La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha afirmado en su último auto que la causa de los ERE no puede derivar en piezas separadas para cada ayuda investigada porque el "sistema ilegal de concesión de subvenciones públicas" fue obra de una "estructura piramidal de cargos políticos y técnicos de la Junta". La imputación de José Antonio Griñán y Manuel Chaves, más la de cinco ex consejeros, indicaba ya que la juez considera que en la cima de la pirámide estaba el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía con su presidencia a la cabeza.
Según Alaya la estructura de la pirámide es:
- Los políticos de la Junta.
- Los intermediarios que "alternándose" se repiten en cada uno de los ERE. Unos expedientes sobre los que, según anuncia, aún "penden diligencias de interés".
- Los beneficiados, desde empresas a intrusos.
En su auto de tres páginas, la juez Alaya reitera que el sistema investigado sirvió para repartir "elevadas subvenciones" de manera discrecional sin que se justificara por los solicitantes o por el órgano concedente "el fin público o el interés social de tales ayudas públicas".
Estas manifestaciones de la juez responden a la petición de la imputada Encarnación Poto Monge, presidenta de la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), que ha solicitado abrir una pieza para cada ayuda porque ella tiene todos sus bienes embargados y porque no se desea dilatar en el tiempo una investigación que acumula ya un centenar y medio de imputados.
Pero la juez ha respondido a la imputada, que habla asimismo en su recurso de "trama política" que, "lejos de mantenerse al margen de lo que ella denomina en su recurso como trama política, se aprovechó de ella en virtud de las presuntas influencias ejercidas sobre ciertos cargos para conseguir elevadas subvenciones". La empresaria conocía, indiciariamente, toda la trama y por ello acudió a ella en su beneficio. De hecho, Encarnación Poto Monge, está acusada de incluir a dos intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas) y de haber cobrado una póliza por prejubilarse y seguir trabajando. A juicio de Alaya, la imputada conocía que dichas subvenciones "se otorgaban discrecionalmente".
Por ello, Alaya entiende que la causa de los ERE no se puede escindir "pues en cada expediente de subvenciones podría derivarse responsabilidad criminal para las mismas personas: los diferentes cargos políticos y técnicos de la Junta de Andalucía que, en estructura piramidal, serían los promotores de un sistema ilegal de concesión de subvenciones públicas que ha permanecido vigente más de diez años".
Por ello, según la instructora, "hasta la fecha no existe razón alguna que justifique la división de la causa, pues se rompería la continencia de la misma" en una posición confirmada por la Audiencia Provincial en diciembre pasado. Además, Alaya reprocha a la dueña de Acyco que las ayudas que recibía "se imponían como parte de una estrategia empresarial, sobre la seguridad que se iba a disponer de tales fondos públicos".