Mientras los trabajadores de Linares perdían un 20 por ciento de sus rentas como consecuencia del cierre de Santana Motor, los directivos de la misma, de acuerdo con la Junta de Andalucía, se distribuyeron un total de 2,3 millones de euros por haber permanecido en sus puestos en los momentos en que lo necesitó la Junta. Ahora, un informe del Ministerio de Hacienda que recoge El Ideal de Jaén cuestiona la legalidad de aquellas indemnizaciones y siembra de nuevo el clima de escándalo en el caso de los ERE. En su conjunto, las ayudas de la Junta a Santana Motor para "asegurar la paz social" ascendieron a 100 millones de euros y Gaspar Zarrías, mandamás del PSOE de Jaén y consejero de los gobiernos de Manuel Chaves influía decisivamente en la provincia.
El informe alude a la inexistencia de procedimiento legal y de formas legales en los acuerdos, de la ausencia de la preceptiva aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta y discrecionalidad en la elección de los partícipes en todo el proceso. Añade el informe que las subvenciones no se publicaron jamás, Ni siquiera constan los papeles de petición formal de las ayudas. Ni siquiera se llega a saber si hay intrusos o no porque no se acompaña la vida laboral de los beneficiados.
Los alrededor de cien millones de euros para la única empresa, Santana, se distribuyeron de un modo que cuestiona Hacienda. 78 millones para indemnizar a los 597 trabajadores afectados por el ERE de Santana. Un millón para indeminzación por invalideces. 6 millones para bajas incentivadas, 10 millones para las indeminzaciones de trabajadores que iban a empresas privadas, 4 millones para publicidad, 2,3 millones para gratificación a los directivos y el resto para la Asociación Promoción Social 28 de febrero. Entre los beneficiarios finales de este torbellino de dinero público aparecieron la mediadora Uniter, de José González Mata y el Estudio Jurídico Villlasís, ambos imputados en el caso de los ERE
Parte del documento de Hacienda, en poder de la juez Alaya, y que no tiene desperdicio es el que sigue:
El caso ya se conocía puesto que ABC y La Razón lo aportaron en 2013. La mayor indemnización fue la pagada al entones consejero delegado de Santana, Ricardo Ibarreche de más de 772.000 euros. Luego se indemnizó con 412. 000 euros al director comercial, Joaquín Lasheras y con otra cantidad idéntica al director general Antonio Navarro Yagüe. Al director de exportación Keith McGregor le correspondieron 255.520 euros. Otros dos directivos: Nicolás Berenguer y Esperanza Martínez lograron 206.000 y 386.000 euros respectivamente de indemnización. La póliza fue contratada por Santana Motor y la primera ascendente a 2.230.014 fue abonada con cargo al programa 31L(el fondo de reptiles) por el Instituto de Fomento de Andalucía, este lunes IDEA, por orden expresa del entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en el caso y que salió de la cárcel el pasado octubre.
Cada directivo firmó una garantía indemnizatoria mínima y una compensación específica por un pacto de permanencia hasta el 30 de junio de 2004. En el caso de incumplirlo, la cantidad final se vería reducida en función de los meses que restaban para alcanzar la fecha acordada.
El relevo de los principales ejecutivos se produjo con posterioridad a la fecha acordada. Por ejemplo, el consejero delegado causó baja el 30 de septiembre de 2004 y fue sustituido por José Manuel Muriel. En esas fechas, el por entonces consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, alegó que los cambios obedecían a una "reestructuración del equipo directivo". El Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), el dueño de la compañía, ya había pasado a esta Consejería después de depender de la de Empleo.
Santana Motor nunca remontó el vuelo. En 2001, antes de la firma de estos contratos para los responsables de la compañía, ya se produjeron las primeras jubilaciones. En 2004, las pérdidas se cifraron en torno a los 30 millones. En febrero de este año, la Junta anunció la liquidación de la compañía.
Resulta llamativa la ayuda excepcional concedida a la Asociación Promoción Social 28 de febrero, de 2.500 euros durante 5 años. En esa asociación, formada actualmente por una directiva compuesta por Francisco Checa Crespo, Presidente; Julio Gallego Ibáñez, Vicepresidente; Juan Quesada Quesada, Secretario; Salvador Cañones Gámez, Tesorero; Jesús Fernández Alonso, Coordinador del voluntariado y asesor; Luís Ortega Olivares ,Vocal PLF- 2011; José Manuel González Repetto, Vocal, PLF- 2011; Marcos Jódar Padilla, Vocal de Cultura; Cesar Alba Córdoba, Vocal sede social; y Francisco Serrano Jódar, Vocal PAS-2001.