El desvío de subvenciones de la Junta de Andalucía para otros fines parece arrojar, cuando menos, un absoluto descontrol por parte de la Administración andaluza regida por el bipartito PSOE-IU. Al caso de UGT y de la formación en general se une ahora el de la ayuda a una ONG de discapacitados físicos, cuya presidenta, María Ángeles de Cózar, fue Medalla de Oro de Andalucía en 2005, concedida por el gobierno de Manuel Chaves. Tras la investigación judicial por irregularidades al no haber justificado adecuadamente las subvenciones recibidas, ahora, la Junta le reclama la devolución de ayudas por importe de más de un millón de euros.
La medalla de Oro de Andalucía se le concedió por ser "una veterana luchadora por la igualdad de oportunidades para las personas con minusvalías, cuyos derechos ha defendido con constancia y firmeza ante la sociedad y las administraciones públicas. Vinculada desde hace años a los movimientos asociativos en defensa de los discapacitados, ha desempeñado papeles protagonistas en la Asociación de Minusválidos Físicos Arco Iris, la Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos de Cádiz y la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física. También ha sido cofundadora de la Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo y ha dedicado una especial atención a fomentar el asociacionismo de las mujeres con discapacidad".
Una resolución del pasado 16 de octubre reclama a la Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica -CANF-Cocemfe- que devuelva 1.035.000 euros, casi la totalidad de las ayudas para mantenimiento y programas correspondientes al ejercicio 2012 -1.340.000 euros-.
Pero ya resultó escandaloso que la Junta diera una ayuda de 1,34 millones a esta ONG cuando sus actividades ya estaban siendo investigadas por el juzgado y había sido denunciada por los trabajadores que fueron desoídos por la Junta. Fue la entonces consejera de Salud y Bienestar Social y hoy titular de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, la que hizo caso omiso de la presunta gestión delictiva que hacía su directiva.
Entre otras irregularidades denunciadas por sus trabajadores estaba el hecho de que el gerente de la entidad, Francisco López, les había reconocido que una mujer estaba dada de alta en su nombre, al tiempo que advertían de la existencia de al menos otras cinco personas en nómina de la ONG sin que prestaran servicio para ella. Se indaga asimismo si la presidenta Cózar pagaba a su asistenta doméstica como trabajadora de la entidad.
La Consejería de Salud y Bienestar Social abonó a la CANF el 31 de enero de 2013 las citadas ayudas por importe de 1.340.000 euros con la condición de que diera prioridad al pago de las nóminas a los trabajadores, que no cobraban desde abril de 2012, según El Mundo. La concedió porque, según la Junta, lo había justificado todo adecuadamente en 2011. Pero la CANF no había justificado a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo el gasto derivado de la ejecución de otros cinco programas anteriores por los que ya había cobrado 2.529.776,63 euros.
Pero la directiva hizo justo lo contrario. 24 horas después de recibir el dinero, comunicó los despidos a nueve trabajadores de los servicios centrales en Sevilla alegando el "bloqueo institucional" en que se encontraba la entidad debido a los "impagos de las subvenciones y ayudas" de la Junta. Curiosamente, el director general de Personas con Discapacidad es el que fuera vicepresidenta de la CANF, Gonzalo Rivas.