Continúa la "batalla" legal entre juez y fiscal por la imputación de la infanta Cristina, citada a declarar el próximo 8 de febrero por un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales.
El fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, ha solicitado este miércoles al juez José Castro que tome declaración a los tres peritos de la Agencia Tributaria que han investigado a la infanta Cristina antes de que ella declare en su juzgado.
En un duro escrito presentado esta miércoles por el propio Horrach ante el Juzgado de Instrucción 3 de Palma, el fiscal solicita que testifiquen en la causa los inspectores de Hacienda que han analizado la actividad económica de la infanta a través de la empresa Aizoon, de la que es copropietaria al 50 por ciento con su esposo Iñaki Urdangarín, con el fin de que ratifiquen sus investigaciones.
En el auto de imputación de la infanta, el instructor del caso Nóos cuestionaba la labor desempeñada por los mismos sobre la investigación fiscal a la infanta. Para Horrach estos funcionarios "han sido objeto de imputaciones e insinuaciones relativas al encubrimiento de intereses espurios ajenos al cumplimiento de su labor profesional".
El acusador público considera necesario que se aclaren las dudas sembradas por Castro en su auto de imputación sobre la veracidad de estas investigaciones de la Agencia Tributaria, que concluyó que doña Cristina no ha cometido delitos fiscales. Dice el fiscal que "deviene imprescindible" que hablen ante el juez, en alusión al informe de Hacienda en el que la infanta quedaba exculpada de delito fiscal en Aizoon al dar por buenas tres facturas que Hacienda en un principio había puesto en duda.
"Resulta más que justificada la necesidad de que comparezcan los Inspectores de la Agencia Tributaria, para evitar que se siga manteniendo la tesis inculpatoria contra Doña Cristina de Borbón basada en la absurda y denigrante teoría de una supuesta manipulación tendenciosa", subraya el representante de Anticorrupción en su escrito.
"Dudas" que no sirven para imputar
En su escrito de trece folios -que se asemeja a un recurso de reforma encubierto más que a una solicitud de diligencias,- Horrach afirma que el juez Castro utilizó dicho informe para urdir "la tesis inculpatoria" contra la infanta y lamenta que los inspectores hayan sido objeto de imputaciones e insinuaciones.
Por otro lado, Anticorrupción sigue defendiendo a capa y espada que la infanta no cometió ningún delito fiscal, de ahí su interés en que Castro escuche la versión de los peritos antes de que la Duquesa de Palma sea interrogada. "Nadie discute el hecho de que Cristina de Borbón realizase con cargo a la sociedad Aizoon gastos estrictamente personales" pero "no tiene ningún sentido -añade el fiscal- teorizar sobre gastos personales cargados a la sociedad cuando es conocida su nula relevancia penal".
En otro punto de su informe, el fiscal Horrach subraya que las dudas que muestra el magistrado en su auto de 227 folios "no sirven como base de imputación". "De otro modo, se corre el grave riesgo de que la toma de declaración de Doña Cristina de Borbón verse sobre reproches éticos y no sobre hechos presuntamente delictivos", dice.
Según la Fiscalía las "dudas" que manifiesta el instructor sobre el proceder de la infanta Cristina en la sociedad Aizoon no sirven como base de una imputación "porque la duda en un procedimiento penal equivale a la mera conjetura, sospecha o especulación".
"Si el propio juez instructor pone de manifiesto "dudas", a lo largo del extenso y detallado auto, acerca de la apariencia delictiva de las conductas de naturaleza tributaria atribuidas a Doña Cristina de Borbón (...) convendrá que es imperativo citar a quienes pueden y deben despejar sus dudas, que no son otros que los Inspectores de la Agencia Tributaria, en cuanto realizan funciones de auxilio judicial", defiende el representante del Ministerio Público.
El fiscal afirma que con todo ello Castro ha construido en una "teoría conspiratoria" en la que se apoya para "justificar la existencia de indicios delictivos" que avalan la imputación de la infanta.
Por último, Anticorrupción solicita declare también la inspectora jefe del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional que ha investigado los últimos meses las cuentas de la infanta así como la de representantes de empresas que contrataron a Aizoon para asesorías ficticias.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Palma decidirá este jueves si acepta o rechaza la práctica de diligencias solicitadas por la Fiscalía.