El grave fallo cometido por el Ministerio del Interior, poniendo en jaque la operación de la Guardia Civil contra la estructura de ETA destinada a mantener a sus presos dentro de la ortodoxia oficial y a trasmitirles las directrices de la dirección, no ha sentado nada bien en la Guardia Civil, tal y como han dejado patente en las últimas horas las asociaciones profesionales del Cuerpo, que no han duda en exigir que se "depurar responsabilidades" en el departamento de Jorge Fernández Díaz.
El portavoz de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), Jesús Martín Vázquez, ha comparado este supuesto error con el chivatazo a ETA que fue el Caso Faisán en época "del pésimo ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba" y ha asegurado que "difundir información secreta o reservada sobre un operativo antes de que la Guardia Civil confirme la operación no puede ser jamás un error".
En una entrevista en esNoticia de esRadio, ha pedido dimisiones dentro del ministerio del Interior asegurando que "se ha comprometido una investigación, la seguridad de los guardias civiles y la lucha contra unos asesinos con la posibilidad real de destruir pruebas por parte de los investigados".
"Jorge Fernández Díaz está tardando en cesar al responsable y dar una explicación a los ciudadanos de lo que ha ocurrido si no lo hace está cesado de facto y debería dimitir por lo ocurrido" ha indicado el portavoz de UO, que cree que "debe haber una responsabilidad política y se merece una investigación judicial".
La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), otra de las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de la Guardia Civil, ha destacado el "desánimo e indignación" que el grave fallo del Ministerio del Interior ha provocado en los agentes del Instituto Armado y, muy especialmente, en los que participaron en el dispositivo del miércoles.
"Despiste o no, la grave afectación a la operación de la anticipada nota de prensa del Ministerio del Interior es evidente. Y no es aceptable bajo ningún concepto que se produzcan hechos de esta magnitud, y menos aún que no se haya dado una pública explicación, y que en su caso, se depuren las responsabilidades a que haya lugar", dicen desde la asociación. "¿Quién y por qué informó anticipadamente de la operación?", se preguntan.
Por ello, han exigido "una urgente y pública explicación de lo ocurrido". "Pedimos que se depuren las correspondientes responsabilidades, e instamos a que se priorice el éxito de las operaciones sobre el exceso de celo informativo. Si bien la ciudadanía debe ser informada de todos los operativos que se llevan a cabo, las informaciones no pueden en ningún caso interferir en el desarrollo de los operativos judiciales y policiales", afirman desde la asociación.
En parecida línea se han expresado desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la que más representantes tiene actualmente en el Consejo de Personal de la Guardia Civil. Su portavoz, Juan Antonio Delgado, ha reclamado en declaraciones a Efe que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que "dé la cara" de manera "urgente" para explicar por qué se informó antes de tiempo del resultado de la operación.
"Pedimos que de forma urgente el ministro salga, dé la cara y explique qué ha pasado. Debe aclarar quién ha mandado ese comunicado, quién se lo ordenó y por qué esa prisa en que saliera tan rápido", ha dicho el representante de AUGC, tras lo que ha añadido que la filtración de la noticia ha caído en la Guardia Civil como "un jarro de agua fría", sobre todo al tratarse de un operativo que llevaba muchos meses preparándose
Por su parte, el portavoz de la Unión de la Guardia Civil (UnionGC), Santiago López , ha afirmado que el "error monumental" del Ministerio del Interior ha hecho que no se hayan perdido "pruebas fundamentales como pendrives, discos duros y documentación en papel". "Los agentes están con los ánimos caídos porque se ha tirado el trabajo de muchos meses, se llevaban lo cajones medio vacíos", ha dicho.
Por ello, ha solicitado que el juez de la Audiencia Nacional que llevaba la operación, Eloy Velasco, que abra una investigación "para saber quién filtró ese comunicado", aunque cree que "va a ser difícil que Interior pague por algo que no podemos probar ahora que existía", en referencia a las pruebas de las que los detenidos se han desecho tras tener conocimiento de la operación de los agentes del Instituto Armado.