Máster.

La ayuda de 30.000 euros concedida a la Universidad de Sevilla por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social es una de las ya declaradas nulas por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, tras el procedimiento de revisión de oficio que puso en marcha después de estallar el escándalo de los ERE. Tras la declaración de nulidad, la Junta puso en marcha el procedimiento para que la Hispalense devuelva los 30.000 euros. Según informó un portavoz, la institución académica presentó el pasado 29 de noviembre un recurso de reposición ante el consejero de Economía.