Hace poco más de dos meses que el alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya -PP-, dijo que si la Junta no le pagaba el servicio que era responsabilidad de la administración que rige Susana Díaz, como la ayuda a domicilio, principal prestación incluida en el catálogo de la Ley de la Dependencia, dejaría de prestar el servicio.
Y lo cumplió después que la Junta rompiera el convenio que tenía suscrito con la Junta y que ésta no pagaba sistemáticamente. Dos meses después, la Junta ha pagado, pero el Ayuntamiento sí presta su servicio de ayuda a domicilio a 179 ciudadanos. El que no presta es el servicio de dependencia, competencia exclusiva de la Junta y que ésta no pagaba.
Es El País quien informa de que la Junta, que acusa de incumplimiento al alcalde, ha saldado la deuda que mantenía con el Ayuntamiento jiennense al transferir la semana pasada los últimos 319.000 euros que debía, sobre los dos millones que se reclamaban en un principio.
La batalla de la comunicación ha sido dantesca. La Junta ha pretendido hacer aparecer al alcalde de Jaén como un insensible social que deja de prestar un servicio, pero callaba que la que no pagaba el servicio era ella misma.
El País destaca a los afectados por la decisión del alcalde y olvida que estos afectados que se han producido por el hecho de los impagos de la Junta. La Junta dejó de pagar un dinero que debería estar destinado a la atención de una decena de grandes dependientes, a los que ya se valoró y se les reconoció la prestación. Esto es, la Junta recibe el dinero del gobierno de España pero se lo queda y no lo transfiere al Ayuntamiento de Jaén para su fin. El Ayuntamiento ha seguido prestando el servicio de ayuda a domicilio, pero con graves costos y con la forzosa necesidad de dejar de prestar otros servicios o acometer las obras previstas en otros ámbitos.
Los impagos de la Junta han tenido como consecuencia que la plantilla de la empresa concesionaria ha pasado en los dos últimos meses de 200 a 160 cuidadoras. Y al 30% de las que quedan se le han reducido las horas de trabajo a menos de la mitad de una jornada laboral. "Las que quedamos seguimos con una gran incertidumbre porque cada vez se nos reducen más las horas porque no hay altas nuevas", admite Mari Carmen García, presidenta del comité de empresa. A la merma de la plantilla también ha contribuido el hecho de que la Junta de Andalucía no haya prorrogado aún el decreto contra la exclusión social que expiró el 31 de diciembre y con el que se hicieron varias contrataciones para la dependencia.
Acercamiento entre el Ayuntamiento y la Junta
A partir de ahora, ya hay un acercamiento entre el Ayuntamiento y la Junta. La concejala de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, del PP, ha mostrado su disposición a "sentarse" a dialogar con la Junta. Eso sí, un diálogo condicionado a la última propuesta de convenio planteada por el alcalde y que pasa por el compromiso de la Junta de abonar los pagos de la dependencia en un plazo máximo de 60 días y, de no ser así, obligarle a pagar los intereses de demora.
El alcalde reitera una y otra vez que se trata de una tarea "exclusiva" de la Junta, mientras que la Administración autonómica se remite a la Ley de Servicios Sociales Comunitarios para recordar que la gestión compete a los Ayuntamientos. También la Fiscalía de Jaén, que instó a la Junta a normalizar los pagos, afirmó que se trata de una responsabilidad municipal si bien, con el dinero debido de la Junta.
Tras fracasar las negociaciones previas, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales interpuso un recurso contencioso-administrativo al constatar que la dejación de funciones del Ayuntamiento estaba afectando a las personas dependientes. Pero como el contencioso sobre el fondo del asunto puede alargarse en el tiempo, la Junta ha pedido al juez que decrete medidas cautelares y ordene la restitución de la gestión municipal de la ayuda a domicilio. Y ese fallo es el que aguarda ahora la Junta.
El alcalde jiennense hace, sin embargo, una interpretación muy distinta del momento judicial. El Ayuntamiento presentó la semana pasada las pertinentes alegaciones al auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Jaén, que le instó a pronunciarse antes de resolver sobre la petición de la Junta de medidas cautelares. Y en esas alegaciones, el Consistorio insiste en que "la Junta tiene la competencia exclusiva en materia de dependencia", puesto que hay que diferenciar la ayuda a domicilio municipal -que sí presta el Ayuntamiento con normalidad a 179 usuarios- y la prestación del servicio de dependencia -por el que hay afectados más de 400 usuarios-. Además, el alcalde recuerda que el Ayuntamiento denunció en tiempo y forma el convenio y, sin embargo, la Junta no impugnó esa denuncia.