El Congreso de los Diputados tendrá que decidir en próximas semanas si apoya o no la integración del Condado de Treviño, perteneciente a la provincia de Burgos, en el territorio histórico de Álava, pese a que su decisión no es definitiva. Este peliagudo tema llegará a la Cámara Baja a través de una iniciativa legislativa remitida por el Parlamento vasco, donde fue aprobada este jueves con el apoyo de PNV, EH Bildu y PSE, y con la abstención de PP y UPyD.
Este enclave, que la Real Academia de la Lengua (RAE) define como "un territorio incluido en otro con diferentes características políticas, administrativas, geográficas, etc", es un pequeño óvalo horizontal, ligeramente inclinado hacia el sur, en pleno corazón del territorio alavés, que habitualmente en los mapas aparece pintado de otro color, aunque pocas veces del mismo color que la provincia de Burgos y la región de Castilla y León, a la que pertenece.
Ubicado a apenas unos minutos en coche de Vitoria y a más de una hora por autopista de peaje de Burgos, este minúsculo terreno de 222 kilómetros cuadrados, en el que apenas viven 1.500 habitantes, en un histórico objeto de deseo del nacionalismo vasco, que suspira por su anexión para completar la expansión territorial de la entelequia de Euskal Herria, junto a Navarra, el País Vasco francés y otro pequeño enclave situado físicamente dentro de Vizcaya pero perteneciente a Cantabria: el Valle de Villaverde o Villaverde de Trucios.
Este intento nacionalista de adueñarse del enclave burgalés ha hecho que en la Cámara vasca se creasen legislatura tras legislatura, desde el inicio de la democracia, comisiones especiales en unos casos o estudios temáticos dentro de otra comisión en otros. Habitualmente con el apoyo o la abstención de los partidos constitucionalistas, favorables a esta anexión por cuestiones prácticas.
El Plan Ibarretxe y los convenios judicializados
Ejemplo de ello fue la articulado del Estatuto de Libre Asociación de la Comunidad vasca a España, conocido popularmente como Plan Ibarretxe, aprobado por el Gobierno vasco en octubre de 2003, ratificado por la Cámara vasca en diciembre de 2004, y rechazado por el Congreso de los Diputados en enero de 2005, y que dejaba abierta la anexión de este territorio en el artículo 2 (Territorio) de su Título Preliminar.
"Desde el respeto al principio democrático, podrán agregarse a la Comunidad de Euskadi los enclaves territoriales que, estando situados en su totalidad dentro de su territorio, se manifiesten, libre y democráticamente a favor de su incorporación, mediante el cumplimiento de los requisitos siguientes: a) Que soliciten la incorporación los Ayuntamientos interesados. b) Que lo acuerden los habitantes de los Municipios del enclave, mediante referéndum que deberá ser convocado al efecto, aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos. c) Que lo aprueben el Parlamento Vasco y las Cortes Generales del Estado". (Artículo 2.2)
Esta anexión se ha intentando conseguir de facto en multitud de ocasiones a través de la firma de acuerdos y convenios que han tenido como protagonistas al Gobierno vasco, la Diputación Foral de Álava y los dos ayuntamientos del enclave: Treviño y La Puebla de Arganzón; y que se han centrado en diversas materias, entre las que se incluyen educación, cultura o promoción económica.
Alguno de estos acuerdos o convenios ha acabado incluso en los tribunales, como el firmado en 2002 por el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe y los dos consistorios burgaleses, que fue anulado por la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en una sentencia hecha pública en el año 2008. El TS argumentaba que el convenio firmado invadía competencias que pertenecían en exclusividad a la Junta de Castilla y León.
Dos años después, en marzo de 2010, la Diputación Foral de Álava, gobernada entonces en minoría por el PNV, con acuerdo puntuales con el PSE y otras formaciones nacionalistas, aprobó una declaración institucional comprometiéndose a "seguir con el compromiso ético-moral de trabajar por la integración de Treviño en Álava, convirtiéndola en la octava cuadrilla".
Apoyo mayoritario en Treviño
La anexión del Condado de Treviño a Álava es apoyada mayoritariamente en en el propio enclave burgalés, que durante los años de expansión económica y boom inmobiliario vio como muchos vitorianos trasladaban su residencia habitual a sus dos principales núcleos residenciales, principalmente, a la Puebla de Arganzón, que casi duplicó su extensión urbanizada gracias a la multitud de viviendas unifamiliares construidas.
En marzo de 2013, los plenos municipales de Treviño y La Puebla de Arganzón aprobaron de forma coordinada el inicio de un proceso de segregación de Burgos. En el primer consistorio, gracias a los votos de PNV, Bildu -ambos partidos presentan candidaturas en estas poblaciones castellano-leonesas- y los independientes locales. En el segundo, gracias a los independientes, que cuentan con mayoría absoluta en el municipio.
En ambas votaciones, los representantes del PP se decantaron por la abstención. Una difícil decisión teniendo en cuenta que la postura del PP alavés es favorable a la anexión en Álava y la del PP burgalés a la permanencia en la provincia castellano-leonesa. Esta diferencia sustancial existe también entre socialistas alaveses y burgaleses.
Pero este intento fue frenado de forma contundente en la siguiente institución que debía valorarlo: la diputación de Burgos. Junto antes del verano, el pleno de esta institución aprobó un informe desfavorable a la segregación justificado en las "mayores vinculaciones históricas, sociales, culturales y económicas con la provincia de Burgos". Afirmaba incluso que no hay vinculaciones hacia una comunidad de características "tan fuertemente peculiares y diferenciadas como la de Euskadi, convirtiendo a castellanos en vascos por ósmosis".
Cien años de referendos
Pero la reivindicación de la separación de Burgos y la unión a Álava no es algo reciente. El primer referéndum popular sobre la segregación del Condado de Treviño del que se tiene conocimiento tuvo lugar en 1919 y, entonces los vecinos votaron mayoritariamente en contra de la unión a Álava. El resultado fue totalmente distinto en 1940, en la segunda consulta popular, cuando el 90 por ciento de la población apoyó la segregación de Burgos.
El Régimen de Franco decidió entonces consultar a la Academia de la Historia para resolver el entuerto y esta dictaminó que el Condado de Treviño debía permanecer formando parte de Castilla La Vieja porque así lo había sido "en la sucesión de los siglos y sin interrupción". En 1958, se realizó un tercer referéndum que volvió a apoyar mayoritariamente la anexión a Álava. El Gobierno franquista se volvió a remitir a la resolución de la Academia de la Historia y desestimó la petición.
Ya en democracia, han vuelto a celebrarse otras dos votaciones populares con idéntico resultados a los que se habían dado en las consultas celebradas durante el Franquismo. La primera fue en 1980, durante la configuración territorial de la nueva democracia. La segunda, en 1998, con el PP gobernado la Junta de Castilla y León. En ambos casos, se volvió a desestimar la petición del condado burgalés.