El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) considera un abuso que la Junta haga de los nombramientos de libre designación en la Administración autonómica un sistema de contratación de afines y exige cambios en los procedimientos que han permitido la incorporación de cargos de confianza de unas 2.300 personas "por afinidad política".
El Sindicato explicó la fisiología de la Junta de Andalucía en su administración anotando que en Andalucía un funcionario del cuerpo superior empieza en el nivel 22 y con el tiempo tiene posibilidad de ascender hasta el nivel 30. Sin embargo, a partir del 25 si quiere subir tiene que tener "afinidad política".
Desde el escalón del nivel 25 los nombramientos se llevan a cabo a través de un procedimiento que la Junta ha generalizado, como es la libre designación. Sin embargo, a nivel del Estado, los puestos de libre de designación se nombran en los niveles 29 y 30, apuntó el SAF.
El procedimiento que se utiliza en Andalucía tiene su base en un Decreto de relación de puestos de trabajo que data de 1986 y que no se ha actualizado. Así, en los niveles desde el 26 al 30 se encuentran alrededor de 2.300 cargos designados directamente, por lo que se está limitando el acceso de los funcionarios a través del concurso de méritos, denunció el presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios, José Manuel Mateo.
SAF, la organización más antienchufista de la Junta de Andalucía, escándalo ante el que guardan silencio UGT y CCOO, explicó que no se trata sólo del personal eventual o externo, sino también de los altos cargos. En Andalucía, en esta circunstancia se encuentran unos 2.300 empleados públicos, y ha sido objeto de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por parte del SAF.
Administración paralela y Ley de "transparencia"
Por otra parte, el máximo responsable del SAF, destaca ABC, mostró su desacuerdo con el anteproyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía, aprobado por el Consejo de Gobierno, del que criticó su "opacidad". Mateo consideró opaco el contenido de la normativa y aseguró que la Junta de Andalucía "no practica la nitidez de información".
En este sentido, recordó que su sindicato "tiene más de una veintena de sentencias que obligan al Gobierno andaluz a facilitar los datos sobre el personal externo", el perteneciente a la "Administración paralela", y ninguno de los fallos judiciales se ha acatado con la excusa de que se vulnera la ley de protección de datos.
En realidad, son 21 sentencias firmes las que dan la razón al Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) en su intento por recabar de la Junta datos del personal externo de la "Administración paralela", por lo que la organización ha decidido recurrir a la vía penal y ha presentado denuncias por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y por el incumplimiento de las fallos judiciales.
Imputación por negarse a dar información
Por ahora han sido imputados dos altos cargos, la directora general de Recursos Humanos y Función Pública, Isabel Mayo López, y la directora general de Planificación y Organización de los Servicios Públicos, Teresa Castilla Guerra, que en próximas fechas tendrán que prestar declaración.