Los colegios de Sistach vuelven a salir en defensa de la inmersión y llaman al desacato

Padres de alumnos de los centros adheridos a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya -entidad cuyo patronato preside el arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach- han enviado una carta al Nuncio Apostólico en España -el embajador del Vaticano- protestando por la difusión en los colegios de unos folletos en los cuales se reproduce el comunicado de esta entidad mostrando su "sorpresa y preocupación por los autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que afectan a cuatro escuelas cristianas".

"La Escuela Cristiana de Cataluña hará todo lo que esté a su alcance para no cambiar su modelo educativo", indica la asociación en los folletos (que llevan el título -en catalán- de 'Pronunciamiento de la Escuela Cristiana Catalana') repartidos entre los alumnos para que se lo den a sus padres.

La fundación considera "especialmente graves" dos novedades de los autos del TSJC: "De manera inaudita, un tribunal de justicia se atribuye funciones pedagógicas y de organización curricular hasta el punto de fijar el porcentaje de horas en castellano" que se tienen que impartir porque lo pida "un sólo alumno". Y ve inadmisible -en coincidencia con la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, y el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs- que las resoluciones del TSJC "en vez de dirigirse sólo a la Generalidad, se dirijan también a los directores de las cinco escuelas afectadas", algo que la entidad ve una intromisión en sus funciones: "El Tribunal menosprecia el carácter privado de cuatro de los cinco centros".

Participa en el recurso de la Generalidad

La Fundació Escola Cristiana, que agrupa a 434 escuelas e institutos catalanes con más de 260.000 alumnos, no entiende cómo es posible que el tribunal "a petición de una única familia y sin escuchar a las otras" quiera cambiar "las características de la enseñanza que reciben los hijos de las otras 24" que forman parte de esa misma clase.

La entidad se compromete a defender el "modelo de escuela catalana", ya que está convencida de que es "el mejor para la cohesión social y para el aprendizaje de las dos lenguas cooficiales de Cataluña". Por todo ello, ha colaborado en la elaboración del recurso de la Generalidad y también ha anunciado que "se emprenderán acciones jurídicas para que los eventuales requerimientos judiciales se hagan a la titularidad de los centros y no a sus directores".

El secretario general de la Fundación encabezada por Sistach es el jesuíta Enric Puig, muy cercano al arzobispo pero también a CiU. Fue un alto cargo de la Generalidad durante la década de los 80, cuando dirigió la Dirección General de la Juventud.

No es la primera vez que esta fundación llama al desacato a los tribunales. Ya lo hizo en 2011, cuando el TSJC dio un ultimátum a la Generalidad para que cumpliera lo dictado por el Tribunal Supremo en este asunto.

Denuncian acoso a los escolares

Además, y por otra parte, tres de las familias a las que el tribunal ha reconocido su derecho a recibir una enseñanza bilingüe han solicitado ante la Fiscalía de Menores que sea protegido el derecho a la intimidad y el honor de sus hijos y han denunciado su vulneración al difundirse la identidad de los menores afectados, según informó Convivencia Cívica Catalana (CCC) en un comunicado.

La entidad presidida por Francisco Caja lamenta "la imprudencia del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al distribuir a los medios una copia íntegra de los últimos autos, sin reserva alguna respecto a los nombres de los recurrentes, de sus hijos y del centro escolar y del curso en el que siguen sus estudios los escolares". Además, CCC añade que "el daño ha sido amplificado al ser difundidos esos nombres a través de la publicación de los referidos autos en determinados diarios".

En la denuncia, solicitan la intervención del fiscal "para exigir las responsabilidades que hubiera lugar y la adopción de diversas medidas, entre otras, la prohibición de la presencia de cámaras de televisión y de la prensa en la puerta de los colegios afectados, con el fin de preservar la intimidad de todos los escolares".