La Cámara de Cuentas halla nuevas irregularidades en subvenciones de la Junta

Si el fondo de reptiles se corresponde con la partida 31 L de los Presupuestos andaluzas, ahora salta la partida 32 D, el relativo a las subvenciones destinadas a la formación profesional por el Servicio Andaluz de Empleo. La Cámara de Cuentas, en un nuevo informe demoledor, describe las irregularidades del uso del dinero finalista para formación que han gestionado fundamentalmente la patronal y los dos sindicatos de clase, UGT y CCOO, aunque no sólo ellos. El montante global es de 798,9 millones de euros(130.000 millones de pesetas) sólo en dos años.

La Cámara de Cuentas denuncia que las ayudas fueron concedidas sin cumplir la legalidad, "el 89% y el 36% de las ayudas de 2009 y 2010 se concedieron utilizando el procedimiento de concurrencia no competitiva" y que "tan sólo el 11% de los cursos subvencionados en las convocatorias de 2009 y 2010 conducían a la obtención de certificados de profesionalidad." Por si fuera poco, más de la mitad no se justificó en plazo legal. Por ello, podría darse lugar a la exigencia de responsabilidades administrativas y contables.

Todo parte de la gran operación política socialista de Manuel Chaves conocida como "política de concertación "iniciada en 1993 y que ha durado hasta ahora. Aunque ha sido considerada siempre como el instrumento clave del desarrollo económico andaluz, jamás evitó los picos de paro, los mayores de España, desde entonces a nuestros días. Esto es, jamás sirvió para la creación de empleo. Destaca La Razón que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), CCOO-A, UGT-A y la extinta Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe), integrada en el SAE tras la puesta en marcha de la "ley del enchufismo", recibieron en los dos años analizados el 37 por ciento de las ayudas para formación de ocupados y desempleados, es decir, 275,9 millones de euros. Desde 1993, la cantidad percibida por estos agentes sería superior a los 2.000 millones de euros. En el punto 142 de sus Conclusiones y Recomendaciones, la Cámara encuentra que muchos de los hechos comprobados por su informe podrían dar lugar a responsabilidades administrativas y contables.

Algunas de estas conclusiones son llamativas

• En los ejercicios 2009 y 2010 se tramitaron 1.804 y 1.944 expedientes de subvenciones para la formación para desempleados por 255,7 M EURO y 360,2 M EURO respectivamente; en las acciones dirigidas prioritariamente a ocupados se gestionaron 71 y 92 expedientes por importe de 55,9 M EURO y 74,2 M de euros (746 millones en total)Si bien estas ayudas se contabilizan en el Capítulo VII del programa presupuestario 3.2.D "Formación para el empleo", de la revisión de la muestra de expedientes se desprende que, prácticamente, la totalidad de los gastos subvencionados son de naturaleza corriente (gastos de personal, medios y material didáctico, y gastos de funcionamiento).

• No disponen de indicadores que permitan medir la calidad de la actividad formativa.

• En general, no hay constancia de la inscripción o acreditación del beneficiario en el registro de centros y entidades de formación profesional para el empleo en Andalucía. O sea, no se sabe quién ha recibido qué cursos.

• Aunque la norma general para la concesión de subvenciones es la concurrencia competitiva, "se ha excepcionado de tal procedimiento: la suscripción de los convenios con los agentes económicos y sociales más representativos en el ámbito de la CAA". El 89% y el 36% de las ayudas de 2009 y 2010 se concedieron utilizando el procedimiento de concurrencia no competitiva.

• "Los convenios suscritos con los agentes sociales y económicos en 2009 y 2010 para la formación a desempleados están recurridos; el SAE(Servicio Andaluz de Salud) manifiesta no tener constancia de sentencia al respecto. Se desconoce por tanto la repercusión que pudiera tener la resolución de dicha contingencia jurídica en las subvenciones fiscalizadas. En este sentido, cabe señalar que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado dos sentencias, declaradas firmes por el Tribunal Supremo en 2012, que declaran nulos tanto los acuerdos de 2005 por los que se autorizaba la concesión de subvenciones en materia de formación profesional ocupacional a estos agentes como el artículo 4.1.a) y b) de la Orden de 4 de agosto de 2008 de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en cuanto exigen a los solicitantes de determinadas subvenciones que tengan el carácter de más representativas."

