Alaya cita a declarar a los 'bajos cargos' del caso de los ERE

Tras las declaraciones e imputaciones de alrededor de 25 altos cargos de la Junta, considerada la vertiente política del caso, parece tocarle el turno ahora en el juzgado de la juez Alaya a los "bajos cargos", dos delegados la consejería de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas y Juan Rodríguez Cordobés. Con ello, se agiliza el camino hacia el final de la instrucción que se fija ya para el mes de abril.

Por otra parte, la Cámara de Cuentas no puede explicar cómo supo oficialmente de los continuos agujeros del fondo de reptiles, año tras año, y no hizo nada.

Mercedes Alaya instruye el caso de los ERE desde enero de 2011. Al poco tiempo, imputó al exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, uno de los principales personajes del caso, pero hasta el próximo día 7 no prestará su primera declaración ante la juez. Alaya ha esperado más de 1.000 días, cosa que ha sido denunciada por el consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera, y ha imputado a más de 140 personas en todo el sumario. Dado que el papel de Rivas ha sido muy relevante tanto en el caso Mercasevilla como en las ayudas hechas llegar a la Sierra Norte de Sevilla, su testimonio va a ser una de las claves del caso por su parte baja. Recuérdese que Rivas ya fue condenado en sentencia ratificada por el TSJA por el caso Mercasevilla.

Rivas fue considerado por Alaya como "el portillo de entrada de la concesión irregular de las subvenciones en la Junta, de este dispendio presuntamente generalizado y descontrolado que se ha producido desde la Administración autonómica", por lo que le imputaba no sólo por el ERE de Mercasevilla sino también por los de Calderinox, Surcolor y Aglomerados Morell. Por si fuera poco, Rivas era amigo íntimo del ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y del exconsejero, Antonio Fernández, ambos imputados, encarcelados y en libertad provisional con fianza.

A partir de este momento, la juez tendrá disposición para interrogar a todos los implicados de la Sierra Norte de Sevilla. Según ABC, cuando la juez efectúe las declaraciones a los delegados de la Junta, decidirá su envía o no el caso al Tribunal Supremo, en el caso de los aforados nacionales, y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el caso de los aforados regionales.

Además de la declaración de Antonio Rivas, esta semana desfilarán por el juzgado de Alaya dos hijos del empresario José María Ruiz Mateos, los hermanos Javier y Pablo, y otro miembro de la dirección hotelera de Nueva Rumasa u otro intruso en el ERE del hotel Cervantes de Torremolinos.

Para el día 25 de febrero, la juez ha decidido tenga lugar la declaración de los interventores generales del Estado, cuyo informe ha resultado demoledor para la Junta y sus altos cargos. la juez tratará de ratifiquen el infirme que emitieron en el que se aseguraba que los consejeros de Economía de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2009, entre ellos el expresidente José Antonio Griñán, no adoptaron las "medidas necesarias" para evitar las "irregularidades" en la concesión de subvenciones y que la utilización de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas a través del Instituto de Fomento de Andalucía -IFA- era "inadecuadas" e "improcedentes".

Los interventores del estado añadieron que la Junta de Andalucía pudo evitarlo y que amplió 22 veces la partida presupuestaria a dar estas ayudas, ampliación que, al parecer, pasó desapercibida para la Cámara de Cuentas a pesar de que tenía en su poder la documentación oficial al respecto.

El papelón de la Cámara de Cuentas

La Cámara de Cuentas conocía que la Consejería de Empleo transfería fondos al entonces Instituto de Fomento de Andalucía -IFA- para que materializara el pago de ayudas que previamente había concedido a empresas en crisis, el procedimiento que la juez Mercedes Alaya considera ilegal. También conocía, porque tenía constancia documental, que en la Cuenta General de la Junta las ayudas de los ERE habían creado un boquete financiero por superarse las previsiones presupuestarias mediante ampliaciones del crédito ajustado. Y así consta en las memorias de las cuentas anuales de las empresas públicas que el Interventor General enviaba cada año a la Cámara, que pueden consultarse en la página web de la Cámara y de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

La Cámara de Cuentas conocía desde 2002 que la Consejería de Empleo transfería fondos al IFA para pagar las ayudas a empresas que previamente había concedido. Este comportamiento de la Cámara ha servido de defensa a los imputados por la juez Alaya. Concretamente, el letrado Juan Carlos Alférez, defensor del ex director general de la Agencia IDEA Jacinto Cañete, ha venido argumentando en escritos presentados en el juzgado la tesis de que, si la Cámara de Cuentas informó año tras año la cuenta general de la comunidad autonóma de Andalucía sin poner reparo alguno, es por el hecho de que el programa presupuestario 31.L contaba con toda la cobertura legal. De hecho, irónicamente, dijo que la Cámara era capaz de detectar una irregularidad en un ticket de dos euros y no detectó irregularidades que afectaron a centenas de millones de euros a lo largo de años.

Sin embargo, el ex Interventor General de la Junta. Manuel Gómez Martínez, no opina de ese modo y consideró negligente, cuando menos, el comportamiento del órgano de control de las cuentas andaluzas. Destacadamente, Gómez Martínez envió en junio de 2013 una carta al presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, en la que le acusaba de alinearse, "y no sería la primera vez, con quienes llevan años queriendo desviar las responsabilidades de todo tipo en el fraude de los ERE hacia la Intervención y sus funcionarios".

Precisamente, Gómez Martínez recuerda a López los reiterados informes de que su departamento emitió alertando de que la gestión del programa 31L "comportaba un empleo inadecuado o ilegal de las transferencias de financiación y una supresión de los mecanismos ordinarios de control", así como otras alarmas recogidas en las propias cuentas de IFA/IDEA o la auditoría realizada por PwC.