El juez José Castro tiene previsto comunicar a partir de esta semana -incluso este mismo martes, según El Mundo- su decisión sobre si imputa o no a la infanta Cristina en el caso Nóos por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, una decisión que de producirse vendría avalada únicamente por la acusación popular, ejercida por Manos Limpias. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se oponen a este extremo al considerar que los indicios que pesan sobre la hija del Rey son meras conjeturas y sospechas sin fundamento penal.
El diario de Unidad Editorial da por segura la imputación de la infanta Cristina por estos dos delitos. El de blanqueo de capitales está castigado con hasta seis años de cárcel y una multa que puede alcanzar el triple del valor de los bienes blanqueados. El delito fiscal -cinco años de cárcel- también ha sido objeto de investigación judicial en los últimos meses, con la Agencia Tributaria jugando el rol de defensora de la hija del Rey dando por buenas facturas falsas para evitar que la cuota defraudada por Aizoon superase los 120.000 euros a partir de los cuales el fraude se convierte automáticamente en delito fiscal.
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca solicitó a todas las partes en la causa que se pronunciaran sobre la posible citación de la Infanta en calidad de imputada y recibió los informes correspondientes antes de tomar un descanso navideño, que ha tomado entre el pasado 18 de diciembre y hasta fin de año. No obstante, fuentes cercanas a su entorno hicieron saber que su decisión sobre este asunto no se daría a conocer hasta después de Reyes.
El pasado mes de mayo la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma dejó sin efecto una primera decisión de Castro de imputar a Cristina de Borbón, por lo que nunca llegó a recorrer la popular cuesta de entrada a los juzgados de Palma como sí han hecho su esposo, Iñaki Urdangarín, y el resto de imputados en el caso Nóos.
Posiciones de las partes
Únicamente la acusación popular, ejercida por Manos Limpias, solicita la imputación de la infanta. En su informe, el sindicato de funcionarios asevera que la duquesa de Palma sabía "perfectamente" de las posibles ilegalidades que se cometieron a través del Instituto Nóos con los fondos que éste percibió de las Administraciones valenciana y balear, pese a lo cual, en lugar de "tomar precauciones, siguió disfrutando" del dinero que, desde Nóos, acabó canalizándose a las cuentas de Aizoon, la sociedad que comparte con Iñaki Urdangarín.
La citación de Cristina de Borbón no es defendida por el exsocio de Urdangarín, Diego Torres, que presentó un extenso escrito ante el juez José Castro en el que recalca que no pretende "ni por asomo" la imputación de la infanta Cristina, si bien aboga por que ésta pueda dar su versión de los hechos como ha sucedido con otros encausados y pueda respetarse, de este modo, "el principio de igualdad que proclama la Constitución Española en su artículo 14".
Esta parte también señala en su escrito cómo alguno de los documentos aportados a la causa "ponía de manifiesto que el suegro de Urdangarín estaba al caso e intervenía", si bien considera "una lástima que sea inviable preguntar" al Rey "sobre el particular", debido a que "la vigente Carta Magna establece una excepción al principio de igualdad" que alcanza al Monarca por cuanto, según el artículo 56, "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad".