La juez Mercedes Alaya ha anulado y dejado sin efecto la fianza de responsabilidad civil de 353.353,96 euros que impuso al exsecretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines -Fiteqa- de CCOO-A Juan Antonio Florido, ya que considera que hay que investigar "con mayor profundidad" los hechos que se le imputan.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez estima el recurso interpuesto por el abogado del imputado y deja sin efecto las medidas cautelares ordenadas salvo la comparecencia mensual en el Juzgado.
La magistrada imputó a Florido dos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, ya que considera que "ha sido beneficiario de hasta cuatro pólizas -la contratada como consecuencia del ERE de Hytasal y otras tres pólizas individuales más-", cobrando por todas ellas 265.015,47 euros.
La defensa del imputado había solicitado la suspensión de las medidas cautelares adoptadas, para lo cual aportó certificados de Hytasal "donde se demuestra que Florido lleva toda la vida trabajado en la empresa, y, por tanto es falso lo que dice el auto".
Asimismo, remitió un certificado emitido por la federación a la que pertenece Florido "clarificando que las pólizas que Florido recibió no tiene nada que ver con el caso ERE y que son pólizas legales y privadas que mandó hacer la federación en concepto de indemnización cuando fue despedido".
Ordena una investigación a la Guardia Civil
En el auto consultado por Europa Press, la juez argumenta que, "a la vista de la documentación aportada con el recurso, en especial la certificación" del secretario general de Fiteqa, "procede dejar sin efecto las medidas cautelares ordenadas", todo ello "por la necesidad de investigar con mayor profundidad los hechos imputados" al exdirigente de CCOO-A.
De este modo, ordena a la Unidad Central Operativa -UCO- de la Guardia Civil que realice las diligencias pertinentes "para la clarificación de su presunta participación delictiva", señalando que, en función del resultado del informe pericial, podría volver a adoptar las medidas cautelares que ahora deja sin efecto.
Alaya imputó a Florido haber mantenido una "estrecha relación" con Vitalia a través de su responsable en Andalucía, el también imputado Jesús Bordallo, "realizando labores de captación de empresas de los sectores textil y químico, que se encontraban en procesos de reestructuración, y participando activamente en diversos procesos de regulación de empleo de empresas, en los que se han detectado irregularidades".
"Paquete completo"
De este modo, "y merced a sus relaciones" con los comités de empresas "gracias al cargo que ostentaba en CCOO", el imputado "habría ejercido como facilitador" para Vitalia, "aportando información acerca de empresas del sector textil y químico en situaciones de crisis y reestructuración", lo cual "habría propiciado que se les ofreciera un 'paquete completo' que suponía un ERE, con prejubilaciones y financiación pública garantizada".
Según la juez, en el año 2003 el imputado "se encuadra entre los trabajadores afectados" por el ERE acometido en Hytasal, "siendo beneficiario" de la póliza suscrita para el pago de las prejubilaciones de los afectados por el ERE, la cual fue financiada "fundamentalmente" por la Junta y "en la que resulta mediadora Vitalia". Al año siguiente, Florido "vuelve a ser dado de alta" en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajador por cuenta de Hytasal, "llegándose a determinar" que el encausado "ha sido beneficiario de hasta cuatro pólizas".
En su recurso contra las medidas cautelares impuestas, el letrado del exdirigente de CCOO-A alegó, asimismo, que su cliente "no dispone de bienes para garantizar o hacer frente" a la fianza de responsabilidad civil impuesta, ya que "está prejubilado, reside en un piso en un barrio obrero de Sevilla y tampoco tiene vehículo", contando únicamente en la actualidad con los ingresos derivados de la póliza de prejubilación de la empresa Hytasal y el subsidio de desempleo.