El vídeo de la infanta podría haber sido captado por un letrado del caso Nóos

La filtración del vídeo de la declaración de la infanta Cristina se encuentra ya judicializada. Las pesquisas llevadas a cabo por la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Baleares han sido recabadas en una denuncia que ha caído en el juzgado de Instrucción Número 11 de Palma de Mallorca, que dirige el juez Manuel Penalva, en funciones de guardia.

El pasado domingo el instructor del caso Nóos, José Castro, ordenó al cuerpo policial a abrir una "investigación inmediata" para averiguar cómo se pudieron filtrar al diario El Mundo las imágenes de la declaración como imputada de la hija del Rey.

Tanto el juez Castro como la Policía sospechan que la grabación podría haber sido captada por uno de los letrados que se encontraban el sábado en el interior de la sala de vistas. La otra opción que barajan es que el autor del vídeo fuese un funcionario del juzgado -eran los únicos que podían acceder al mismo con dispositivos electrónicos-.

Ahora, en su denuncia la Policía solicita al juez de guardia que practique una batería de diligencias encaminadas a descubrir quién fue el autor de la grabación.

La captación del vídeo constituiría un delito de desobediencia porque el juez había ordenado expresamente diversas medidas para impedir que se pudiera filtrar la declaración de la infanta. En un auto, Castro prohibió que el interrogatorio se grabara y que las partes personadas en el caso Nóos accedieran a la sala con cualquier dispositivo electrónico -móviles, ordenadores, ipad-.

Además, si el autor de la filtración fuese finalmente un letrado se expondría a la apertura de un expediente sancionador por parte del Colegio de Abogados al que pertenezca.