• No se pudo comprobar si las solicitudes de subvenciones tenían garantizadas la veracidad.

• Tan solo el 11% de los cursos subvencionados en las convocatorias de 2009 y 2010 conducían a la obtención de certificados de profesionalidad.

• Más del 50 por ciento de los fondos, 400 millones, estaban sin justificar en plazo legal. "El programa 3.2.D "Formación para el empleo" presentaba, al cierre de los ejercicios 2009 y 2010, 103 M EURO y 330 M EURO de libramientos pendientes de justificar fuera de plazo."

• La descripción de los gastos que figura en las certificaciones de la cuenta justificativa resulta genérica (tales como otros conceptos, material didáctico, publicidad, etc.), no detallándose la naturaleza real de los mismos que permita valorar su elegibilidad. Tampoco distingue si los conceptos incorporan el IVA.

• La mayoría de las facturas analizadas no identifican el expediente asociado a dicho gasto.

• Las diferencias de honorarios de los docentes podía oscilar entre los 23 y los 190 euros por hora.

• A pesar del elevadísimo montón de dinero empleado, el Servicio Andaluz de Empleo "no ha elaborado un plan que recoja las actuaciones de seguimiento a realizar en las acciones de formación subvencionadas, incumpliéndose los artículos 41 del Decreto 335/2009 y 38 del RD 395/2007 de regulación de la FPE" ni disponía "de un documento vigente de planificación y de un plan de evaluación que permitiese valorar la calidad, eficacia, eficiencia e impacto de la Formación Profesional".

• La Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo(FAFFE), un ente público de la Junta ahora convertido en administración paralela, sigue sin justificar casi 50 millones de euros en subvenciones de los ejercicios 2009 y 2010.

• "En cuanto a la subvención excepcional concedida a la FAFFE por 8.962.792 EURO para llevar a cabo la IV fase del plan formativo de los ex-trabajadores de DELPHI, se han observado las siguientes incidencias:

- Al existir bases reguladoras para la misma finalidad, no se cumple con uno de los dos requisitos exigidos para declarar su excepcionalidad.

- Se han detectado incongruencias en las fechas de los distintos ítems del procedimiento.

- La actividad subvencionada fue autorizada a ejecutarse parcialmente por la Fundación Universidad Empresa de Cádiz, incumpliéndose los requisitos del art.29.3 de la LGS.

- Se han ejecutado 308.977,91 EURO menos de lo concedido (según certificación resumen de gastos), cantidad que debería ser reintegrada.

- A pesar de la finalización del plazo de presentación de la justificación, no constan la memoria de actividades, el desglose de los gastos por acreedor e importe, el listado de alumnos participantes, el informe final emitido por FUECA y el informe del auditor.

- La resolución de concesión regula unas becas por asistencia y gastos de transporte, que no son acordes a lo establecido al respecto en las órdenes reguladoras de la FPE.

- Todas las incidencias detectadas en este expediente no permiten pronunciarse sobre la elegibilidad de los gastos , la adecuación de los justificantes, el desarrollo efectivo de todas las acciones subvencionadas, y la razonabilidad de las becas por asistencia y gastos financieros.

Recuerda el diario de Planeta, que el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla está investigando la contabilidad interna de UGT por presuntas irregularidades en partidas para formación En este informe, analiza fondos de formación de los planes sectorial e intersectorial o el plan Memta de la Junta, que ya han estado salpicados de irregularidades en el escándalo de UGT-A. De hecho, el sindicato cargó al Plan Memta el coste de la grabación a láser del logo de UGT en 40 videocámaras que se autorregaló la cúpula de la organización en los "Reyes" de 2011; y endosó a los planes sectorial e intersectorial 2006 el desembolso de 400 relojes y 200 bolígrafos de plata.

La partida de formación 32D -sólol una de las cuatro que gestiona el SAE -, ronda los 800 millones de euros, cuando la partida 31.L del "fondo de reptiles" de los ERE está en torno a los mil millones de euros pero en diez años. No hay que perder de vista que esta partida 32D se nutre también con dinero del Fondo Social Europeo. La Comisión Europea ha abierto recientemente una investigación administrativa para determinar si UGT-A ha cometido irregularidades en una ayuda de formación de medio millón de euros.