El pasado 21 de enero el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (Málaga) recibió por parte de las autoridades gubernamentales de Bahamas las declaraciones, en calidad de imputados, de Sean Connery y su esposa en relación con el caso Goldfinger. En ellas, el actor niega su implicación en los hechos y afirma que no tuvo relación con el exalcalde marbellí Jesús Gil.
El juez encargado del caso, en el que se investiga la operación urbanística y financiera desarrollada en la parcela donde estaba el chalé que fue propiedad del matrimonio Connery en Marbella, acordó en mayo del pasado año abrir una pieza separada con todo lo relativo a los Connery y reiterar la comisión rogatoria -petición de colaboración internacional- dictada en diciembre de 2010, para que se ejecutara completamente y se tomara declaración a ambos como imputados, dando un plazo de seis meses para estos trámites.
Colabora, pero no se somete
En la declaración, Connery dice que no tuvo responsabilidad en las operaciones urbanísticas y en el presunto fraude fiscal que se investiga en la causa, según publica este domingo diario SUR. En ella, el actor señala que no mantuvo relación con Gil y que no conoce ni a Juan Antonio Roca ni al exregidor Julián Muñoz.
Tras afirmar que realizó la declaración por propia voluntad y con el propósito de cooperar y agilizar la investigación, matiza: "sin someterme en modo alguno a la jurisdicción del juzgado español o admitir la validez" de la solicitud de auxilio judicial librada por las autoridades españolas a las de Bahamas. En la declaración, el actor asegura que no tiene nada que ver con la firma de los convenios que se investigan en Goldfinger, que desconoce su contenido, y apunta que no conoce las sociedades propiedad de Roca por las que se le pregunta.
Sobre Jesús Gil, sostiene que cree que le vio en un acto público: "no considero que eso pueda definirse como que lo conocía. No mantuve ninguna relación con él. En los años 90 insté a mi abogado Héctor Díaz-Bastién para que requiriese legalmente al señor Gil que retirase el vídeo de la campaña política a su reelección como alcalde de Marbella que contenía imágenes mías que sin mi consentimiento ni autorización fueron incluidas en dicho vídeo. El requerimiento fue atendido".
En ese sentido, niega haber tenido tratos con Gil, Roca y Julián Muñoz, y asegura que nunca estuvo ni en las oficinas de Gil ni en el Ayuntamiento de Marbella. "No he obtenido ventaja alguna en relación con los convenios que se citan", asegura.
Niega el supuesto fraude fiscal
Otras de las preguntas se relacionan con las dos sociedades que se vinculan a los convenios investigados y que constituyen el núcleo de la causa: Malibú SA y By the Sea. Sobre la primera sostiene que se apartó en los años 80, cuando transfirió la propiedad a su mujer, y en relación con la segunda asegura que nunca tuvo vinculación alguna. También rechaza que haya realizado operaciones urbanísticas en Marbella y a una de las preguntas responde negando haber estado en el Registro de la Propiedad y haber entregado regalos a sus empleados.
También asegura que no obtuvo ganancias ni plusvalías en las operaciones que se investigan en el caso. Respecto al supuesto fraude fiscal afirma que no tiene obligaciones tributarias en España, y niega también ser titular de sociedades en Isla de Man, Uruguay, Panamá y Holanda, países a los que apunta la investigación sobre el supuesto lavado de dinero.
Investigación de Anticorrupción
El Juzgado de Instrucción número 1 marbellí acordó en septiembre pasado la apertura de juicio oral contra 17 personas, entre ellas el exalcalde Julián Muñoz y el exasesor urbanístico Juan Antonio Roca, por este caso y por los delitos de fraude, delitos contra la ordenación del territorio, contra la Hacienda Pública, cohecho, y falsedad documental.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a Muñoz de un delito de fraude y dos delitos contra la ordenación del territorio; mientras que a Roca se le acusa, además, por cohecho. Asimismo, se acordó abrir juicio oral contra cinco exconcejales de Marbella, dos abogados, un empresario y varios asesores fiscales y profesionales financieros, toda vez que la parte relativa a los Connery quedó en otra pieza, al igual que los delitos de blanqueo de capitales.
Este procedimiento se inició por la querella de Anticorrupción, tras un informe del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio marbellí. Inicialmente, se investigaban los convenios suscritos por el Ayuntamiento con las sociedades Malibú S.A. -propietaria del chalé de los Connery- y By the Sea, sobre los que se sustentó la promoción inmobiliaria de 72 viviendas, denominada Malibú.
Posteriormente, tras los informes emitidos por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), la Agencia Tributaria y la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional, la investigación se amplió a las operaciones financieras realizadas sobre la promoción a través de un entramado societario en las que supuestamente habría intervenido un despacho de abogados marbellí, que había representado los intereses económicos del actor escocés y su mujer en Marbella.