Descubren una Administración 'intrusa' en la Junta de Andalucía

En la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, organismo que debería velar por la legalidad laboral, trabajó casi una veintena de empleados de la empresa Umax Consultores sin que mediara contrato alguno entre la firma y Empleo. Es un tema pendiente de la investigación de los ERE que lleva la Guardia Civil y que aún no se ha profundizado. Estamos en presencia de una administración no ya paralela, sino intrusa dentro de la Administración de la Junta.

Resume El País que en la primavera de 2010, poco después de asumir el mando el exconsejero de Empleo, el imputado Manuel Recio, los representantes de Umax acudieron a la consejería para reclamar 1,2 millones de los salarios de 19 trabajadores correspondientes al último año y medio, periodo en el que Juan Márquez ya había sustituido a Guerrero como director general. Sin embargo, no había contratos para justificar el gasto en Intervención. Los empresarios demandantes tampoco pudieron presentar copia de los contratos para esos servicios administrativos (asesoría jurídica, informática, secretaría, etc.). Por tanto, no se pagó aunque el servicio se prestó.

Umax , ante el impago de la Junta, cerró y despidió al personal de Umax. Amenazó a la Junta con acudir a los tribunales, pero no hay constancia de que lo hiciera. La Junta dejó de pagar y fueron los trabajadores los que pagaron el pato quedándose sin cobrar ni siquiera el finiquito. Según el diario de Prisa, entre estos trabajadores se encontraba un sobrino del exdirector general Márquez; José Albarracín —hermano del exdirector de Vitalia, Antonio Albarracín, señalado por pagos de comisiones con dinero en sobres— y otras personas de la Sierra Norte sevillana, comarca de Guerrero.

Estos empleados "intrusos" comenzaron a trabajar en 2005 y tras uno o dos meses, los rescató a través de la Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). El ex director general Francisco Javier Guerrero y el administrador de Umax, Ulpiano Cuadrado, tenían excelentes relaciones y los pagos de Trabajo a la firma a cambio de que estos trabajadores prestaran sus servicios a diario a Empleo, fueron normales aunque sigue sin aclarar qué hacían estos trabajadores allí al margen de los funcionarios y empleados de la Consejería, intrusismo que provocó una breve rebelión interna por usurpación de funciones pero la cosa no llegó a mayores.

Los empresarios de Umax no cejaron en su intento para recuperar los 1,2 millones. Reclamaron de nuevo en 2011, y ante la falta de respuesta, volvieron a la carga el pasado octubre. Por fin la Consejería de Economía tomó cartas en el asunto y abrió un procedimiento de información reservada: un instructor ha investigado los pagos y la documentación existente en la DGT sobre Umax. Podría culminarse con el pago a Umax de los 1,2 millones pero el informe del gabinete jurídico tras culminar el procedimiento de información ha sido contundente y el expediente ha sido remitido a la fiscalía. Es decir, los letrados de la Junta han debido ver nuevos indicios de delito en la actuación de la DGT.

El enchufismo enfermizo de la Junta

Denunciada una y mil veces por los funcionarios, la agencia pública Faffe (Fundación Andaluza del Fondo para la Formación y el Empleo de la Consejería de Empleo) ha contratado a buena parte de sus trabajadores sin concurso público de méritos. Según relata El País, "todo el mundo tiene al lado un concejal o la mujer de un concejal. El porcentaje de enchufados es alto. Es cierto que también hay gente por necesidades de organización en las que se contrataba sin selección con celeridad".

La Faffe se extinguió y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) supuso la readmisión de 1.200 de sus 2.000 trabajadores como subrogados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que ahora rebosa de personal sin asignación de funciones. "No llega el dinero a las políticas de empleo. Todo el mundo lo sabe, no hay trabajo para tanta gente. La gente está entretenida, pero productiva, poco", añade.

La dirección de la Faffe ha rechazado durante años las cíclicas acusaciones de enchufismo de personas próximas al PSOE. "También teníamos personas del PP, aunque en menor proporción. No costábamos dinero porque nos nutríamos de subvenciones de la Unión Europea y teníamos un ritmo de trabajo muy rápido", es el argumento de la dirección de la empresa pública para justificar las contrataciones a dedo.