En los dos meses que quedan para el 8 de marzo, fecha fijada por el juez José Castro para que declare como imputada la infanta Cristina, es prácticamente seguro que la Fiscalía Anticorrupción recurra ante la Audiencia de Palma contra la citación, máxime después de adelantarse a la decisión del juez el pasado día 14 se entregándole un escrito en el que argumentaba su rechazo a la imputación.
De no recurrir el ministerio público podría hacerlo la propia representación legal de la duquesa de Palma u otra de las partes personadas en la causa.
El tribunal provincial ya dejó sin efecto la imputación de Castro en mayo de este año en un auto en el que sugirió al juez instructor que ahondase en la vía de investigación en la que ha trabajado desde entonces: la posible comisión de delitos fiscales y de blanqueo por parte de Cristina de Borbón como copropietaria de una sociedad familiar a la que se trasfirieron fondos del Instituto Nóos de presunta procedencia ilícita.
Si no se plantearan recursos o si la Audiencia los desestimase la citación sería firme, pero, tal y como recuerda Efe, eso no quiere decir que la llegada de la infanta Cristina al juzgado sea igual que la de Iñaki Urdangarín.
Cuando Urdangarín fue llamado a declarar por primera vez por el juez Castro en febrero del año pasado se dejó abierta hasta el ultimo momento la posibilidad de que accediera en coche hasta la puerta de la sede judicial, una alternativa defendida por los responsables del dispositivo de seguridad.
Finalmente se desechó esa opción, criticada desde ámbitos judiciales y periodísticos, y el yerno del Rey, que en la víspera había viajado con su esposa hasta Mallorca y se había alojado en el Palacio de Marivent, bajó la rampa acompañado de su abogado e hizo una declaración a los medios de comunicación defendiendo su inocencia.