El alcalde del PP de Inca declara símbolo local a la bandera catalana

Desde el pasado lunes, en los edificios públicos de Baleares sólo pueden ondear tres banderas: la balear, la española y la europea. Es el efecto inmediato de la "ley de símbolos" aprobada por el Gobierno de José Ramón Bauzá que impide exhibir emblemas "no oficiales". La lista también incluye pancartas, pintadas o eslóganes con carga ideológica.

La mayoría de centros ha optado por cumplir la ley, ya que incluye multas de hasta 10.000 euros, aunque todavía hay instalaciones que se resisten "Hasta el momento tenemos 30 centros educativos y tres ayuntamientos denunciados", asegura Jorge Campos, presidente del Círculo Balear, una organización que busca defender la libertad lingüística y que lucha contra las imposiciones nacionalistas.

Esta asociación ha lanzado una campaña para que se cumpla la ley. Para ello buscan que los ciudadanos les manden instantáneas de aquellos sitios que la infrinjan. "En las fotos que nos han enviado podemos ver banderas independentistas catalanas, carteles y pancartas a favor de los países catalanes, de la inmersión en catalán… incluso utilizan a los alumnos para hacerlas", añade.

Precisamente, la influencia del pancatalanismo en las escuelas públicas y en los ayuntamientos gobernados por los nacionalistas es lo que ha llevado al Gobierno de Bauzá a aprobar esta ley que ha contado con una feroz oposición de la izquierda. Incluso el sindicato UGT ha llegado a colgar una enorme bandera catalana en la fachada de su sede de Palma.

Un símbolo local

La ley también ha contado con cierta oposición en el PP. El Consejo Ejecutivo de la Federación de Entidades Locales de Baleares (FELIB) , que agrupa a los alcaldes, se reunió este viernes para asegurar que la "norma" es "ilegal". La decisión fue tomada por unanimidad, incluyendo a los regidores del PP. Lo que ha molestado ha sido que la norma permita exhibir símbolos de carácter local siempre y cuando el Gobierno de Bauzá los autorice previamente.

Se quiere impedir casos como el del alcalde popular de Inca, Rafael Torres, que hace unas semanas aprobó declarar la bandera catalana un símbolo municipal. La iniciativa surgió de una moción del partido nacionalista Més, a la que se sumaron el PSOE-PSIB y el PP, que gobierna con mayoría absoluta el municipio. Esto permitiría que, en las festividades locales, el Ayuntamiento pueda exhibir en edificios públicos la señera.

En declaraciones a Libertad Digital, el regidor de Inca se escuda en la falta de información. "Cuando aprobamos la moción, que era a finales de diciembre, no teníamos toda la información que tenemos hoy", asegura. "El problema que tenemos los alcaldes es que muchísimas legislaciones que se debaten en el Parlamento se nos trasladan a los plenarios y no tenemos toda la información, ni nos preocuparnos de tenerla, porque bastante tenemos con gobernar el municipio", matiza.

El alcalde asegura que no han aprobado la bandera catalana sino "la cuatribarrada", pese a que ambas son idénticas y la moción hablaba claramente de La señera. "Yo pensaba que votaba en contra de la bandera de Inca", remarca el regidor quien, pese a todo, se muestra partidario de cumplir la ley. "Es un error que tenemos que subsanar. Yo ahora tengo una información que no tenía hace un mes", concluye.

Un alcalde polémico

No es la primera vez que Rafael Torres se ve involucrado en una polémica similar. Durante el pasado mes de junio, durante la festividad local de Moros y Cristianos, el Consistorio colgó la bandera catalana del Ayuntamiento. Un ciudadano, José Luis Gómez Quintero, la retiró, algo que le valió un expediente por parte de la Corporación municipal. "Lo que hizo fue un desprecio público. No podemos permitir que cada uno haga lo que quiera. Lo que hizo fue quitarla, colgarla en el Facebook y , de alguna manera, reírse de la autoridad", se defiende el alcalde.

También fue polémico el beneplácito que dio a una cacerolada organizada por un APA contra una madre, Sonia Palma, que pedía que se enseñase a sus hijos en castellano. Sin embargo, éste no es el único ejemplo. "En el caso de Manacor, está gobernando un señor que era del PP, que apoyó el programa de Bauzá y que cambió de partido, se fue a la nueva marca de Unión Mallorquina y también ha declarado que la bandera catalana es símbolo de interés local", confirma Jorge Campos, quien espera que se cumpla la ley. "Es lo que la mayoría de ciudadanos quieren. Lo han demostrado en las urnas y nos lo demuestran con sus denuncias", concluye.