El PSOE-A también se financió a través de los cursos adjudicados a UGT-A

Los cursos de formación para desempleados, mecanismo de financiación de sindicatos y empresarios por la Junta de Andalucía, fueron asimismo un mecanismo de financiación para el PSOE andaluz. Por una parte, el dinero de UGT sirvió para adecentar los locales compartidos y por otra, para endosar gastos corrientes a los fondos de la subvención.

Teniendo en cuenta que Libertad Digital ha comprobado que hay 28 sedes compartidas por PSOE y UGT en Andalucía, a pesar de que el PSOE no publica muchas de las direcciones de sus sedes, la cantidad ha debido ser muy importante. En estos centros, muchos ellos llamados Casas del Pueblo, el dinero percibido como subvenciones ha servido para su transformación en improvisados centros de formación para impartir los cursos formativos para parados, financiados con fondos públicos.

Según El Mundo, hay dos vías de financiación de las que se habría beneficiado indirectamente el partido que dirige Susana Díaz. Por un lado, están las subvenciones otorgadas por la Administración autonómica con cargo a la formación para el empleo, parte de las cuales también se destinan a la adecuación de aulas para impartir los cursillos, lo que permitía rehabilitar parcialmente algunas sedes del PSOE andaluz con cargo a dinero procedente de la Administración.

Por otra parte, los gastos corrientes de las sedes socialistas se endosan, a medias con UGT, a las subvenciones de formación. Los trabajadores despedidos por el sindicato ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), UGT denunciaron que la organización cargaba sistemáticamente a las ayudas públicas los costes derivados del funcionamiento de sus sedes -incluso de aquéllas en las que no se impartían cursos de formación-, pagando desde nóminas de personal de estructura hasta los gastos de limpieza, seguridad o mantenimiento de los aparatos de aire acondicionado con el dinero que debía haberse destinado en exclusiva a la formación de parados.

La comarca de Lucena (Córdoba)

Libertad Digital dio cuenta en octubre de 2013 de lo que ocurría en la comarca de Lucena en Córdoba como ejemplo donde puede comprobarse la fluidez de estas relaciones económicas PSOE-UGT. Lucena es una de las 28 poblaciones andaluzas comprobadas donde el PSOE comparte sede con UGT.

Hay un correo electrónico fechado el 14 de noviembre de 2011 que Francisco Mateos-Aparicio Colodrón, de la vicesecretaría de Administración y Recursos humanos de UGT Andalucía, concretamente del departamento de Contabilidad, remite a Francisco Morón, asesor socialista del Alcalde en el Ayuntamiento de Lucena desde 2007 y anteriormente comercial y agente de ventas de Merkamueble Europa,SA y de Muebles Peralta.

El correo se le remite con copia a Nieves Hernández Espinal, que fue consejera de Transportes Urbanos de Sevilla y otras empresas públicas hasta 2011 en su calidad de concejal delegada de Convivencia y Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla y Delegada del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca y, además, es administradora de la sociedad Lázaro y Espinal Consultores, SL. Curiosamente, Espinal se presentaba como experta en blanqueo de capitales. Sigue siendo concejal del PSOE en Sevilla.

En dicho correo, se le hace saber a sus destinatarios que los gastos que deben compartirse de la sede común de Lucena, situada en la calle San Pedro, 46, ascienden a 2.764,25 por conceptos que van desde el consumo de energía eléctrica a limpieza del local pasando por el consumo de agua. Este es el documento:

Esto es, el PSOE debía pagar a UGT, que corría con los gastos totales, la cantidad por el 50 por ciento de los gastos relativos al período de tiempo consignado.

Teniendo en cuenta que, según la investigación de Libertad Digital, sólo en Córdoba las sedes compartidas por UGT y PSOE son, al menos, las de Lucena, Montoro, Áñora, Bélmez, Fuente Obejuna, Nueva Carteya, Priego y Puente Genil, las relaciones económicas entre ambas organizaciones deben ser mucho más amplias.

Precisamente, en esta sede se impartieron cursos que fueron encargados a la sociedad Planificación, Cooperación y Desarrollo (PCD), una empresa tapadera detectada por la Guardia Civil al conseguidor de los ERE falsos, el ex ugetista Juan Lanzas, con la que facturó 7,9 millones de euros en cursos formativos de UGT-A, logrando márgenes de beneficios de hasta un 300%.

Uno de estos cursos, destinado a mantenimiento preventivo en oficios varios que hizo PCD a 22 trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta se impartió en la sede socialista de la localidad cordobesa de Lucena. La Administración andaluza ha reconocido expresamente que el precio del curso abonado incluía tanto el profesor y los medios materiales como "el local".

Según el PSOE, "la mayoría" de las casas del pueblo es propiedad exclusiva de la organización socialista y la dirección andaluza del partido que encabeza Susana Díaz asegura que ignora el dato de cuáles son compartidas porque las sedes municipales del PSOE-A tienen una "gestión autónoma" por parte de las agrupaciones locales, que son las que llegan a acuerdos "con otras entidades" como, por ejemplo, UGT.